Algunas instalaciones de fabricación de semiconductores de EE. UU. estarán ahora exentas de revisiones medioambientales después de que el Presidente Joe Biden firmara el 2 de octubre la ley Construir Chips en América
Sin la ley, los proyectos de la Ley CHIPS de 2022, dotada con 52,700 millones de dólares, podrían haberse visto obligados a someterse a revisiones medioambientales federales adicionales para obtener los permisos.
La nueva legislación exime a las instalaciones que reciben subvenciones del Gobierno de ser revisadas en virtud de la Ley Nacional de Política Medioambiental (NEPA) de 1969 y la Ley Nacional de Preservación Histórica.
Los partidarios de la medida, como la Asociación de la Industria de Semiconductores, afirmaron que las revisiones medioambientales podrían haber ralentizado o detenido proyectos ya en marcha.
El Departamento de Comercio de EE. UU. ha asignado más de 35,000 millones de dólares a 26 proyectos, incluidos 6400 millones de dólares en subvenciones en virtud de la ley de 2022 a la surcoreana Samsung para ampliar la producción de chips en Texas, 8500 millones de dólares a Intel, 6600 millones de dólares a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. para construir sus instalaciones de producción en EE. UU. y 6100 millones de dólares a Micron Technology para financiar fábricas estadounidenses.
El proyecto de ley, presentado originalmente al presidente el 24 de septiembre, permite al Departamento de Comercio actuar como organismo principal para la revisión de los proyectos de semiconductores que reciban subvenciones del gobierno pero que no estén exentos de revisión en virtud de la NEPA.
También autoriza a un estado a asumir la responsabilidad de una revisión medioambiental conforme a la NEPA para proyectos de semiconductores y establece un plazo de prescripción para determinadas reclamaciones conforme a la NEPA.
La Casa Blanca dijo que seguirá manteniendo su «compromiso de garantizar que los proyectos de semiconductores se construyan y operen de manera que cumplan los requisitos de agua limpia, aire limpio, especies en peligro de extinción y otros requisitos federales, y minimicen los riesgos e impactos para los trabajadores, la salud pública y el medio ambiente».
La legislación bipartidista, de la que son coautores los senadores Mark Kelly (D-Ariz.) y Ted Cruz (R-Texas), fue presentada al Senado en noviembre del año pasado.
«Al evitar retrasos innecesarios en la construcción de instalaciones de fabricación de microchips, este proyecto de ley ayudará a maximizar nuestros esfuerzos para traer esta industria de vuelta a Estados Unidos, creando miles de puestos de trabajo bien remunerados y fortaleciendo nuestras cadenas de suministro», dijo Kelly.
Cruz dijo que era necesario agilizar los permisos porque es un paso crucial para «deslocalizar puestos de trabajo y hacer que nuestro país dependa menos de China para los semiconductores críticos para la defensa nacional».
Quienes se oponen a la legislación argumentan que la exención obstaculizará la capacidad de las comunidades para opinar sobre la liberación de sustancias químicas potencialmente peligrosas que son un subproducto del proceso de fabricación de semiconductores.
Los demócratas de los comités de Energía y Comercio, Recursos Naturales y Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes enviaron una carta el mes pasado en la que instaban a votar «no» porque, en su opinión, una exención de las revisiones medioambientales acabaría perjudicando a las personas y al medio ambiente. El proyecto fue aprobado en la Cámara por 257 votos a favor y 125 en contra.
Los grupos ecologistas y de salud pública también se mostraron firmemente en contra de la ley e instaron al presidente a vetarla en una declaración a los medios de comunicación el 2 de octubre.
Uno de los grupos, Sierra Club, afirmó en un comunicado del 2 de octubre que la fabricación de semiconductores es famosa por su uso extensivo de «sustancias químicas para siempre» tóxicas que se han relacionado con el cáncer y otros problemas de salud graves.
Harry Manin, subdirector legislativo de política industrial de Sierra Club, dijo que el proyecto de ley «eliminaría la última palanca federal que queda para evaluar el impacto de las enormes fábricas de semiconductores en el agua potable, la calidad del aire, el cambio climático y la salud de la comunidad».
Con información de Reuters.
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