Los líderes de Santa Cruz, el motor económico boliviano, aceptaron este miércoles que el censo de población se efectúe en 2024 al considerar que su propuesta para que sea en 2023 ya no es sostenible técnicamente y ratificaron la huelga regional a la espera de una ley sobre el proceso censal.
Estos anuncios fueron realizados en una declaración conjunta del gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho; el vicepresidente del comité cívico regional, Stello Cochamanidis, y el rector de la estatal Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar.
«Hoy podemos sostener, con base en el criterio técnico, que el censo ya no es sostenible técnicamente para que se lleve adelante en 2023», lamentó Cuéllar.
Según el rector, la propuesta inicial del Comité Interinstitucional del Censo planteaba el empadronamiento para el 28 de junio de 2023, pero debieron ajustar el calendario progresivamente porque algunas actividades no se hicieron oportunamente por la «ineficiencia» del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Camacho acusó por su parte al Ejecutivo de Luis Arce y al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) de haber dilatado «por siete meses» este conflicto.
Según el gobernador, algunos legisladores le explicaron que si la norma se rechaza en la sesión de la Cámara de Diputados convocada para este jueves, ya no se podrá presentar otro proyecto y «nos quedamos sin ley».
Por ello, pidió a los parlamentarios de su partido, Creemos, y de la también opositora Comunidad Ciudadana (CC) que acepten la ley que fije el censo para 2024, como lo estableció el decreto firmado hace unos días por el presidente.
El opositor sostuvo que fue una decisión «muy difícil», pero que es «comprensible» por las explicaciones recibidas.
También insistió en que no fue una derrota para Santa Cruz, pues se logró lo que no se pudo tras el censo de 2012, que es el compromiso de reasignar recursos estatales y escaños parlamentarios en función de los nuevos datos poblacionales.
La huelga continúa
Cochamanidis ratificó que «el paro continúa» y que desde la región respaldarán a los parlamentarios opositores «que van a estar peleando en un terreno totalmente adverso» para lograr la aprobación de la ley.
Los líderes cruceños coincidieron en que el MAS «ya no tiene excusas» y que está en sus manos resolver el conflicto «cuanto antes».
«La jugada del MAS es dejarnos sin ley», advirtió Camacho, quien también anunció que el lunes tomarán juramento a una «comisión de notables» que evaluará «la relación política, económica y social entre el Estado boliviano y Santa Cruz», lo que, a su juicio, será «la lucha de las luchas».
«Nos hemos cansado de atropellos, de que no le importe tenernos en las calles, de que pateen a nuestra gente, que la metan presa (…) Podemos seguir dos años en paro y esto va a seguir sucediendo, tenemos que cortarlo de raíz y la única forma es estableciendo una línea» de derechos, obligaciones y necesidades, agregó.
El censo debía realizarse este mes, pero en julio el Gobierno lo postergó para 2024 argumentando «problemas técnicos», lo que causó el rechazo sobre todo de Santa Cruz que lleva 33 días en huelga por la pronta realización de la encuesta nacional.
El nuevo decreto presidencial fija el 23 de marzo de 2024 como fecha para el empadronamiento y que en septiembre de ese año se distribuirán los recursos económicos.
Los líderes cruceños desconfían del Gobierno por la forma en que se ha llevado el proceso censal y reclaman que estos aspectos, además de la asignación de escaños parlamentarios, se establezcan por ley.
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