WASHINGTON— El presidente Joe Biden hizo valer el privilegio ejecutivo sobre las cintas de su entrevista de dos días con el abogado especial Robert Hur en su investigación sobre el presunto mal manejo de la información clasificada por parte del presidente.
Las cintas están en el centro de una disputa entre los representantes republicanos de la Cámara y el fiscal general Merrick Garland, que ha desafiado una citación judicial y se enfrenta hoy a un procedimiento por desacato.
El Sr. Garland, en una carta dirigida al presidente el 15 de mayo, afirmó que «las necesidades de la comisión son claramente insuficientes para compensar los efectos perjudiciales que la producción de las grabaciones tendría sobre la integridad y la eficacia de investigaciones policiales similares en el futuro».
El fiscal general adjunto Carlos Felipe Uriarte pidió a los líderes republicanos que no siguieran adelante con el procedimiento de desacato.
«Es la posición de larga data de la rama ejecutiva sostenida por las administraciones de ambos partidos que un funcionario que hace valer el reclamo del privilegio ejecutivo del presidente no puede ser declarado en desacato al Congreso», escribió el Sr. Uriarte al presidente del Comité de Supervisión de la Cámara James Comer (R-Ky.) y al presidente del Comité Judicial de la Cámara Jim Jordan (R-Ohio) en una carta del 16 de mayo.
El abogado del presidente Biden acusó a los representantes republicanos de la Cámara de querer las cintas con fines políticos.
«La ausencia de una necesidad legítima de las grabaciones de audio deja al descubierto su probable objetivo: cortarlas, distorsionarlas y utilizarlas con fines políticos partidistas. Exigir al Poder Ejecutivo materiales policiales tan sensibles y protegidos por la Constitución porque ustedes quieren manipularlos para un posible beneficio político es inapropiado», escribió Ed Siskel, abogado del presidente Biden, a los señores Comer y Jordan en una carta separada del 16 de mayo.
The Epoch Times se puso en contacto con los comités para conocer su reacción a la carta.
La decisión se conoce unas horas antes de que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y el Comité Judicial de la Cámara de Representantes comiencen a redactar una resolución para declarar al Sr. Garland en desacato por negarse a entregar las cintas.
La medida tendría que ser aprobada por la Cámara de Representantes antes de que se remita al Departamento de Justicia, pero no está claro si el presidente de la Cámara, Mike Johnson (R-La.), presentará una resolución al pleno.
Los comités emitieron sus citaciones el 27 de febrero, las que instan al Departamento de Justicia a proporcionar notas, archivos de audio, vídeo y transcripciones de la investigación de Hur sobre el manejo de documentos clasificados por parte del presidente Biden.
Desde entonces, el Departamento ha respondido proporcionando transcripciones de las entrevistas del abogado especial con el presidente y su biógrafo, Mark Zwonitzer, pero no grabaciones.
El Sr. Hur anunció el 8 de febrero que el presidente Biden no sería acusado por el manejo de documentos clasificados tras su vicepresidencia.
En un informe de 388 páginas dirigido al Sr. Garland, el Sr. Hur dijo que «las pruebas no establecen la culpabilidad del Sr. Biden más allá de toda duda razonable» y que «el enjuiciamiento del Sr. Biden tampoco está justificado sobre la base de nuestra consideración de los factores agravantes y atenuantes».
Al decidir no acusar al presidente, el Sr. Hur dijo que un jurado probablemente no lo condenaría, en parte debido a supuestos problemas de agudeza mental.
«También hemos considerado que, en el juicio, el Sr. Biden probablemente se presentaría ante un jurado, como lo hizo durante nuestra entrevista con él, como un hombre simpático, bien intencionado, de edad avanzada y con mala memoria», escribió el Sr. Hur.
Con la contribución de Samantha Flom
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