La administración Biden está creando un sistema centralizado nacional para proporcionar formación y asistencia técnica con el fin de ayudar a policías, fiscales, jueces y otros a aplicar con mayor eficacia las leyes de «bandera roja» y quitar las armas a los estadounidenses «que supongan una amenaza para sí mismos o para los demás», una medida que está suscitando críticas de algunos conservadores.
El Departamento de Justicia (DOJ) anunció el 23 de marzo que puso en marcha el Centro Nacional de Recursos para las Órdenes de Protección de Riesgo Extremo (ERPO), un centro de formación y asistencia técnica que, según afirma, está destinado a apoyar a los estados y localidades en la aplicación de sus ERPO o leyes de bandera roja, que han sido controvertidas en el tiempo.
Básicamente, las leyes de bandera roja permiten que alguien, como un policía, un familiar o un profesional médico, presente una demanda ante un corte de emergencia alegando que esa persona no está bien mentalmente y es un peligro para sí misma o para los demás. Si la corte acepta la demanda, esa persona puede ser «señalada» e impedida de comprar armas de fuego, y la policía puede confiscar las armas que tenga en su poder.
Los defensores de este tipo de leyes, que se han aplicado en varios estados, argumentan que son necesarias para mantener las armas de fuego fuera del alcance de personas potencialmente peligrosas.
«El lanzamiento del Centro Nacional de Recursos para Órdenes de Protección de Riesgo Extremo proporcionará a nuestros socios de todo el país valiosos recursos para mantener las armas de fuego fuera del alcance de individuos que suponen una amenaza para sí mismos o para otros», dijo el fiscal general Merrick Garland, en una declaración del 23 de marzo.
Los críticos argumentan que estas leyes niegan a los propietarios de armas sus derechos de la Segunda Enmienda sin el debido proceso.
«¡Merrick Garland acaba de anunciar una masiva Operación de Bandera Roja, que el DOJ llevará a cabo utilizando TODAS las herramientas de espionaje que el gobierno de EE.UU. tiene con el fin de violar la Segunda Enmienda de los estadounidenses!», dijo la representante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) en un posteo en X, afirmando que el Departamento de Justicia bajo la presidencia de Joe Biden se ha «armificado» contra a población.
En marzo de 2024, 21 estados además del Distrito de Columbia han promulgado leyes de bandera roja.
Aunque las ERPO son órdenes civiles y no penales, violar una orden de este tipo podría constituir un delito penal.
La vicepresidenta Kamala Harris celebró en un posteo en X de que la administración Biden había «invertido» 750 millones de dólares de los contribuyentes para ayudar a implementar las leyes de bandera roja.
«Hoy, estoy pidiendo a todos los estados que tomen medidas, y estamos lanzando un centro nacional de recursos de bandera roja para ayudar», escribió la Sra. Harris en el posteo que provocó una oleada de reacciones críticas de otros usuarios, la que van desde peticiones para que los estados prohíban las leyes de bandera roja hasta acusaciones de que son inconstitucionales.
«Base de datos para desarmar a MAGA»
El DOJ dice que el nuevo sistema centralizado de alerta roja proporcionará capacitación y asistencia técnica a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, fiscales, abogados, jueces, médicos, proveedores de servicios sociales y de servicios a las víctimas, organizaciones comunitarias y profesionales de la salud conductual; en resumen, aquellos que son responsables de implementar las leyes de bandera roja en sus estados o ciudades.
«Apoyar a nuestras fuerzas del orden y a nuestros socios comunitarios para frenar la lacra de la violencia armada es más importante que nunca», declaró en un comunicado el fiscal general adjunto en funciones, Benjamin Mizer.
El sistema centralizado de bandera roja se creó en colaboración con la Oficina de Asistencia Judicial (BJA) y el Centro Johns Hopkins de Soluciones para la Violencia Armada (CGVS), una organización que «basa su trabajo en la equidad» y trata de «abordar la violencia armada como una emergencia de salud pública de nivel epidémico» que «afecta de manera desproporcionada a las comunidades de color».
