Análisis de noticias
Las recientes controversias suscitadas por los presuntos esfuerzos de las principales plataformas tecnológicas por prohibir o expulsar de la plataforma contenidos por motivos políticos —lo que, según algunos, estaba detrás del bloqueo temporal la semana pasada por parte de Twitter de todos los enlaces a artículos publicados en The Epoch Times— han suscitado un nuevo debate sobre los derechos legales de los usuarios de estas plataformas y lo que garantiza, o no, la Primera Enmienda.
En opinión de algunos expertos jurídicos, aunque el espíritu de la Primera Enmienda favorece inequívocamente la libertad de expresión, su lenguaje explícito deja a quienes han sido vetados o bloqueados con pocos recursos legales, lo que exige nuevos enfoques, incluyendo potencialmente un caso antimonopolio contra las empresas tecnológicas cuyo dominio está tan arraigado que dan forma al discurso público en una sociedad supuestamente libre.
El incierto destino del SB 7072
Algunas personas han esperado ansiosamente el resultado de un caso en curso, NetChoice contra Moody, en el que las empresas tecnológicas y de redes sociales representadas por la asociación comercial NetChoice han impugnado una ley de Florida, la SB 7072, que pretendía prohibir a las plataformas censurar el contenido de cualquier candidato que se presentara a un cargo estatal o nacional. Aunque el litigio se refiere específicamente a los derechos de los usuarios de Florida de las plataformas de medios sociales, ha ganado atención y apoyo a nivel nacional en otros estados, y es seguido de cerca por las empresas tecnológicas de todo el país.
Presentado en parte como respuesta a la decisión de Facebook y Twitter en enero de 2021 de expulsar al expresidente Donald Trump de sus plataformas, el proyecto de ley SB 7072 pretende alejar de las manos de las grandes empresas tecnológicas la decisión de «expulsar de la plataforma» a un candidato y ponerla en manos de los usuarios finales, los ciudadanos de Florida, que son libres de eliminar o bloquear cualquier contenido que deseen.
La oficina del gobernador promovió la ley no solo como una medida que beneficia a los candidatos, sino como una medida populista, declarando en un comunicado: «Todos los floridanos tratados injustamente por las grandes plataformas tecnológicas tendrán derecho a demandar a las empresas que violen esta ley, y a ganar una indemnización por daños y perjuicios. Esta reforma salvaguarda los derechos de todos los floridanos al exigir a las empresas de redes sociales que sean transparentes en cuanto a sus prácticas de moderación de contenidos y que notifiquen debidamente a los usuarios los cambios en esas políticas, lo que impide que los burócratas de las grandes empresas tecnológicas ‘cambiar las reglas’ para silenciar los puntos de vista que no les gustan».
La ley establece que la Comisión Electoral de Florida puede imponer multas de 250,000 dólares al día por la eliminación de plataformas de candidatos a cargos públicos en Florida, y de 25,000 dólares al día por la censura de candidatos a cargos públicos fuera del estado.
Una batalla judicial en curso
Tal como están las cosas ahora, el SB 7072, y los desafíos legales que puede inspirar en otros estados, pueden ofrecer la defensa más explícita de los candidatos y los posteos que busca evitar que sean expulsados de las plataformas, pero sigue habiendo dudas en cuanto a su legalidad.
Un tribunal federal de apelación y un tribunal federal de primera instancia han prohibido la ley por violar la Primera Enmienda. Cuando Florida presentó un recurso ante el Tribunal de Apelación del 11º Circuito, la asociación comercial NetChoice, que representa a un amplio abanico de empresas y plataformas tecnológicas de primer orden, como Google, Twitter, Amazon, Yahoo, Etsy y eBay, entró en escena con argumentos orales a favor de la libertad absoluta de las empresas tecnológicas para prohibir o bloquear contenidos a su antojo.
Chris Sprowls, presidente de la Cámara de Representantes de Florida, argumentó que las plataformas de las empresas tecnológicas «se han transformado en la plaza del pueblo» y que es imposible preservar la libertad de expresión mientras unos pocos «oligarcas tecnológicos» ejerzan un control arbitrario sobre lo que la gente puede decir y compartir en internet.
Pero desde el punto de vista de la Primera Enmienda, las empresas tecnológicas pueden tener razón, al menos en lo que se refiere a su propio derecho a censurar, dijo Clay Calvert, director del Proyecto Marion B. Brechner sobre la Primera Enmienda de la Universidad de Florida, a The Epoch Times.
«La Primera Enmienda solo protege contra la censura por parte de las entidades gubernamentales y los funcionarios del gobierno, no contra la censura por parte de individuos y empresas privadas. Esto siempre ha sido así, independientemente del medio de expresión. Por ejemplo: Si en su día una tienda de discos no quería vender un disco que habías producido, eso no violaba tu derecho a la libertad de expresión según la Primera Enmienda porque la tienda de discos no era el gobierno. Era un negocio privado», dijo Calvert.
