La administración Biden comenzó el miércoles a deshacer una prohibición de la era Trump sobre las clínicas que refieren a las mujeres para los abortos.
La norma propuesta por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) sigue la promesa de campaña del presidente Joe Biden de revertir la política de planificación familiar de su predecesor. Pero la administración Biden no llegó a suspender inmediatamente la normativa de Trump, que entró en vigor en 2019.
Conocido como Título X, el programa federal de planificación familiar ha estado en vigor durante 50 años. Pone a disposición unos 286 millones de dólares anuales en subvenciones que apoyan a las clínicas que atienden principalmente a mujeres de bajos ingresos.
Aunque por ley el dinero federal de planificación familiar no puede utilizarse para pagar abortos, los conservadores religiosos consideran desde hace tiempo que el programa es una forma de subvención indirecta a Planned Parenthood, el mayor proveedor de abortos del país.
Además de prohibir las derivaciones de abortos, la administración del expresidente Donald Trump exigió que las clínicas financiadas con fondos federales se separaran financiera y físicamente de las instalaciones que proporcionan abortos. El asesoramiento sobre el aborto fue designado como una práctica opcional en lugar de estándar, y se impusieron límites sobre qué miembros del personal podían discutir el aborto con los pacientes, entre otros requisitos.
El Departamento de Salud dijo que su propuesta de revocación de la norma restablecerá el programa a la forma en que funcionaba bajo el expresidente Barack Obama, cuando las clínicas podían remitir a las mujeres que buscaban abortos a un proveedor.
La revocación de la norma sobre las clínicas de planificación familiar se está llevando a cabo junto con el litigio sobre la política de la administración Trump, que ahora se encuentra ante la Corte Suprema. En ese caso, los jueces aceptaron escuchar un desafío a las reglas que Biden está tratando de deshacer ahora. La administración Biden y los grupos médicos que presentaron la impugnación piden a la corte que desestime el caso, pero los fiscales generales estatales republicanos quieren seguir adelante. La corte aún no informó sobre su decisión.
Con información de Associated Press.
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