El Departamento de Justicia de Estados Unidos determinó el 14 de mayo que Boeing violó un acuerdo de enjuiciamiento diferido que permitió a la compañía aeroespacial eludir cargos penales tras dos accidentes de su avión 737 MAX en los que murieron todas las personas a bordo.
Los fiscales del Departamento de Justicia dieron la noticia a un juez federal el 14 de mayo después de organizar una reunión a puerta cerrada con las familias de las víctimas de los accidentes de 2018 y 2019 el 24 de abril. La agencia tiene ahora hasta el 7 de julio para decidir si presentará cargos penales contra Boeing, tiempo durante el cual le dirá al tribunal cómo planea proceder, dijo el Departamento de Justicia.
Glenn Leon, el jefe de la sección de fraude del Departamento de Justicia, dijo en una carta que la compañía aeroespacial no implementó medidas para evitar que entrara en conflicto con las leyes federales antifraude, lo que constituye una violación de su acuerdo de enjuiciamiento diferido de 2021.
El Departamento de Justicia dijo que podría procesar a la empresa «por cualquier infracción penal federal de la que Estados Unidos tenga conocimiento», incluida una acusación de fraude que Boeing esperaba eludir con su acuerdo de 2500 millones de dólares con el gobierno estadounidense.
El gobierno no dijo si seguiría adelante con el procesamiento de Boeing, uno de sus mayores contratistas aeroespaciales.
«El gobierno está determinando cómo procederá en este asunto», dijo el Departamento de Justicia en un documento judicial.
Los accidentes de los 737 MAX de 2018 y 2019 tuvieron que ver con un nuevo sistema de control de vuelo que Boeing añadió al avión sin notificarlo a las aerolíneas ni a sus pilotos, según las investigaciones. La compañía aeroespacial descontó entonces la importancia del sistema y no revisó su aplicación hasta después de que el segundo accidente causara más víctimas.
El Departamento de Justicia investigó entonces a Boeing antes de resolver el caso con un acuerdo de enjuiciamiento diferido el 7 de enero de 2021. El departamento acordó no procesar por el cargo de fraude al gobierno al engañar a los reguladores que aprobaron el 737 MAX tras negociaciones a puerta cerrada con Boeing.
En su lugar, Boeing pagó un total de 2500 millones de dólares en concepto de liquidación. Eso incluía casi 1800 millones de dólares a las aerolíneas cuyos aviones 737 MAX fueron inmovilizados, un fondo de 500 millones de dólares para compensar a las víctimas y una multa de 243.6 millones de dólares al gobierno estadounidense.
«Los trágicos accidentes del vuelo 610 de Lion Air y del vuelo 302 de Ethiopian Airlines dejaron al descubierto la conducta fraudulenta y engañosa de los empleados de uno de los principales fabricantes de aviones comerciales del mundo», declaró en 2021 el fiscal general adjunto en funciones David P. Burns, de la División Penal del Departamento de Justicia.
«Los empleados de Boeing eligieron el camino del beneficio por encima de la franqueza al ocultar información material a la FAA sobre el funcionamiento de su avión 737 Max y participar en un esfuerzo por encubrir su engaño».
La fiscal federal Erin Nealy Cox, del Distrito Norte de Texas, también apareció en la declaración 2021 del Departamento de Justicia sobre el acuerdo con Boeing.
«Las declaraciones engañosas, medias verdades y omisiones comunicadas por los empleados de Boeing a la FAA impidieron la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad del público que vuela», dijo.
El acuerdo entre Boeing y el gobierno estadounidense expiraba el 7 de enero, dos días después de que estallara en pleno vuelo un panel de una puerta en un vuelo de Alaskan Airlines, también con un 737 MAX. Ese incidente desencadenó la investigación del Departamento de Justicia de 2024 sobre si Boeing había violado el acuerdo de 2021.
Como resultado de los diversos accidentes e incidentes, Boeing se ha enfrentado a múltiples demandas civiles, investigaciones del Senado y la Cámara de Representantes, y un mayor escrutinio público de sus prácticas comerciales.
Paul Cassell, el abogado que representa a las familias de las víctimas del accidente del 737 MAX, dijo a finales de abril que le preocupaba que el Departamento de Justicia estuviera dando a Boeing un «trato preferencial» después de que la reunión a puerta cerrada del 24 de abril con la agencia no arrojara ninguna actualización decisiva sobre su investigación.
«No entendemos cómo puede ser de interés público desestimar los cargos y evitar un juicio que podría arrojar luz sobre muchos de los problemas de seguridad que siguen apareciendo en relación con el 737 Max fabricado por Boeing», declaró a The Epoch Times.
Con información de The Associated Press.
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