La presidenta de Perú, Dina Boluarte, volvió a acusar este sábado a su predecesor, Pedro Castillo, de ser el «autor de las más de 60 víctimas» de las protestas que sacudieron el país entre diciembre y marzo pasados, y reiteró que el exmandatario está involucrado con «el narcotráfico y la minería ilegal».
«Los fallecidos en esa crisis política del primer trimestre de este año, ¿a quien beneficiaban? ¿A este Gobierno de una mujer andina, provinciana, o a Pedro Castillo que había dado el golpe de Estado y mandó a toda esa gente a generar la violencia en el país?», declaró Boluarte durante una actividad oficial en la localidad de Manchay.
Seguidamente, la gobernante agregó: «Pues a Pedro Castillo, el asesino sentado en (el penal de) la Diroes (Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional). Es Pedro Castillo el autor de las más de 60 víctimas de esa crisis política, de ese enfrentamiento entre peruanos y peruanos que lamentamos tremendamente».
Boluarte aseveró que su Ejecutivo no va a «caer en esa provocación ni en ese juego» y dijo que su gestión sigue «firme, defendiendo la democracia y la institucionalidad» del país.
«No nos vamos a detener con aquellas provocaciones que ya sabemos que les manda Pedro Castillo y vienen pagados, algunas personas, con dinero ilegal y no son de acá. Nosotros ya sabemos, a donde vamos nos manda su piquete Pedro Castillo, financiado por el narcotráfico y financiado por la minería ilegal. No les vamos a hacer caso, nosotros seguimos trabajando», indicó.
Durante la crisis, Boluarte y otros funcionarios de su gobierno afirmaron varias veces, sin pruebas, que las muertes en las protestas se debían a armas de fabricación casera o a armas de fuego y munición introducidas desde Bolivia, algo que ha sido criticado por organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW).
Las protestas antigubernamentales, que estallaron en diciembre de 2022 tras el fallido autogolpe de Castillo, dejaron un saldo de 1300 heridos y 77 fallecidos, de los cuales 49 murieron en enfrentamientos directos entre los manifestantes y las fuerzas del orden.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia policial durante las protestas y aseguró que ha encontrado casos de «ejecuciones extrajudiciales».
Agregó que la violencia a manos de las fuerzas del orden en la localidad sureña de Ayacucho debe ser investigada «con un enfoque étnico-racial» y que la situación podría ser considerada como «una masacre», algo que fue rechazado por Boluarte.
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