El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este viernes en una comparecencia televisiva que la presidencia veta de facto la Ley de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación, aprobada el miércoles por la Asamblea Legislativa.
Bukele dijo que ese cuerpo de ley «no cumple» con las normas mínimas de los procesos de amnistía.
La ley deroga una anterior que señalaba a criminales de guerra y de lesa humanidad en el conflicto de la década de 1980, pero ha traído la inconformidad de muchos.
El presidente Bukele fue enfático al negarse a aprobar la ley. «Es hora de que los criminales de guerra paguen» por lo que hicieron.
La aprobación del pasado miércoles contó con «44 votos, del partido ARENA, el Partido de Concertación Nacional (PCN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Mientras, el FMLN se echó atrás a última hora para dar sus votos» en favor de la discutida ley, informó el diario ElSalvador.com.
Eduardo García trabajó en el equipo de la normativa que intentaba una justicia a las víctimas, ahora presenta su inconformidad.
“Todo esto que se ha trabajado en espaldas de la víctima y diciendo que era retomando sus causas, termina siendo una ley con una gran bajeza; una ley que no representa a las víctimas, y que demuestra nuevamente que no han sido escuchadas”, explicó García.
Mientras, el rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas Uca, Andreu Oliva, explicó a la Voz de América algunos de los vacíos de la polémica ley.
“Le da un excesivo poder al fiscal para definir realmente qué casos son considerados crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra”, señaló.
Oliva también señaló que los archivos de las Fuerzas Armadas quedan restringidos a una mayor parte de la investigación.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele precisó que la ley solo sería aprobada por la presidencia si contiene, específicamente, tres puntos: verdad, reparación y justicia, y descalificó la acción de la asamblea legislativa pues “no cumple ninguno de estos 3 elementos”.
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