El presidente Joe Biden revocó esta semana una orden de la anterior Administración Trump que pretendía proteger a los usuarios de las prácticas injustas o engañosas de restricción de contenidos cometidas por las grandes empresas tecnológicas.
El efecto de la revocación requeriría que el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto y los jefes de los departamentos ejecutivos tomaran medidas para rescindir cualquier regulación o política que aplicara la orden ejecutiva del expresidente Donald Trump titulada «Prevención de la censura en internet«, firmada en mayo del año pasado.
La orden de Trump trataba de impedir que empresas de redes sociales como Twitter, Facebook y YouTube moderaran el contenido de los usuarios a través de, según su Administración, una forma desequilibrada e incoherente. La orden citó ejemplos de Twitter que añadió «etiquetas de comprobación de hechos» a ciertos tuits de una manera que, según la administración, refleja claramente un sesgo político.
Twitter añadió una etiqueta de «comprobación de hechos» en dos tuits de Trump dos días antes de que el presidente emitiera su orden ejecutiva. Trump acusó a Twitter de «aplicar selectivamente» sus etiquetas de advertencia, argumentando que dicha acción equivalía a activismo político.
La orden de Biden también pretende hacer retroceder las protecciones de responsabilidad bajo la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996. Esa ley exime en gran medida a las plataformas de internet de la responsabilidad por los contenidos publicados por sus usuarios, aunque pueden ser consideradas responsables por los contenidos que violen las leyes contra el tráfico sexual o la propiedad intelectual.
La ley permite a las empresas bloquear o filtrar los contenidos «de buena fe» si los consideran «obscenos, lascivos, sucios, excesivamente violentos, acosadores o de algún modo objetables». Las protecciones, sin embargo, no estaban destinadas a aplicarse a los servicios que actúan más como editores que como plataformas de internet, dijo el entonces fiscal general William Barr en un discurso en mayo.
La orden de Trump ordena a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que elabore una normativa sobre lo que es y no es «buena fe» en cuanto a los contenidos que las empresas pueden eliminar o restringir.
La orden ha sido impugnada en los tribunales por varios grupos de defensa que afirman que Trump pretendía castigar a las empresas de redes sociales por comprobar los hechos de las publicaciones del presidente. Los grupos pidieron al tribunal que declarara la orden «inconstitucional e inválida» y que bloqueara su aplicación o cumplimiento.
La demanda, presentada en nombre de Common Cause, Free Press, Maplight, Rock the Vote y Vote Latino, argumenta que las plataformas de redes sociales «tienen los derechos de la Primera Enmienda para garantizar que la información precisa (…) no se vea socavada por la desinformación en sus plataformas».
Barr había advertido el año pasado que la Sección 230 ya no hacía lo que pretendía, y añadió que era necesario actualizar la ley federal.
Dijo que la industria de internet y de la tecnología ha evolucionado desde que se adoptó la Sección 230 hace 25 años. En aquel momento, se utilizaba para proteger las páginas web que servían de tablones de anuncios para contenidos de terceros y para dar protección a las empresas frente a la responsabilidad de retirar contenidos como la pornografía infantil o la publicidad sobre el tráfico de personas, dijo.
Pero ahora, dijo que la Sección 230 fue interpretada de una manera tan amplia que las plataformas de internet quedan «sin responsabilidad por una variedad de daños que fluyen del contenido en sus plataformas, y con una discreción prácticamente sin límites para censurar el contenido de terceros con poca transparencia o responsabilidad».
Biden no explicó su medida de revocar la orden de su predecesor y la decisión fue anunciada junto con la revocación de varias otras órdenes de Trump hechas en 2020, incluyendo la orden sobre la protección de monumentos, memoriales y estatuas estadounidenses, y la lucha contra la violencia criminal reciente y la construcción del Jardín Nacional de Héroes Estadounidenses.
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