El presidente Joe Biden sabía que la orden de vacunación era inconstitucional, pero la decretó de todos modos para obligar a la gente a cumplirla hasta que el tribunal lo detuvo, según el representante Byron Donalds (R-Fla.).
«Joe Biden lo sabe. Sabe que es inconstitucional», dijo Donalds a «Capitol Report» de NTD en una entrevista estrenada el miércoles, refiriéndose a la orden de vacunación contra el COVID-19 de Biden.
«Lo que está haciendo es jugar al ‘atrápame si puedes’ con la Constitución de Estados Unidos», dijo el congresista. «Él sabe que lo que está haciendo está mal. Ya dijo antes que no tiene autoridad legal para hacerlo, pero lo está haciendo de todos modos».
Biden había dicho en múltiples ocasiones que no aplicaría una orden de vacunación. La más citada ocurrió en diciembre pasado. Biden dijo a los periodistas el 4 de diciembre de 2020: «No creo que deba ser obligatoria. No exigiría que fuera obligatoria».
La Casa Blanca ha defendido su cambio de política. El 9 de septiembre, cuando Biden iba a firmar la orden ejecutiva para obligar a los empleados federales a vacunarse, su secretaria de prensa, Jen Psaki, dijo: «Obviamente, la información, los datos evolucionan, y los pasos que tenemos que dar para abordar —para tener el virus bajo control, para ayudar a la gente a volver a la normalidad— tienen que evolucionar también».
«La razón por la que estamos aquí es porque la gente no se ha vacunado —80 millones— y no por ninguna otra razón», continuó Psaki. «Así que nuestro objetivo —del gobierno federal— es seguir dando pasos audaces y ambiciosos para que más gente se vacune y proteger a más personas».
Donalds dijo que Biden está tratando de amenazar a las empresas y a la gente con la fuerza de la ley.
«Eso es lo que es el Partido Demócrata moderno. Es absolutamente erróneo. Es inconstitucional. Y eso es lo que el tribunal va a determinar».
El 12 de noviembre, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito reafirmó la suspensión de la orden de vacunación de Biden para las empresas privadas con 100 trabajadores o más. La orden fue dictada a través de una norma de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Trabajo.
Tras la orden del tribunal, la OSHA dijo que ha suspendido la aplicación y el cumplimiento de la orden «a la espera de la evolución futura del litigio».
«El Quinto Circuito tiene razón. Es inconstitucional», dijo Donalds a NTD. «El Congreso nunca dio a la OSHA esa autoridad. Nunca se pensó en el Congreso en dar a la OSHA esa autoridad».
«Además, en nuestro país, tenemos algo llamado leyes HIPAA que han sido completamente ignoradas durante el COVID-19», continuó Donalds. «Nunca ha habido un momento en el que digamos francamente, ‘no puedes trabajar aquí a menos que tomes esto’. Eso es discriminación médica».
HIPPA son las siglas de la Ley de Transferibilidad y Responsabilidad del Seguro Sanitario) de 1996. Se trata de una ley federal cuyo objetivo es proteger la información sanitaria sensible de los pacientes para que no se divulgue sin su consentimiento o conocimiento.
Donalds cree que el litigio sobre la orden acabará llegando a la Corte Suprema, dadas las numerosas demandas en curso contra esta.
«Somos un pueblo libre en Estados Unidos. El gobierno no tiene autoridad para decirme lo que me voy a inyectar en el brazo», añadió Donalds, afirmando que no se vacunará. «Si Nancy Pelosi saliera y dijera: ‘Voy a emitir una orden de vacunación’. La miraría y [diría], oh, vaya a buscar a alguien que lo haga. Porque créanme, no va a entrar en mi brazo».
Donalds dijo que si la vacuna perjudica a alguien, entonces el gobierno federal —y probablemente también los empresarios— serían culpables de ello. Los contribuyentes, por desgracia, lo pagarían.
«Los empresarios tienen que analizar esto con detenimiento. No sigan a Joe Biden por un camino que va en contra de la estructura misma de nuestra nación. Va en contra de la estructura misma de nuestra nación», dijo Donalds.
Con información de Steve Lance.
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