Bolivia asumió este lunes la presidencia pro témpore de la Plataforma Regional de Lucha Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, un espacio de cooperación creado el año pasado junto a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
En representación del Gobierno de Bolivia participaron en el evento en La Paz la ministra de Exteriores, Celinda Sosa, y el ministro de Justicia, Iván Lima, junto a la jefa de oficina de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Argentina, Gabriela Fernández.
Una de las primeras acciones que emprenderá la plataforma bajo la presidencia boliviana será la puesta en marcha «el mes que viene» de un protocolo de asistencia consular para atender a las víctimas de estos delitos, anunció Sosa, según un comunicado de prensa de su despacho.
La ministra urgió a tomar medidas de protección conjuntas y coordinadas a nivel internacional contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
«Necesitamos con urgencia un cambio civilizatorio, queremos construir un mundo mejor para nuestros hijos, libres de los flagelos de las crisis del capitalismo que cada día se manifiesta de la forma más inhumana», añadió.
Lima se comprometió a trabajar en la consolidación del marco normativo que se requiera y en el fortalecimiento de la cooperación regional, la capacitación y la sensibilización sobre esta problemática.
A su turno, Fernández destacó la unión entre los países suramericanos para enfrentar estos delitos, sobre todo con una perspectiva de género en las medidas de reparación a las víctimas.
Según la funcionaria, «la mayoría de las víctimas de estos delitos son mujeres y niñas, representando un 63 % del total a nivel Latinoamérica», mientras que la explotación, «ya sea a través del trabajo forzoso o la explotación sexual, sigue siendo predominantemente dirigida contra este grupo vulnerable».
La plataforma fue creada en julio de 2023 por diez países suramericanos como un espacio de diálogo regional técnico y operativo para la coordinación de acciones y estrategias para prevenir y combatir la trata y tráfico de personas.
Entonces se acordó que Bolivia ejercería la presidencia temporal del mecanismo durante 2024.
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