El presidente Joe Biden ordenó el martes al gobierno federal que deje de depender de prisiones privadas financiadas con fondos federales, una medida que renueva una política de la era Obama.
Según la orden ejecutiva, el fiscal general debe negarse a renovar los contratos del Departamento de Justicia (DOJ) con centros de detención penal operados de forma privada.
«Para reducir los niveles de encarcelamiento, debemos reducir los incentivos basados en los beneficios para encarcelar, eliminando gradualmente el uso que el Gobierno Federal hace de los centros de detención penal operados por el sector privado», escribió Biden en su orden.
La norma requeriría esencialmente que el DOJ mantuviera la misma posición política sobre las instalaciones penitenciarias privadas que en 2016, cuando la entonces fiscal general adjunta Sally Yates ordenó a su departamento «rechazar la renovación de ese contrato o reducir sustancialmente su alcance de una manera consistente con la ley y la disminución general de la población de reclusos de la oficina».
«El objetivo del Departamento de Justicia es garantizar la coherencia de los servicios de seguridad, protección y rehabilitación operando sus propias instalaciones penitenciarias», dijo Yates en ese momento.
El memorando de Yates fue rescindido en 2017 por el entonces fiscal general Jeff Sessions, quien dijo que el memorando «cambió la política y la práctica de larga data, y perjudicó la capacidad de la Oficina para satisfacer las necesidades futuras del sistema correccional federal».
Uno de los operadores privados de prisiones federales, Geo Group, respondió a la orden de Biden, caracterizándola como una «declaración política».
«Teniendo en cuenta las medidas que la BOP [Agencia Federal de Prisiones] ya había anunciado, la Orden Ejecutiva de hoy no representa más que una declaración política, que podría acarrear graves consecuencias negativas imprevistas, como la pérdida de cientos de puestos de trabajo y un impacto económico negativo para las comunidades donde se encuentran nuestras instalaciones, que ya están pasando por dificultades económicas debido a la pandemia de COVID», dijo un portavoz del Grupo GEO en un comunicado remitido a varios medios.
En los últimos meses, el gobierno federal ya había anunciado que no renovaría los contactos para las instalaciones penitenciarias de gestión privada. El Grupo Geo indicó en un comunicado anterior que esto se debía a que la población penitenciaria federal ha experimentado un descenso, en particular, debido a la pandemia del virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
«Este descenso y otros factores pueden provocar que la Oficina Federal de Prisiones decida en el futuro no renovar más contratos con la BOP», dijo la empresa en otro comunicado.
Algunos críticos y grupos de derechos civiles señalaron que la orden no pone fin a la dependencia del gobierno federal hacia los centros de detención de inmigrantes que son operados de forma privada.
La orden sobre las prisiones privadas se firmó junto con otras tres órdenes destinadas a promover la equidad racial. Biden y otros demócratas llevan mucho tiempo afirmando que existe un racismo sistémico en Estados Unidos y el presidente ha hecho de la lucha contra este problema una de las prioridades de su administración.
Ha firmado una serie de órdenes y medidas que, según su administración, promoverán «la equidad y apoyará a las comunidades de color y otras comunidades desatendidas».
Sus otras órdenes ordenan al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano que aborde cualquier tipo de discriminación en las políticas federales de vivienda, condenan los casos de racismo y xenofobia contra los estadounidenses de origen asiático y los isleños del Pacífico durante la pandemia del virus del PCCh, e intentan reforzar las relaciones con las comunidades tribales.
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