Cuando el presidente Joe Biden firmó el martes la Ley de Reducción de la Inflación, su firma abrió la puerta a la reanudación de la mayor venta de arrendamientos de petróleo y gas de la historia de EE. UU., bloqueada por un tribunal por motivos de impacto climático.
La Ley de Reducción de la Inflación incluye disposiciones que dirigen el gasto, los créditos fiscales y los préstamos para reforzar tecnologías como los paneles solares y los equipos para reducir la contaminación en las centrales eléctricas de carbón y gas.
Pero el proyecto de ley también contiene una disposición que restablece el contrato de arrendamiento 257, el mayor contrato de arrendamiento de petróleo y gas en alta mar de la historia de Estados Unidos, que abarca casi 81 millones de acres en el Golfo de México.
La Venta de Arrendamiento no. 257, que se vendió en una subasta por 192 millones de dólares en marzo de 2019, fue impugnada por grupos ecologistas, que argumentaron que la venta violaba la ley federal al basarse en una revisión de impacto ambiental inadecuada que no consideraba con precisión las emisiones de gases de efecto invernadero.
El juez Rudolph Contreras del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito de Columbia estuvo de acuerdo, dictaminando en enero de 2022 (pdf) que la decisión de la Oficina de Administración de Energía Oceánica (BOEM, por sus siglas en inglés) de proceder a la venta era «arbitraria y caprichosa».
El fallo de Contreras bloqueó el arrendamiento y el gobierno de Biden no apeló. Pero al firmar la Ley de Reducción de la Inflación, Biden ha revivido efectivamente el arrendamiento.
«La Venta del Arrendamiento no. 257 se restablece y los mejores postores deben obtener su arrendamiento», dijo en un comunicado la Asociación Nacional de Industrias Oceánicas (NOIA, por sus siglas en inglés), un grupo que sirve a las industrias del petróleo, el gas y la energía eólica en alta mar.
La NOIA también señaló un puñado de otras ventas de arrendamientos que ahora deben celebrarse por la aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación, después de que la Administración Biden las cancelara en mayo, cuando los precios en las gasolineras se disparaban hasta alcanzar máximos históricos.
El jefe de la asociación calificó en general el proyecto de ley con un aprobado por poner en marcha lo que describió como «un marco para el desarrollo continuado del petróleo y el gas en alta mar de Estados Unidos, mecanismos para avanzar en la energía eólica en alta mar e incentivos para estimular la innovación en el secuestro de carbono en alta mar».
La Ley de Reducción de la Inflación aumenta los créditos fiscales federales para la captura y el almacenamiento de carbono, al mismo tiempo que levanta una moratoria sobre el arrendamiento de energía eólica marina en partes del sureste de Estados Unidos y el Golfo de México.
«Ninguna legislación es perfecta, pero las disposiciones sobre energía en alta mar de la IRA permitirán que continúe la inversión en proyectos energéticos estadounidenses por parte de una industria que ya está resolviendo, ampliando y desplegando soluciones energéticas con bajas emisiones de carbono», dijo el presidente de la NOIA, Erik Milito, en un comunicado.
El Instituto Americano del Petróleo (API), un grupo de la industria de los combustibles fósiles que apeló en nombre de las empresas implicadas durante el bloqueo de la Venta de Arrendamiento no.257, expresó su alivio por el hecho de que la ley reanude la venta, pero su reserva sobre el impacto general del proyecto de ley.
«Si bien el restablecimiento de la venta de arrendamiento 257 es un paso positivo para el liderazgo energético de Estados Unidos, la legislación en su conjunto se queda muy corta a la hora de abordar las necesidades energéticas de Estados Unidos a largo plazo», declaró a The Epoch Times el vicepresidente Senior de Política, Economía y Asuntos Regulatorios del API, Frank Macchiarola, en una declaración enviada por correo electrónico.
La Ley de Reducción de la Inflación exige el restablecimiento de la Venta de Arrendamiento no.257 en un plazo de 30 días a partir de la promulgación de la ley.
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