El Gobierno interino de Bolivia defendió este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el accionar de las Fuerzas Militares y de la Policía en los incidentes ocurridos en noviembre en las ciudades de Sacaba y Senkata, calificadas de «masacre» por la Defensoría del Pueblo de ese país.
En una audiencia que daba término al 175 período de sesiones de la CIDH, que se celebró en Haití, la defensora del Pueblo boliviana, Nadia Cruz, exclamó: «Mi pueblo necesita justicia, necesita saber quién le disparó hasta causar 35 muertes».
Sus argumentos fueron rebatidos por el procurador de Justicia de Bolivia, José María Cabrera, quien la acusó de guardar silencio cuando el entonces presidente boliviano, Evo Morales, «perpetró el fraude electoral del 20 de octubre pasado.
«La defensora del Pueblo actúa de manera política, lo hace de manera sistemática contra el proceso de restauración de la democracia en nuestro país, tras 15 años de un Gobierno autoritario», afirmó el funcionario.
Aseguró que Cruz carece de «objetividad» y «credibilidad» en el pueblo boliviano debido a su notoria militancia política, además de acusarla de llamar a la conciliación por un lado, mientras por otro fomenta la confrontación.
En Sacaba, unos 350 kilómetros al sureste de La Paz, tuvo lugar el 15 de noviembre un duro enfrentamiento entre grupos cocaleros del trópico de Cochabamba, que intentaron entrar en la ciudad, y la Policía y el Ejército, que bloqueaba los accesos.
Los disturbios en la capital de la provincia Chapare dejaron al menos nueve muertos, que según la Defensoría del Pueblo de Bolivia sufrieron heridas de bala, y un balance de decenas de heridos.
En el caso de Senkata, un barrio de la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, la represión de las fuerzas del Estado contra los manifestantes dejó al menos 10 muertos, además de heridos, detenciones ilegales y denuncias de torturas, abusos y vejaciones.
Solo el 19 de noviembre murieron 8 personas en un operativo policial y militar, en medio de la tensión por los bloqueos en las calles, la escasez de comida y combustibles y los constantes enfrentamientos en favor y en contra del expresidente Morales.
«Tenemos un registro de graves violaciones a los derechos humanos, con 35 muertes, más de 800 personas heridas, más de 1.500 arrestadas, por lo que nos interesaría conocer cuál es la respuesta del Estado (boliviano) con sus obligaciones internacionales en cuanto a los derechos humanos», expuso la relatora.
El ministro de Justicia boliviano, Álvaro Coimbra, respondió que el número de personas heridas y arrestadas había sido «abultado» por quienes no desean una paz «duradera» en el país y agregó que durante el Gobierno de Morales fueron «asesinadas» más de 100 personas, mientras otras 1.300 se vieron obligadas a ir al exilio.
Coimbra, incluso, acusó a la CIDH de haber sido «cómplice» de las supuestas violaciones de los derechos humanos cometidas por Morales durante sus 14 años en el poder.
Al término de los debates, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el mexicano Joel Hernández García, dijo que ese organismo aceptó una invitación del Gobierno boliviano para enviar una comisión a ese país este mismo año.
«Al escucharlos, vino a mi mente la relevancia de la próxima visita que hará la CIDH a Bolivia, para corresponder a una invitación del Estado. Nos parece que en esa visita vamos a escuchar mejor el complejo panorama y a partir de ahí formular recomendaciones muy constructivas para auxiliar a Bolivia en este momento», dijo Hernández.
Bolivia acudirá nuevamente a las urnas el 3 de mayo para elegir a su presidente y vicepresidente y renovar a la Asamblea Legislativa, tras los fallidos comicios del 20 de octubre pasado que fueron anulados en medio de denuncias de fraude contra Evo Morales, quien renunció al poder el 10 de noviembre denunciando un golpe de Estado.
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