Cuando se cumplen dos meses desde su golpe de Estado la junta militar birmana no consigue estabilizar el país bajo su mando, asediada por las protestas y el gobierno civil paralelo, el resurgimiento de los conflictos con las guerrillas étnicas y la presión internacional contra su brutalidad.
En un ambiente cada vez más tenso y desolador, las protestas continuaron este jueves por todo el país en contra del levantamiento militar del pasado 1 de febrero que depuso al Gobierno electo de la premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi y acabó con una frágil transición democrática.
Mientras las fuerzas de seguridad continúan con una brutal represión a los manifestantes y la población en general, que ha dejado más de 530 muertos, el movimiento de desobediencia civil ha conseguido parar prácticamente la economía del país con sus huelgas.
«Más allá de permanecer en el poder indefinidamente no creo que haya una estrategia planificada. Sospecho que (los militares) subestimaron el nivel de descontento que provocaría su golpe a nivel nacional e internacional», explicó a Efe el especialista en regímenes autoritarios en el Sudeste Asiático Lee Morgenbesser.
El profesor de la Universidad Griffith de Australia sostiene que la del Tatmadaw (Ejército birmano) es «una historia de represión y guerra, lo que significa que tiene la fortaleza y la energía para seguir aplastando las manifestaciones independientemente del daño económico o de reputación que pueda resultar».
Intervención extranjera
Ante esta situación un representante del «Gobierno civil» birmano pidió hoy una intervención militar extranjera para los asesinatos de civiles.
«Necesitamos algún tipo de protección para los birmanos inmediatamente, es importante actuar rápido porque están matando en las calles. Yo diría francamente que es necesaria una intervención militar», dijo en una entrevista con Efe Htin Linn Aung, representante especial del Comité de Representantes de la Asamblea de la Unión (CRPH).
Este grupo formado por parlamentarios electos que viven en su mayoría de manera clandestina en Birmania actúa como Gobierno «legítimo» o «civil».
A pesar de la continúa violencia ejercida por soldados y militares contra los manifestantes las protestas continuaron hoy en las calles de varias ciudades del país donde se quemaron ejemplares de la Constitución de 2008 aún en vigor y que abrió la puerta hacia una «democracia disciplinada», como la bautizaron los militares.
La reforma de esa Constitución era una vieja aspiración de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Suu Kyi, que tuvo que aceptar que a los militares se les reservaran amplios poderes (el 25 por ciento de los asientos del Legislativo y el control de los ministerios de Interior, Defensa y Fronteras).
Tensión con las guerrillas étnicas
La situación de inestabilidad en Birmania se ha agudizado en los últimos días por las tensiones entre las guerrillas étnicas birmanas y el Ejército.
Mientras estos grupos armados que representan a varias minorías del país han amenazado con unirse al movimiento de protesta si continúa la violencia contra los manifestantes, la junta militar está viviendo enfrentamientos bélicos con algunos de estas guerrillas en regiones fronterizas.
Al menos 20 soldados murieron el miércoles en un enfrentamiento con el Ejército de la Independencia Kachin, una de las guerrillas étnicas más potentes del país, informó hoy el portal birmano DVB News.
El otro foco de conflicto étnico de los últimos días son los territorios controlados por la guerrilla karen, la Unión Nacional Karen, donde desde el pasado sábado y por primera vez en 20 años el Ejército ha perpetrado varios ataques aéreos que han causado la muerte de al menos 14 civiles y 20,000 desplazados.
Tras estos incidentes, la junta militar birmana ha anunciado a través de la televisión pública MRTV un alto el fuego unilateral de un mes con los grupos étnicos armados.
Baño de sangre inminente
El riesgo de una guerra civil total llevó este miércoles a la enviada especial de la ONU a Birmania, Christine Schraner Burgener, a advertir de «un baño de sangre inminente» del Ejército golpista y a pedir al Consejo de Seguridad que considere «acciones significativas».
«Todo el país está a punto de convertirse en un estado fallido», dijo la representante de Naciones Unidas, que también mostró su temor a que «debido a que la crueldad militar es tan grave, las guerrillas étnicas birmanas podrían tomar una postura clara de oposición, incrementando la posibilidad de una guerra civil a una escala sin precedentes».
Aunque gran parte de la comunidad internacional ha condenado con mucha dureza las acciones de los militares, el Consejo de Seguridad -el órgano de la ONU que puede imponer sanciones o aprobar el uso de la fuerza- se ha mostrado tibio hasta ahora, con varios países reacios a actuar contra las autoridades birmanas.
China y Rusia, que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad, figuran entre los Estados miembros que hasta ahora han preferido no denunciar el golpe de Estado del 1 de febrero.
Los uniformados justifican el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015; elecciones que fueron consideradas legítimas por los observadores internacional.
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