La última planta de energía nuclear en funcionamiento de California recibió otro impulso de financiación el 21 de noviembre, ya que los operadores buscan mantenerla en funcionamiento durante otros ocho años.
El Departamento de Energía de Estados Unidos concedió a la central nuclear de Diablo Canyon 1100 millones de dólares del Programa de Crédito Nuclear Civil financiado por una ley de infraestructuras aprobada por el Congreso en 2021.
«Este es un paso fundamental para garantizar que nuestra flota nuclear nacional siga proporcionando energía fiable y asequible a los estadounidenses como la mayor fuente de electricidad limpia del país», dijo la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, en un comunicado el 21 de noviembre.
La energía nuclear proporciona la mitad de la electricidad libre de carbono del país, según la agencia. Desde 2013, se han cerrado 13 reactores en todo Estados Unidos.
Los términos finales de la financiación tendrán que ser concretados por el Departamento de Energía, dijeron los funcionarios. La planta produce alrededor del 15 % de la energía renovable de California.
El año pasado produjo alrededor del 9 % de la energía estatal, según la comisión de energía del estado.
Funcionarios políticos celebraron la financiación que ayudará a prolongar la vida de la otrora condenada central eléctrica situada en el centro de California, cerca de San Luis Obispo.
«Esta inversión abre un camino para una extensión de plazo limitado de la planta de energía de Diablo Canyon para apoyar la fiabilidad a nivel estatal y proporcionar una rampa de entrada para que los proyectos de energía limpia entren en funcionamiento», dijo el gobernador de California Gavin Newsom a través de una declaración.
Newsom firmó una legislatura el 1 de septiembre para revertir los planes de cierre de la planta, que estaba previsto para 2025.
El proyecto de ley es esencial para evitar los apagones y el aumento de los precios de la electricidad en California, según su autor de la legislatura, el senador Bill Dodd (D-Napa). Permite a la empresa Pacific Gas & Electric (PG&E) seguir explotando la central hasta 2030. También autoriza un préstamo reemborsable de USD 1400 millones del Estado para ayudar a prolongar las operaciones.
PG&E accedió hace seis años a cerrar la planta de San Luis Obispo en medio de la presión de los grupos ecologistas y la comunidad local.
La senadora Dianne Feinstein (D-Calif.) celebró la noticia en una declaración.
«Esta prórroga a corto plazo es necesaria para que California cumpla sus ambiciosos objetivos de energía limpia y siga suministrando energía fiable», escribió Feinstein. «Esto es especialmente crítico ya que la red eléctrica de California se ha enfrentado a crecientes desafíos por los eventos climáticos extremos».
El mes pasado, PG&E solicitó formalmente una nueva licencia de explotación a la Comisión Reguladora Nuclear, según la oficina de Feinstein.
Varios grupos ecologistas se opusieron a la renovación del permiso. Madres por la Paz, Amigos de la Tierra, el Grupo de Trabajo Ambiental y el Comité para Salvar la Brecha enviaron una carta a la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos pidiendo a sus miembros que no reactiven la solicitud de renovación.
Un abogado del grupo antinuclear Madres por la Paz, con sede en San Luis Obispo, afirmó en la carta que un accidente radiológico en los reactores vulnerables a los terremotos podría tener consecuencias catastróficas para la salud pública, la economía y el medio ambiente.
La Fundación Samuel Lawrence, una organización antinuclear sin ánimo de lucro con sede en San Diego, se mostró decepcionada por la asignación de fondos federales, según una publicación en Twitter.
«Nos decepciona que nuestro gobierno apoye la ampliación de la [N]uclear Diablo Canyon. ¿Cómo podemos hacer la transición hacia una energía limpia y sostenible mientras damos prioridad a la energía nuclear sobre la eólica y la solar? Por no hablar de la amenaza que suponen los residuos», escribió la fundación.
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