Un gran número de personas se concentró el miércoles en Santa Cruz, Bolivia para exigir la libertad para el gobernador del estado Luis Fernando Camacho y otros prisioneros políticos, de lo contrario prometieron revocar al presidente Luis Arce.
El cabildo nacional estuvo liderado por el presidente del Comité Cívico Pro-Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien también lideró el acto en el departamento cruceño. El cabildo nacional se celebró de manera simultánea en otras ciudades de los nueve departamentos de Bolivia bajo la iniciativa de los comités cívicos.
“Bolivia es un infierno. No solo estamos indefensos, no solo no tenemos justicia—tenemos la justicia contra nosotros. En lugar de buscar justicia en Bolivia, tenemos que huir de ella”, dijo Calvo en un discurso dirigido a miles de bolivianos el 25 de enero por la noche.
“La justicia nos persigue, nos aterroriza, nos extorsiona y nos priva de nuestra libertad. Este gobierno la secuestró para crear inseguridad y un régimen de terror”, añadió.
Calvo también propuso a los asistentes instruir la aprobación de una ley de amnistía para que se libere a Camacho y a todos los presos políticos en Bolivia, como la expresidenta interina Jeanine Áñez y el exlíder cívico Marco Pumari, en “un plazo no mayor de 30 días”.
“Y que en caso de incumplimiento, ¿están todos de acuerdo en comprometerse a impulsar activamente un proceso constitucional para revocar el mandato del presidente Luis Arce Catacora a partir de mayo próximo, por constituir su gobierno un régimen dictatorial y antidemocrático?”, continuó.
Los manifestantes aprobaron la propuesta de Calvo, y exigieron la puesta en libertad del gobernador Camacho, quien se encuentra recluido “preventivamente” desde diciembre pasado en el penal de Chonchocoro, en La Paz, bajo el caso de “golpe de Estado I” aún en curso.
Por su parte, el gobierno de Arce intentó restar importancia a la convocatoria de cabildo nacional calificándolo como “reducido”, y cuyo fundamento es dijo, “la búsqueda de impunidad para la violación de los derechos humanos y las masacres de 2019”, según el medio estatal Agencia Boliviana de Información (ABI).
El gobierno se refirió a las protestas ciudadanas suscitadas tras los comicios de 2019, en los que el Movimiento al Socialismo (MAS) insistía en la postulación de Morales para un cuarto mandato hasta 2025 a pesar del límite constitucional de dos periodos seguidos que resultaron en la petición de renuncia del exmandatario.
Camacho, líder opositor y gobernador de Santa Cruz, fue detenido el 28 de diciembre del año pasado. Tras su arresto la fiscalía de Bolivia pidió inicialmente una prisión preventiva de 6 meses, los cuales se redujeron posteriormente a cuatro meses, por presuntos delitos de “terrorismo” relacionados con la crisis política del 2019.
Con información de EFE.
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