El viceministro boliviano de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, aclaró el lunes que la vacunación contra la COVID-19 es voluntaria y que no habrá sanciones de cárcel a quienes decidan no vacunarse, luego que relacionara el incumplimiento de la medida con un delito de hasta 10 años de cárcel.
La Cámara de Diputados del país emitió el 23 de diciembre el Decreto Supremo 4640, donde estipula que se exigirá el carnet de vacunación y como segunda opción una prueba de PCR negativa contra la COVID, enfermedad causada por el virus del PCCh.
A partir del 1 de enero, regirá en Bolivia un control más riguroso en espacios públicos como cines, restaurantes o bancos, entre otros; donde se deberá exigir el carné de vacunación a mayores de 5 años.
Sin embargo, el viceministro Silva generó controversia hace unos días al sugerir que quienes no se vacunaran, podrían recibir hasta 10 años de prisión.
“Si yo no demuestro estos documentos y si me hacen la prueba y tengo COVID, estoy atentando contra la salud pública de la población”, dijo Silva al canal local Bolivia TV, el 26 de diciembre. “Por lo tanto, pueden hacerme un proceso por atentar contra la salud pública de la población; y de acuerdo al código, ese delito esta sancionado hasta con 10 años de cárcel”.
Silva se refería al Código Penal Boliviano, que indica penas de entre 1 a 10 años para quienes propaguen enfermedades graves o contagiosas u ocasionen epidemias. El código hace referencia a contagiar intencionalmente, con o sin pasaporte de vacunación.
Días después, el funcionario aclaró el tema, señalando que no habría castigo penal para quienes rechazaran la vacuna. Silva sostuvo que se sacaron de contexto sus declaraciones y que esto generó preocupación entre la población.
«Es voluntaria, si no quieres, no lo haces y si no lo haces nadie te va a procesar», dijo Silva, añadiendo que se aceptarán exenciones religiosas y médicas.
Bolivia está en la cuarta ola de contagios de la COVID con ascenso en sus casos que ya llegaron a registrar más de 2000 diarios.
El país acumula 577,808 casos positivos y 19,554 muertes desde que se identificaron los primeros contagios en marzo de 2020.
En tanto, el plan de vacunación avanza y ya se aplicaron 9.509.864 primeras, segundas y terceras dosis en total, de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud.
La vacunación contra el virus del PCCh en Bolivia comenzó a finales de enero con el personal de salud de primera línea y se amplió en el transcurso del año a otros sectores, hasta incluir desde el 9 de diciembre a los niños de 5 a 11 años con la autorización de sus padres o tutores legales, con miras a lograr el retorno a las clases presenciales en 2022.
En Bolivia se emplean la vacunas china Sinopharm y la rusa Sputnik V compradas por el gobierno, y los fármacos AstraZeneca, Pfizer y Janssen donados mediante el mecanismo Covax de las Naciones Unidas.
Con información de EFE y NTD Noticias.
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