Los bomberos, policías y otros empleados del gobierno de la ciudad de Nueva York despedidos después de que la ciudad rechazara su solicitud de ser eximidos de la orden de vacunación contra COVID-19, por motivos religiosos, presentaron una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema a última hora del 2 de noviembre para que detenga el mandato.
Es injusto que los artistas y atletas adultos no vacunados queden exentos del mandato, mientras que otros trabajadores no vacunados se ven obligados a cumplirlo y son despedidos si se niegan a recibir la vacuna, argumenta John Bursch, consejero principal y vicepresidente de la abogacía de apelación de Alliance Defending Freedom, un bufete de abogados de interés público especializado en casos de libertad religiosa que interpuso la nueva acción legal.
Muchas personas que se oponen a las distintas vacunas contra COVID-19 por motivos religiosos lo hacen porque en las pruebas, desarrollo o producción de la vacuna estaban involucradas líneas celulares de fetos humanos abortados.
«Los bomberos, profesores, policías, trabajadores de la salud y otros empleados públicos de la ciudad de Nueva York perdieron sus medios de vida y muchos están perdiendo sus hogares debido a las políticas de vacunas discrecionales e inconstitucionales de la ciudad», dijo Bursch en una declaración.
«Como escribimos en nuestra solicitud de suspensión de emergencia, estos héroes de la ciudad han dedicado sus vidas a servir a sus vecinos y a mantener su ciudad funcionando de manera segura y eficiente, sin embargo, los funcionarios de la ciudad de Nueva York los suspendieron y despidieron porque no pueden vacunarse contra COVID-19 sin violar sus creencias religiosas sinceras», dijo el abogado. «Pero en el caso de los atletas, los artistas y las strippers, la ciudad encontró una forma de flexibilizar su mandato».
«Nosotros instamos a la Corte Suprema a que escuche las historias de estos dedicados servidores públicos que simplemente están tratando de mantener a sus familias de una manera consistente con su fe. Ya es hora de que la ciudad de Nueva York honre la tradición de fe de sus trabajadores públicos y revoque sus políticas inconstitucionales de vacunación».
La presentación judicial (pdf), de New Yorkers for Religious Liberty vs. City of New York, está dirigida a la jueza Sonia Sotomayor, que se ocupa de las solicitudes de emergencia en el 2º Circuito.
Aunque las restricciones de la época de la pandemia se han ido suavizando en los últimos meses, algunas permanecen.
La Corte Suprema anuló en enero una importante orden federal de vacunación.
El alto tribunal votó 6-3 el 13 de enero de este año en el caso de la Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB) contra el Departamento de Trabajo para bloquear el régimen de vacunación del sector privado de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. El mismo día, la Corte se pronunció en sentido contrario en el caso Biden contra Missouri, votando 5-4 para mantener una norma del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. que exige que más de 10 millones de empleados de los centros de salud que participan en los programas de Medicare y Medicaid se vacunen contra COVID-19.
«Las agencias administrativas son criaturas de la ley» y «sólo poseen la autoridad que el Congreso les ha otorgado», afirma la opinión mayoritaria de los jueces en la sentencia de la Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB). «El Secretario ordenó a 84 millones de estadounidenses que se vacunen contra COVID-19 o se sometan a pruebas médicas semanales a su cargo. Esto no es un ‘ejercicio cotidiano del poder federal’. Por el contrario, se trata de una importante intromisión en la vida —y la salud— de un gran número de empleados».
«Aunque COVID-19 es un riesgo que se da en muchos lugares de trabajo, no es un riesgo laboral en la mayoría», añade el dictamen. «El COVID-19 puede propagarse, y de hecho lo hace, en el hogar, en las escuelas, durante los eventos deportivos y en cualquier otro lugar donde se reúna la gente».
No está claro cuándo Sotomayor o el pleno de la Corte Suprema se ocuparán de la nueva solicitud.
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