El gobierno de Biden está concediendo más exenciones para excusar a los funcionarios públicos de la violación de las normas éticas que el gobierno anterior.
La ley federal de ética prohíbe a los funcionarios públicos participar en asuntos en los que tengan un interés financiero. También se espera que se abstengan de intervenir en asuntos que puedan dar la impresión de parcialidad y no se les permite aceptar sobornos ni suplementos de su salario federal. Sin embargo, hay algunas excepciones a las leyes éticas que pueden concederse mediante una exención cuando se considere en interés del público.
La Administración del presidente Joe Biden ha concedido al menos 50 exenciones de este tipo durante sus primeros 14 meses en el cargo, en comparación con las 73 exenciones éticas concedidas durante los primeros 32 meses del mandato del expresidente Donald Trump, según un informe del grupo de vigilancia gubernamental Protect the Public’s Trust (PPT).
«Al ritmo que marcó durante sus primeros 14 meses, la Administración Biden superaría con creces el número de exenciones y decisiones concedidas durante la Administración Trump», dijo el director de PPT, Michael Chamberlain, al Washington Examiner. «Estos también están repartidos mucho más ampliamente entre las agencias, lo que significa que más de las personas que toman las decisiones que afectan al público estadounidense están recibiendo permiso para hacer lo que quieran en sus obligaciones éticas».
Aunque el gobierno de Biden ha hecho públicas varias de estas exenciones en su sitio web de la Oficina de Ética Gubernamental (OGE), 19 de las exenciones fueron descubiertas a través de solicitudes de libertad de información (FOIA) por el PPT. El grupo afirma que varias de sus solicitudes de FOIA han quedado sin respuesta y que la existencia de algunas de las exenciones no se ha hecho pública, sino que se ha revelado en otros registros.
El PPT afirma que ha presentado demandas contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés).
Esto es así a pesar de la repetida afirmación de Biden y sus altos funcionarios de que su administración es «la más ética de la historia».
Al tomar posesión de su cargo, Biden emitió una Orden Ejecutiva sobre Compromisos Éticos del Personal del Poder Ejecutivo, en la que se exige a las personas nominadas a comprometerse con una conducta que «restaure y mantenga la confianza pública en el gobierno». La orden incluye varios compromisos de abstenerse de aceptar regalos, hacer lobby y trabajar con antiguos empleadores.
«Tenemos las normas éticas más estrictas de toda la historia», dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, durante una sesión informativa en junio del año pasado. «Varios funcionarios de ética lo han transmitido, y estamos orgullosos de ello».
El informe del PPT señala que «aún más desconcertante» es el hecho de que las exenciones éticas de Biden se están concediendo a nivel de directivos en las agencias federales «donde normalmente se toman las decisiones más significativas del gobierno federal». El informe dice que los altos cargos nombrados por Biden están «trabajando con sus antiguos empleadores, clientes y en asuntos que de otro modo estarían prohibidos, a un ritmo cada vez mayor».
Entre los funcionarios que han recibido estas exenciones se encuentran el subdirector de la CIA, David Cohen, el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, el secretario de Agricultura, Thomas Vilsack, y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, según el PPT.
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