Una jueza federal dictaminó este lunes que los manifestantes de Black Lives Matter no pueden demandar al expresidente Donald Trump, al exfiscal general William Barr y a otros funcionarios de la administración Trump por dispersar a una multitud de manifestantes y agitadores de la plaza Lafayette de Washington D.C. el verano pasado.
Sin embargo, la jueza Dabney L. Friedrich, designada por Trump, permitió que el caso de Black Lives Matter siguiera adelante contra el Departamento de Policía Metropolitana de D.C. Aunque Friedrich desestimó la mayoría de los casos, dijo que el acceso a la plaza Lafayette se mantuvo continuamente restringido durante más de un año después de los disturbios.
«Hasta el día de hoy, más de un año después de los acontecimientos del 1 de junio, la plaza Lafayette sigue estando sujeta a mayores restricciones que limitan periódicamente el acceso de los manifestantes a la plaza», escribió Friedrich (pdf).
La demanda fue presentada contra funcionarios de la administración Trump por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en representación de Black Lives Matter, que alegó que el gobierno federal violó los derechos de los manifestantes durante las manifestaciones. Tras la muerte de George Floyd el año pasado, se produjeron protestas y disturbios en todo Estados Unidos, incluida la capital del país, lo que provocó intentos de incendio, lesiones a agentes de policía y otros actos de vandalismo.
En su demanda, Black Lives Matter y la ACLU alegaron que los agentes utilizaron gases lacrimógenos y otras medidas de control de masas para desalojarlos de la zona. Por aquel entonces, medios de comunicación y funcionarios demócratas afirmaron que Trump autorizó el desalojo de los manifestantes para poder hacerse una foto mientras sostenía una Biblia cerca de la iglesia de San Juan, pero un informe publicado a principios de este mes por el inspector general del Departamento del Interior desmintió esas acusaciones y no consideró que los funcionarios de la administración Trump actuaran de esa manera.
Friedrich señaló que los oficiales’ actuaron por «consideraciones de seguridad nacional» al retirar a los manifestantes, pero agregó que los departamentos de policía de Washington y Arlington podrían enfrentar una demanda por violar los derechos de la Primera Enmienda de los manifestantes.
«En primer lugar, la seguridad nacional —específicamente, el interés del país en la seguridad del Presidente y de la zona que rodea a la Casa Blanca— pesa fuertemente en contra de la acción de una (…) reparación aquí», escribió la jueza.
«En este contexto, no importa si el riesgo para la seguridad nacional justificó efectivamente la acción concreta que se llevó a cabo», declaró Friedrich en el fallo, añadiendo que la cuestión consiste en «si las ‘preocupaciones de seguridad nacional’ estuvieron presentes en el proceso de toma de decisiones que afrontaron los funcionarios federales y, por tanto, ‘si el Poder Judicial debe alterar el marco establecido por los poderes políticos para abordar casos [similares]'».
Cualquier decisión sobre la gestión de la actividad de las multitudes cerca de la Casa Blanca, situada en las proximidades de Lafayette Square, tendría que tener en cuenta también «los intereses de seguridad pública, presidencial y de la Casa Blanca», según el fallo.
En respuesta a la decisión de la jueza, el director jurídico regional de la ACLU, Scott Michelman, criticó el fallo por considerar que otorga demasiado poder al gobierno federal.
«Bajo la decisión de hoy, Lafayette Square es ahora una zona libre de la Constitución en lo que respecta a las acciones de los funcionarios federales», escribió Michelman en un comunicado el lunes. «Esta decisión no sólo es un rechazo asombroso de nuestros valores constitucionales y de los derechos de los manifestantes en virtud de la Primera Enmienda, sino que coloca efectivamente a los funcionarios federales por encima de la ley».
The Epoch Times se ha puesto en contacto con la ACLU para recibir sus comentarios.
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