Eric Holder, que fue fiscal general con el presidente Barack Obama, ha emitido un mordaz reproche a una decisión judicial histórica que impide al gobierno de Biden presionar a las empresas de redes sociales para que censuren la libertad de expresión.
«Esto es bastante tonto. Y potencialmente peligroso», dijo el Sr. Holder en un tuit, comentando una orden judicial emitida el martes por un juez de Luisiana que bloquea a varias agencias federales la adopción de una serie de medidas con respecto a las empresas de redes sociales para reprimir la libertad de expresión de los estadounidenses.
El juez Terry A. Doughty, del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Luisiana, escribió en una sentencia del 4 de julio (pdf) que las agencias gubernamentales, entre ellas la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructuras, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), tienen prohibido ponerse en contacto o trabajar con las grandes empresas tecnológicas para eliminar posteos o bloquear cuentas de usuarios.
La decisión del Sr. Doughty fue aclamada por los defensores de la libertad de expresión y por los demandantes, el fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, y el fiscal general de Misuri, Andrew Bailey, que demandaron al gobierno de Biden el año pasado.
Podría decirse que éste es uno de los casos de la Primera Enmienda más importantes de la historia moderna», declaró Landry a «American Thought Leaders» de The Epoch Times en una entrevista posterior a la sentencia.
«Si te fijas en la opinión que expone el juez, extrae de nuestro argumento que se trata básicamente de una de las empresas más masivas del gobierno federal para limitar la expresión de los estadounidenses en la historia de nuestro país. Las cosas que hemos descubierto, en este caso, deberían ser a la vez chocantes, espantosas y preocupantes para todos los estadounidenses», dijo el Sr. Landry.
El gobierno de Biden presentó un recurso el miércoles, pidiendo al tribunal que anulara la sentencia. The Epoch Times ha sabido que los funcionarios del Departamento de Justicia prevén una rápida decisión del tribunal de apelación para bloquear las diversas prohibiciones.
El Sr. Landry dijo en una declaración que esperaba el recurso y prometió «defenderlo agresivamente», añadiendo que cree que el caso acabará llegando a la Corte Suprema de Estados Unidos.
«Todavía no hemos terminado», escribió Bailey en un mensaje en las redes sociales. «No hemos hecho más que empezar».
El caso se remonta a una demanda interpuesta por Luisiana y Misuri contra el presidente Joe Biden y varias agencias gubernamentales en mayo de 2022, acusándolos de presionar a las empresas de redes sociales para que censuraran publicaciones y eliminaran cuentas en lo que, según su demanda (pdf), fue uno de los «mayores ataques» a la libertad de expresión por parte de funcionarios federales en la historia de Estados Unidos.
«Escandaloso, espantoso y preocupante»
El Sr. Doughty, nombrado por Trump, escribió en la decisión del miércoles que los fiscales generales republicanos que demandaron al gobierno de Biden «han aportado pruebas de un esfuerzo masivo por parte de los demandados, desde la Casa Blanca hasta las agencias federales, para suprimir el discurso en función de su contenido».
El juez declaró que las agencias citadas en la demanda, junto con los miembros de su personal, tienen prohibido reunirse o ponerse en contacto por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto o «entablar cualquier tipo de comunicación con empresas de redes sociales instando, animando, presionando o induciendo de cualquier manera a la eliminación, supresión o reducción de contenidos que contengan libertad de expresión protegida».
También se prohíbe a las agencias que el gobierno marque el contenido de las publicaciones en plataformas de redes sociales y las remita a las empresas con solicitudes de acción, como la eliminación o supresión de su alcance.
Se prohíbe alentar o incitar de cualquier otro modo a las empresas de redes sociales a que modifiquen sus directrices para la eliminación, supresión o reducción de contenidos que contengan libertad de expresión protegida.
Aunque la sentencia del juez no es definitiva, el mandato judicial preliminar fue visto como una victoria por los fiscales generales republicanos, que han acusado al gobierno de Biden de presionar a las grandes empresas tecnológicas para que participen en un plan de censura por poderes.
«Creo que esta orden judicial de hoy empieza sin duda a restringir la acción del gobierno y a decir a las empresas de redes sociales lo que pueden y no pueden permitir en sus plataformas», declaró el Sr. Landry.
«Todos fueron suprimidos»
El Sr. Doughty escribió en un memorando que acompañaba a la orden judicial que es probable que los demandantes tengan éxito en cuanto al fondo del caso en su intento de demostrar que el gobierno de Biden utilizó su poder para silenciar a la oposición.
«Oposición a las vacunas contra COVID-19; oposición al uso de mascarillas y los cierres por el COVID-19; oposición a la teoría de la fuga de COVID-19 del laboratorio; oposición a la validez de las elecciones de 2020; oposición a las políticas del presidente Biden; declaraciones de que la historia de la laptop de Hunter Biden era cierta; y oposición a las políticas de los funcionarios del gobierno en el poder. Todas fueron suprimidas», escribió el Sr. Doughty en la nota.
Sin embargo, el Sr. Doughty hizo algunas excepciones en su orden, permitiendo a los funcionarios del gobierno ponerse en contacto con empresas de redes sociales para alertarles de actividades delictivas o amenazas a la seguridad nacional.
También se permiten los contactos para notificar a las empresas de redes sociales los posteos que pretendan inducir a error a los votantes sobre los requisitos o procedimientos de votación, así como la comunicación con las empresas sobre la supresión de publicaciones que no estén protegidas por la libertad de expresión.
La prohibición de ponerse en contacto o colaborar de cualquier otro modo con empresas de redes sociales en relación con contenidos que contengan libertad de expresión protegida se aplica a varios organismos mencionados, así como a sus agentes, funcionarios, empleados y contratistas.
El DOJ dijo a The Epoch Times en una declaración enviada por correo electrónico que no haría comentarios sobre litigios pendientes.
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