«Hoy en día, cuando una plataforma de redes sociales como Twitter o Facebook expulsa a una persona de su sitio o elimina un posteo por violar las condiciones de uso de la plataforma o las normas de la comunidad sobre el contenido aceptable, eso no viola el derecho de la Primera Enmienda a la libertad de expresión de la persona porque Twitter y Facebook son empresas privadas. No existe el derecho de la Primera Enmienda a tener una cuenta de Twitter o Facebook», añadió.
En una declaración oficial sobre los argumentos orales de NetChoice contra Florida, el abogado Chris Marchese calificó el SB 7072 de «podrido de arriba a abajo» y dijo que la ley «viola la Constitución muchas veces».
Formas de reparación
La esencia de la defensa de las empresas es que la ley de Florida se interpone en el control editorial de las empresas sobre los contenidos que aportan al mundo, argumentó Calvert, y añadió que es muy posible que el caso acabe ante la Corte Suprema.
Mientras tanto, los usuarios que se convierten en víctimas de ser expulsados de la plataformas o bloqueados no disponen actualmente de muchos medios de reparación legal, observó Calvert. Una de las vías que podrían tomar es argumentar que una plataforma celebró un contrato legal con el usuario cuando estableció ciertas condiciones de servicio en el momento en que el usuario se unió, y que la eliminación de un posteo o la expulsión del usuario de la plataforma viola esas condiciones de servicio, dijo. Esto puede ser especialmente cierto cuando las condiciones de servicio no prohíben explícitamente el contenido en cuestión o son vagas en cuanto a qué contenido puede ser procesable según sus directrices. Aun así, es posible que el resultado no satisfaga al usuario.
«Es probable que no se pueda recuperar mucho dinero, a menos que se pueda demostrar una pérdida monetaria real causada por la eliminación de un posteo o por el bloqueo», dijo Calvert.
La opción antimonopolio
Teniendo en cuenta el dominio que ejercen unas pocas empresas sobre la expresión en internet y el destino incierto de la impugnación de Florida al bloqueo en las plataformas, una opción más realista puede ser presentar un caso antimonopolio que podría dar lugar a un paisaje de redes sociales menos centralizado y más diverso ideológicamente. Según los expertos, esto ni siquiera tendría que ocurrir necesariamente en el futuro bajo una administración republicana.
«La Administración Biden está ciertamente dispuesta a utilizar la ley antimonopolio en el espacio de los medios de comunicación. El caso actual del gobierno en la industria de la publicación de libros, que apunta a la fusión de Penguin Random House con Simon & Schuster, es un buen ejemplo», dijo Calvert.
Pero es importante no subestimar los recursos legales a disposición de las empresas tecnológicas o los extremos a los que llegarán para asegurar su continua supervisión de lo que se dice en el mundo, advirtió.
«Es posible que veamos algunas medidas de confianza contra las empresas de redes sociales, pero sus esfuerzos de presión para hacer frente al gobierno serán inmensos. Sería una batalla larga y costosa por parte del gobierno», añadió Calvert.
Mantener la perspectiva
A pesar de todos los problemas que afectan al discurso político en el ámbito de las redes sociales en Estados Unidos, la gravedad de la censura aún no está a la altura de lo que existe en otras partes del mundo, concretamente en China, dijo Jennifer Pan, profesora de comunicaciones de la Universidad de Stanford.
«Podemos tomar el mismo ejemplo de que uno escribe este artículo. En Estados Unidos, puedes escribir el artículo y el público lo verá. En China, no podrías llamar la atención sobre la censura, o sobre cualquier tema que el gobierno quiera censurar, por mucho que lo intentaras. Te vigilarían, arrestarían, intimidarían, prohibirían y multarían tu medio de comunicación, arrestarían a tus editores y borrarían toda tu presencia en Internet», dijo Pan.
Pan rechaza los argumentos de que la democratización y la liberalización han mejorado el clima de libertad de expresión en los últimos años.
«En la actualidad, en China ya no hay independencia de la prensa. Durante la década de 2000, había cierto grado de independencia, pero eso ha desaparecido en los últimos 10 años», dijo Pan.
Aunque es posible que Estados Unidos aún no haya descendido al nivel de la censura y la represión totales, Pan señaló un experimento reciente realizado por los investigadores Yuyu Chen y David Y. Yang durante 18 meses, y resumido en un artículo de enero de 2018, como ilustración de los peligros a los que se enfrentan las personas que viven y trabajan en un entorno en el que el acceso a la información sobre el mundo está restringido con un pretexto u otro. En el experimento, estudiantes universitarios de China recibieron acceso a una tecnología para eludir la censura que les permitiría acceder a cualquier contenido online que desearan, en cualquier parte del mundo. Pero el resultado fue decepcionante, dijo Pan, y sugirió que la falta de acceso libre a los contenidos online había fomentado la suposición de que lo que los usuarios podían ver y leer era una representación justa de lo que necesitaban ver y leer.
«Pocos estudiantes utilizaron la tecnología, probablemente porque no pensaron que encontrarían información adicional en un entorno sin censura. Esto demuestra el éxito de la censura gubernamental: cuando las personas que viven en un entorno informativo censurado creen que tienen acceso a toda la información, cuando ya no saben qué es lo que no saben», dijo Pan.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con NetChoice para que haga sus comentarios.
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