WASHINGTON—El 6 de marzo, en un acto patrocinado por TikTok, funcionarios del gobierno de Biden pidieron una legislación federal para proteger la privacidad de los usuarios de Internet.
TikTok, propiedad de China, figuraba como «patrocinador platino» del evento «State of the Net». A finales del mes pasado, el gobierno de Biden dio 30 días al gobierno federal para garantizar la eliminación de TikTok de los dispositivos de trabajo a fin de garantizar la seguridad de los datos.
El director de Tecnología de la Casa Blanca, Alexander Macgillivray, dijo que una «letanía de historias de horror sobre la privacidad» demuestra la necesidad de una ley federal de privacidad.
Macgillivray ofreció varios ejemplos, incluidas las plataformas de anuncios dirigidas a personas con depresión clínica y los corredores de datos que crean un subgrupo para mujeres embarazadas, lo que señaló que «es especialmente preocupante dados los ataques a los derechos reproductivos que estamos viendo».
«Todos sabemos que necesitamos límites a los datos que recopilan las empresas», dijo el director de Tecnología.
Macgillivray abogó por restringir la «recopilación y uso de datos» en categorías como el historial de Internet, las comunicaciones personales, la localización y los datos biométricos.
Varias medidas de la Administración contrastan claramente con su objetivo declarado de proteger la privacidad personal.
En febrero, el denunciante del FBI, George Hill, declaró a Just The News que la oficina de campo del FBI en D.C. utilizó datos financieros privados proporcionados por el Bank of America para abrir investigaciones penales sobre 140 personas que viajaron a la capital del país en torno al 6 de enero de 2021 o «que poseían un arma».
Aunque presionado por D.C. para hacer lo mismo, la dirección de su oficina de campo de Boston se negó a cumplir, dijo Hill —un analista de inteligencia supervisor ahora retirado— alegando que la justificación era insuficiente para la solicitud de compartir datos privados de los ciudadanos.
«Aquí no hay pruebas de que se haya cometido ningún delito», declaró Hill al fundador de Just The News, John Solomon. «No podemos abrir investigaciones preliminares sobre alguien por utilizar un instrumento financiero en el Distrito».
Al principio de la presidencia de Biden, éste emitió una orden ejecutiva titulada «Orden ejecutiva para mejorar la ciberseguridad de la nación», que incluía 46 mandatos diferentes y pedía eliminar las barreras de intercambio de información entre la comunidad de inteligencia y las empresas tecnológicas.
La orden pedía a las empresas que «recopilaran y conservaran datos, información e informes» relacionados con la ciberseguridad y compartieran proactivamente estos datos con las agencias federales pertinentes. No se especifican los tipos de datos que entrarían dentro de la ciberseguridad, pero la orden pide que se comparta la información relativa a «incidentes o posibles incidentes de ciberseguridad».
Preguntado por la orden, Macgillivray declaró a The Epoch Times que ciberseguridad no significa necesariamente datos personales.
«Hay un montón de maneras de equilibrar eso», dijo el director de Tecnología. «En particular, asegurarse de que se está haciendo lo correcto en términos de compartir responsablemente y luego asegurarse de que realmente se está protegiendo a la gente».
«La ciberseguridad no es la información personal de todos».
También intervino en la conferencia el Administrador de la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA), Alan Davidson, que coincidió con Macgillivray en su petición de una regulación federal más estricta. Davidson explicó que «las comunidades minoritarias» se ven desproporcionadamente afectadas por los recopiladores privados de datos y dijo que la NTIA está llevando a cabo actualmente «una investigación sobre los aspectos de la privacidad relacionados con los derechos civiles y la equidad».
«Los perjuicios de la vulnerabilidad de la privacidad y la seguridad se dejan sentir con mayor crudeza en nuestras comunidades más vulnerables», indicó Davidson, destacando a los ancianos como otro grupo objetivo.
En su discurso sobre el Estado de la Unión del mes pasado, Biden mencionó la importancia de la privacidad de los datos, pidiendo «límites claros y estrictos» a la recopilación de datos y que las grandes empresas tecnológicas «reduzcan al mínimo la cantidad de información que recopilan».
Estas observaciones más recientes están en desacuerdo con algunas de las medidas adoptadas por el gobierno de Biden en los dos últimos años, incluida una orden ejecutiva de octubre que permite expresamente la «recopilación masiva» de inteligencia de señales, definidas como los datos interceptados de señales electrónicas que implican a un extranjero.
Los críticos argumentaron que la orden es demasiado amplia y permite que los datos estadounidenses sean barridos de forma indiscriminada, incluidos los de ciudadanos estadounidenses que se correspondan a nivel nacional.
«La recopilación masiva —la recopilación de comunicaciones u otros datos no vinculados a ningún objetivo de vigilancia concreto— es intrínsecamente problemática, porque inevitablemente da lugar a la recopilación de información privada que el gobierno no tiene ninguna necesidad legítima de recopilar», escribió Elizabeth Goitein, codirectora del Centro Brennan para la Justicia, en octubre. Ella también acusó a la orden de «socavar los derechos de privacidad de los estadounidenses y extranjeros en todo el mundo».
Las afrentas a la privacidad han venido de ambos lados del pasillo.
Un proyecto de ley presentado en 2020 por el senador republicano Lindsey Graham obligaría a los proveedores de servicios de mensajería cifrada, como WhatsApp y Telegram, a proporcionar puertas traseras para que las agencias gubernamentales puedan acceder a los mensajes privados. El exfiscal general William Barr también apoyó el proyecto de ley.
Andrew Milich —fundador del proveedor de servicios de correo electrónico Skiff— criticó el proyecto de ley, diciendo que obstaculiza la seguridad de los datos.
«Cualquier puerta trasera para las fuerzas de seguridad también sería aprovechada por los malos actores», escribió Milich en el Wall Street Journal el mes pasado. «Prohibir o socavar los protocolos de encriptación haría que el tráfico de red, los mensajes privados, los correos electrónicos encriptados y las llamadas digitales de voz o vídeo fueran vulnerables a la vigilancia, la interceptación y el uso indebido».
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