El Gobierno interino de Bolivia calificó este viernes como un «ataque» contra el país unas declaraciones de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre el procesamiento de exautoridades de la etapa de Evo Morales.
«No aceptamos ese ataque contra Bolivia», aseveró en un comunicado la Cancillería del país.
El Gobierno interino cuestiona a Bachelet
La expresidente chilena se refirió a Bolivia durante una intervención este pasado jueves en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional.
Bachelet recordó los al menos 35 muertos y más 800 heridos, «la mayoría de ellos en operaciones del Ejército y la Policía», durante la crisis en Bolivia tras las frustradas elecciones del año pasado.
La alta comisionada expresó su preocupación «por la imputación de decenas de antiguos altos cargos gubernamentales y personas relacionadas con la antigua Administración» de Evo Morales.
El Ejecutivo transitorio de Jeanine Añez manifestó su «desacuerdo» con estas declaraciones, al entender que «se alejan de la realidad».
«Llama la atención la subjetividad del informe. Subjetividad que refleja apreciaciones erróneas sobre la situación de los Derechos Humanos en Bolivia», destaca el comunicado.
La nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia añade que el Gobierno interino «está comprometido con la promoción y protección de los Derechos Humanos», lo que a su juicio «no fue destacado por la alta comisionada».
Comisión de la Verdad
En este punto, anuncia una Comisión de la Verdad, para realizar «una investigación amplia y profunda sobre todas las violaciones a los Derechos Humanos que abarcará no solamente hechos recientes, sino los hechos ocurridos durante los últimos 14 años», en alusión a la etapa en el poder de Morales entre 2006 y 2019.
«En distintos tribunales y en distintas organizaciones de Derechos Humanos, tanto en Bolivia como fuera de Bolivia, hay registrados cientos de casos sobre atroces violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante los últimos 14 años, las que incluyen casos extremos como ejecuciones extrajudiciales», agrega.
La Comisión de la Verdad debe ser conformada por «bolivianos independientes», además de «observadores internacionales imparciales que respeten la soberanía de Bolivia y que no atenten contra la democracia y la libertad», subraya.
Varios procesos abiertos
Evo Morales tiene abiertos varios procesos en su país por denuncias de supuestos delitos como terrorismo y fraude electoral, presentadas por el Gobierno transitorio y políticos contrarios al exmandatario.
Otros miembros de su Gobierno están también procesados por distintas causas, entre ellos dos exministros en prisión preventiva.
El Ejecutivo provisional de Añez denuncia de forma reiterada que durante el Gobierno de Morales hubo supuestas violaciones de derechos humanos que no fueron juzgadas.
La semana pasada pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cambiar a dos miembros de la misión que enviará próximamente al país para indagar sobre la violencia durante la crisis de octubre y noviembre de 2019, al dudar de su imparcialidad.
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