La ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció este lunes al exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla (2019-2023) por «traición a la patria», «abuso de autoridad» y «violación de los deberes de los funcionarios públicos», delitos presuntamente cometidos durante la causa por la muerte de un activista en 2017.
Según Bullrich -quien ocupaba la cartera de Seguridad en el momento del suceso, durante el gobierno del centroderechista Mauricio Macri (2015-2019)-, el secretario de Derechos Humanos durante el Ejecutivo del peronista Alberto Fernández (2019-2023) habría «aseverado hechos falsos y ocultado hechos auténticos» durante su presentación, en mayo de 2022, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de la causa presentada ante esta instancia por familiares del activista Santiago Maldonado.
En su querella, la ministra considera que Pietragalla declaró en este sentido con la intención de involucrarla en «supuestas conductas ilícitas en la búsqueda e investigación administrativa suscitada por la desaparición de Maldonado», quien murió el 1 de agosto de 2017, pero fue hallado 78 días después en un pozo.
En su denuncia, Bullrich carga contra las acusaciones lanzadas por Pietragalla ante la CIDH, en las que aseguró que el Estado argentino «ocultó pruebas», «sembró pistas falsas», «no les permitió a los familiares (de Maldonado) el acceso a la información relevante sobre la búsqueda de Maldonado» y «no les dejó participar en las principales medidas de búsqueda».
«Todo es absolutamente falso, puesto que la familia Maldonado tuvo una participación crucial en la búsqueda y en el posterior hallazgo del cuerpo del joven (…) e inclusive (pudo) dirigir el operativo de extracción del cuerpo (…) y acompañar su traslado a la morgue», asegura la ministra, que fue candidata presidencial de la coalición centroderechista Juntos por el Cambio en los últimos comicios de Argentina y, tras quedar fuera del balotaje, apoyó al libertario Javier Milei.
Según la denuncia de la ministra, las afirmaciones del entonces secretario podrían enmarcarse en el delito de «traición a la patria», ya que comprometen a Argentina ante un organismo internacional que puede sancionar al país, obligándole a indemnizar a los familiares de Maldonado.
La Constitución de Argentina establece que los hallados culpables del delito de traición a la patria «serán penados con el máximo de la pena contemplada en el Código Penal y en el Código de Justicia Militar, según corresponda, e inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos».
En agosto de 2023, la Justicia argentina sobreseyó a los gendarmes (policías fronterizos) investigados por la muerte de Maldonado, quien tenía 28 años en aquel momento.
Según la investigación del caso, habría muerto en ese mismo lugar durante su huida del desalojo policial de una protesta indígena mapuche en la provincia patagónica de Chubut (sur del país).
El ‘caso Maldonado’ adquirió una especial relevancia política en Argentina, fue tratado por la ONU y otros organismos internacionales y marcó la campaña electoral de las elecciones legislativas celebradas en el país en 2017.
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