El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, advirtió este viernes de que Washington seguirá imponiendo sanciones económicas a Nicaragua para que el líder Daniel Ortega rinda cuentas por sus «abusos».
El máximo representante de la diplomacia de EE.UU. hizo estas declaraciones durante un evento de agradecimiento al personal diplomático estadounidense que participó en la acogida de los 222 presos políticos nicaragüenses que fueron desterrados por Ortega en febrero pasado y enviados a Estados Unidos.
«El Gobierno seguirá presionando junto con nuestros socios en el continente para conseguir el retorno a la democracia y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua», expresó el titular de Exteriores.
Asimismo, Blinken prometió que Estados Unidos «usará todas las herramientas económicas para intentar promover la rendición de cuentas por los abusos generalizados que ha cometido el régimen» de Ortega.
El jefe de la diplomacia estadounidense recordó que los 222 nicaragüenses habían sido encarcelados «por ejercer sus derechos fundamentales», algo que «lamentablemente es un crimen en la Nicaragua de Ortega».
Muchos de ellos vivían en «duras condiciones», con el miedo de ser trasladados en cualquier momento a otra celda para ser torturados o incluso ejecutados, añadió Blinken.
El secretario aplaudió el trabajo «humanitario» y «compasivo» del personal de su departamento que acompañó a los activistas en el avión desde Managua hasta Washington, y que luego los ayudó a reunirse con familiares en Estados Unidos.
«Ahora, gracias a su trabajo, nuestros amigos nicaragüenses están iniciando una nueva vida en más de una docena de estados de Estados Unidos y algunos se están trasladando a otros países», enfatizó.
El pasado 9 de febrero, 222 presos políticos nicaragüenses, entre los que había prominentes figuras de la oposición como Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, fueron excarcelados, expulsados del país y despojados de su nacionalidad.
Un avión de Estados Unidos los recogió en el aeropuerto de Managua y los trasladó a Washington, donde se les entregó un permiso humanitario para permanecer en el país durante dos años. Algunos han aceptado las ofertas para recibir la nacionalidad española, colombiana, mexicana o chilena.
El obispo Rolando José Álvarez Lagos, quien estaba bajo arresto domiciliario, se negó a abandonar el país, por lo que el régimen lo trasladó a una cárcel y horas después fue condenado a 26 años de prisión.
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