El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, desistió de su intento de anular una citación del Congreso a un exfiscal que trabajó en su oficina, informó este viernes un asesor del Congreso a The Epoch Times, en una declaración.
«Esta tarde, la Fiscalía del Distrito de Manhattan retiró su recurso en el caso Bragg vs. Jordan. La declaración por deposición del Sr. Pomerantz seguirá adelante el 12 de mayo, y esperamos con interés su comparecencia», escribió a The Epoch Times en una declaración Russel Dye, portavoz del representante Jim Jordan (R-Ohio), presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes.
«Bragg cedió. Jim Jordan ganó», escribió el Comité Judicial de la Cámara en un mensaje en Twitter el viernes.
El proceso envolvió un enfrentamiento legal entre Bragg y los republicanos del Poder Judicial de la Cámara, por el cual Bragg había intentado evitar que los legisladores solicitaran el testimonio de Mark Pomerantz, un exfiscal que investigó las finanzas del expresidente Donald Trump. Pomerantz abandonó la oficina de Bragg en febrero de 2022 en protesta por la falta de voluntad inicial de Bragg de presentar una acusación contra Trump.
Un gran jurado, alentado por Bragg, presentó una acusación contra Trump a finales de marzo, lo que llevó a Jordan a iniciar una investigación sobre lo que él llama una acusación «políticamente motivada» contra un expresidente. Jordan citó a declarar a Pomerantz como parte de esa investigación. En respuesta, Bragg demandó a la Comité Judicial de la Cámara de Representantes y a Pomerantz para impedir que este testificara.
Esa demanda condujo a una audiencia el miércoles en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, y una decisión posterior de la jueza de distrito, Mary Kay Vyskocil, designada por Trump, quien ordenó que el panel del Congreso tiene la autoridad para involucrarse en la investigación de Trump y rechazó la solicitud de Bragg de una medida cautelar judicial sobre la citación del Congreso.
Bragg escribió en una presentación judicial que tenía la intención de apelar la decisión de la corte inferior ante la Corte de Apelaciones del 2do Circuito el 19 de abril. Ese mismo día, la Corte dictó una suspensión administrativa temporal sobre la fecha de restitución de la citación de Pomerantz por parte del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Esta suspensión administrativa no refleja la opinión del tribunal sobre el fondo del caso de Bragg, indicó la corte en una presentación del 19 de abril, sino que servía como una breve pausa mientras la corte consideraba si extender la congelación de la citación mientras Bragg apela el caso.
En un principio estaba previsto que un panel de tres jueces se pronunciara a principios de la próxima semana sobre este asunto.
El viernes, Bragg retiró la apelación, poniendo fin a la disputa legal entre él y los legisladores de la Cámara.
«Nuestra exitosa suspensión de esta citación bloqueó la declaración inmediata y nos dio el tiempo necesario para coordinar con el Comité Judicial de la Cámara un acuerdo que proteja los privilegios e intereses del Fiscal del Distrito. Nosotros estamos satisfechos con esta resolución, que garantiza que cualquier interrogatorio de nuestro exempleado tendrá lugar en presencia de nuestro Asesor Jurídico General en un plazo razonable y acordado. Nos complace que el fallo del Segundo Circuito nos haya brindado la oportunidad de resolver con éxito esta disputa», escribió la oficina de Bragg en una declaración posteada el viernes en Twitter.
Comentarios del juez
Durante la audiencia celebrada el miércoles en el juzgado de distrito, la corte confirmó la postura de los legisladores del Congreso de que solicitar el testimonio de Pomerantz respondía a un interés legislativo válido y de que Pomerantz, debido a su propia conducta, no está protegido por privilegios de confidencialidad.
En su orden, la jueza Vyskocil se mostró de acuerdo con el razonamiento de los legisladores del Congreso de que el testimonio de Pomerantz puede contribuir a fundamentar la legislación actual y pendiente. Esta legislación incluye un proyecto de ley que, de promulgarse, prohibiría el uso de fondos federales para investigar a un presidente en ejercicio o a un expresidente (la ley Accountability for Lawless Violence In our Neighborhoods, o ALVIN, Act) y otra que permitiría al Congreso eliminar una acción o proceso contra un expresidente (H.R. 2553).
«No es función del poder judicial federal dictar qué legislación puede considerar el Congreso o cómo debe llevar a cabo sus deliberaciones al respecto», escribió la jueza, añadiendo que la Constitución de EE. UU. protege a los legisladores de los litigios cuando sus acciones sirven a un interés legislativo válido.
La jueza rechazó el intento de Bragg de utilizar una decisión de la Corte Suprema (Trump vs. Mazars) para justificar su caso. En esa decisión, la máxima instancia judicial falló a favor de Trump y declaró que los comités del Congreso no podían citar los estados financieros de Trump porque hacerlo violaría la separación de poderes entre el ejecutivo y el legislativo.
Durante la audiencia del miércoles, los abogados de Bragg dijeron que el razonamiento de Trump vs. Mazars se aplicaba a este caso y que la citación del comité es una intromisión inconstitucional del poder legislativo en un proceso del poder ejecutivo estatal. La jueza Vyskocil discrepó.
«La citación del Congreso en el caso Mazars iba dirigida a material perteneciente al Presidente en ejercicio de los Estados Unidos», escribió Vyskocil en su sentencia, señalando que Trump representaba claramente al poder ejecutivo entonces.
«Por el contrario, aquí, la citación fue emitida a un ciudadano privado que ya no es empleado de ningún gobierno estatal y que ha escrito un libro y hablado extensamente sobre el tema de la investigación del Congreso», escribió la jueza. «La corte no está persuadida de que Mazars sea aplicable a este caso».
En su fallo, Vyskocil también rechazó el razonamiento de Bragg de que Pomerantz goza de privilegios de confidencialidad y, que por eso no debía ser obligado a revelar información sobre su antiguo empleo en la oficina del fiscal de Manhattan. La jueza señaló que, dado que no puede predecir lo que el Congreso preguntaría y lo que Pomerantz diría, no es lógico afirmar que esas hipotéticas declaraciones violarían el privilegio.
«El planteamiento de Bragg sobre el secreto profesional no es convincente», escribió Vyskocil. » Esta Corte no anulará una citación basándose únicamente en la cadena aparentemente interminable de ‘si es que’ de Bragg».
Pomerantz, en una presentación judicial del 17 de abril, escribió que se le pondría en una «posición imposible» si tuviera que testificar en el Congreso porque podría enfrentarse a un proceso penal si testifica —violando las leyes de confidencialidad— o si se niega a testificar —cometiendo desacato al Congreso.
La jueza desestimó esta preocupación.
«(L)a Corte señala que Pomerantz se encuentra en esta situación porque decidió introducirse en el debate público escribiendo un libro que ha descrito como ‘apropiado y de interés público'», escribió Vyskocil en su auto del miércoles.
«[Bragg] no puede alegar seriamente que cualquier información ya publicada en el libro de Pomerantz y discutida en televisión en horario de mayor audiencia frente a millones de personas esté protegida de la divulgación como producto del trabajo del abogado (o de otro modo)».
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