El sistema centralizado de bandera roja y su recién estrenado sitio web pretenden proporcionar a las fuerzas del orden y a otros grupos responsables de la aplicación de la ERPO «acceso directo a información crítica que mejorará su capacidad para reducir los homicidios y suicidios por arma de fuego».
El sitio web también proporciona una plataforma para que el sistema centralizado de bandera roja destaque nuevas formas y estrategias para aplicar las ERPO con mayor eficacia.
El anuncio del sistema centralizado de bandera roja suscitó críticas inmediatas de algunos legisladores, defensores de la Segunda Enmienda y otros.
El representante Thomas Massie (R-Ky.) fue tajante con sus críticas en un posteo en X, en el que calificó el proyecto de «maligno».
«¿Qué demonios es esta maldad? Un centro federal de bandera roja. Nosotros no lo autorizamos», escribió el representante.
La activista política conservadora Laura Loomer dijo en un posteo en X que cree que el nuevo programa se usaría para atacar a los partidarios de Trump.
«Oh, miren. El Departamento de Justicia acaba de crear un programa para señalar a los partidarios de Trump al mismo tiempo que permite que los ilegales tengan armas», escribió la Sra. Loomer. «Todos sabemos que esto solo se utilizará contra los partidarios de Trump, así que llamémoslo por su nombre. Una base de datos de bandera roja para desarmar a MAGA. Comunismo.»
El exRanger del Ejército de Estados Unidos y actual abogado de armas de fuego, Ryan Cleckner, calificó las leyes de bandera roja de «horribles» en un posteo en X, en el que compartió un gráfico titulado «Cómo las leyes de bandera roja matan a las personas pacíficas», mostrando cómo la aplicación de mano dura de tales leyes puede conducir a resultados trágicos.
El gráfico, elaborado por la Firearms Policy Coalition, muestra un hipotético conjunto de acontecimientos que comienzan cuando un propietario de armas llamado «Randy» publica una inofensiva foto suya y de su hijo en un campo de tiro, lo que desencadena que «Karen», tras ver el posteo, llamando a los agentes locales del estado para informar de «sospechas de que Randy podría ser un riesgo para la comunidad».
Entonces, «agentes estatales parciales» utilizan poderes de bandera roja para afirmar que Randy es una amenaza peligrosa, planteando el asunto ante una corte local, que determina que es aceptable confiscar las armas de Randy, lo que lleva a una redada policial en mitad de la noche que termina trágicamente.
«Randy es despertado a las 3 de la madrugada por fuertes ruidos, explosiones y amenazas de muerte, mientras su mujer y su hijo gritan aterrorizados», se lee en el gráfico.
«Randy es asesinado mientras intenta instintivamente proteger a su familia», continúa el texto.
El Instituto para la Acción Legislativa de la Asociación Nacional del Rifle (NRA-ILA) denunció que las leyes de bandera roja pueden ser fácilmente objeto de abusos por parte de funcionarios parciales.
«Aparte de permitir que actores malintencionados comunes y corrientes den rienda suelta a rencores personales contra propietarios de armas respetuosos con la ley, en el actual entorno políticamente cargado estas leyes permiten al gobierno perseguir a quienes tienen opiniones políticas protegidas por la Primera Enmienda que el gobierno no ve con buenos ojos», escribió el grupo en una nota.
El gobierno de Biden ha sido un firme defensor de una legislación más estricta en materia de control de armas, incluidas las leyes de bandera roja, así como de esfuerzos centralizados en este sentido.
Por ejemplo, el presidente Joe Biden anunció en septiembre de 2021 la creación de una oficina de prevención de la «violencia armada» en la Casa Blanca, para «centralizar, acelerar e intensificar» los esfuerzos de la administración para reducir los actos de violencia llevados a cabo con el uso de armas de fuego.
La vicepresidenta Harris dirige la Oficina de Prevención de la Violencia Armada.
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