El régimen chino está llevando a cabo una «extensa y sofisticada» campaña de difusión a largo plazo en los medios de comunicación para ampliar su narrativa propagandística a nivel mundial, según una encuesta realizada por la organización de periodistas más grande del mundo.
En la encuesta, publicada el 23 de junio y realizada en 58 países y territorios con miembros de la Federación Internacional de Periodistas (IFJ) con sede en Bruselas, dos tercios de los encuestados dijeron que China estaba creando una «presencia visible» en sus medios de comunicación nacionales.
También hay «claros indicios» de que Beijing tiene como objetivo a los periodistas de los países en desarrollo, como los de Latinoamérica, con gobiernos ineficaces o represivos, de acuerdo con la organización.
Entre los objetivos clave de Beijing está el presionar para obtener una cobertura favorable sobre su gran iniciativa de infraestructura, la Iniciativa de la Franja y la Ruta, descubrió la IFJ. El régimen ha ofrecido programas especiales de capacitación, como diez meses de formación periodística en prestigiosas universidades chinas.
La organización llamó a la estrategia «pedir prestado un barco para llegar al océano»: Beijing está subcontratando propaganda a plataformas de medios no chinos para extender el alcance de sus temas de discusión, mientras disfraza las raíces de tal contenido.
La mitad de los encuestados han ido a China en viajes patrocinados y diseñados para mostrar aspectos positivos del país; el 36 por ciento de los sindicatos de periodismo encuestados dijeron que se les había pedido que firmaran acuerdos de cooperación con una entidad china, mientras que más de un tercio de ellos informaron de asociaciones de intercambio de contenidos con sindicatos de periodismo y otros medios de comunicación chinos.
Beijing también está buscando el control directo sobre su infraestructura de mensajería, dijo la IFJ, mediante la adquisición de medios de comunicación extranjeros y la creación de empresas conjuntas con medios de comunicación a gran escala en el extranjero.
Los viajes de campo pueden durar entre dos semanas a diez meses, los cuales a menudo están «abrumadoramente» dirigidos hacia las naciones en desarrollo, de acuerdo con la encuesta.
Por ejemplo, para rechazar las acusaciones de violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades chinas en Xinjiang, algunas embajadas chinas han organizado viajes de medios de comunicación para los periodistas en países mayormente islámicos, alentándolos a pregonar el éxito económico y las atracciones turísticas de Xinjiang. Los musulmanes uigures y otras minorías musulmanas de Xinjiang han sido fuertemente perseguidos por el régimen chino, y se estima que entre uno y dos millones de personas son enviadas a campos de concentración donde se les obliga a abandonar su fe. Los empresarios con intereses comerciales en China también han actuado como representantes para ayudar a incentivar esos viajes.
En Australia, docenas de periodistas de medios influyentes han viajado a China con dinero del gobierno chino desde 2016, según la IFJ. En una mesa redonda en Birmania, cada uno de los nueve periodistas que se encontraba allí, recibió y tomó por lo menos dos ofertas de viajes patrocinados, y uno de ellos visitó China nueve veces.
Acuerdos dudosos
Los sindicatos de periodistas de al menos ocho países de Asia Pacífico, África y Europa han firmado Memorándum de Entendimiento (MOU) con entidades chinas, según la encuesta de la IFJ.
La IFJ dijo que el convenio suele incluir acuerdos de confidencialidad y, por lo tanto, carece de transparencia. Los términos de algunos acuerdos han exigido que los sindicatos participen en eventos organizados por el gobierno chino.
En Filipinas, los miembros del Grupo de Comunicaciones Presidenciales, una oficina gubernamental que supervisa las entidades de medios de comunicación controladas por el estado del país, han estado en China durante meses para recibir capacitación y becas. La oficina firmó un acuerdo de MOU con la Administración Nacional de Radio y Televisión, un organismo gubernamental chino, en 2019.
Este tipo de asociaciones han tenido un impacto en la redacción de los periodistas. «La forma en que [el personal de la oficina de Filipinas] escribe sus noticias ahora, refleja la forma en que Xinhua o los medios de comunicación estatales de China están escribiendo sus noticias», dijo un periodista de Filipinas que fue encuestado, añadiendo que «normalmente es propaganda».
La estrategia de «comprar un barco»
El régimen está cada vez más «comprando barcos» o «construyéndolos» para difundir contenidos aprobados por el estado en los medios de comunicación del extranjero, dijo la IFJ.
Las empresas chinas vinculadas al estado también han comprado medios de comunicación o han creado empresas conjuntas en al menos nueve países.
El gigante chino de Internet Alibaba, por ejemplo, posee una aplicación llamada UC News que publica noticias en bahasa (hablado en Indonesia), hindi y 15 idiomas regionales de la India. Al adquirir el periódico en inglés South China Morning Post, con sede en Hong Kong, el fundador de Alibaba, Jack Ma, declaró que quería «ofrecer una oportunidad justa a los lectores» para que entiendan a China.
Se han creado y vendido paquetes de televisión por satélite con canales de medios estatales chinos en toda África, lo cual ha ampliado el alcance de la propaganda estatal.
La administración de Estados Unidos ha tratado recientemente de frenar las operaciones de los medios de comunicación chinos en el país. El Departamento de Estado ha identificado hasta ahora un total de nueve agencias estatales chinas como misiones extranjeras.
China Daily, un medio de comunicación en inglés dependiente del Departamento de Publicidad de China, ha gastado millones en suplementos en los principales periódicos de Estados Unidos, según documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
«Mientras que los medios de comunicación occidentales están comprometidos con la verdad, los medios de la República Popular China están comprometidos con el Partido Comunista Chino», dijo Morgan Ortagus, una portavoz del Departamento de Estado, en una declaración del 22 de junio al añadir los últimos cinco a la lista.
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