El alcalde de South Bend, Pete Buttigieg, abogó por indemnizaciones para las personas que entran a Estados Unidos ilegalmente si son menores de edad que fueron detenidos en la frontera por agentes federales de inmigración.
Buttigieg dijo el mes pasado que el gobierno estadounidense debería dar una indemnización a los niños separados de sus familias en la frontera sur. Se le preguntó si se comprometía a proporcionar una indemnización económica a esos niños.
«Sí, y deberían tener una vía rápida para obtener la ciudadanía porque lo que Estados Unidos les hizo bajo este presidente estuvo mal», respondió Buttigieg. «Tenemos la obligación moral de enmendar lo que se rompió».
Buttigieg, de 37 años, habló en el debate presidencial demócrata el 19 de diciembre.
Buttigieg se abrió un espacio inusual cuando luego se negó a respaldar las indemnizaciones para los descendientes de esclavos, una propuesta cada vez más popular entre los demócratas, aunque dijo que el gobierno debería invertir en empresas propiedad de minorías, universidades para negros y «equidad en la salud». Dijo que quería que se formara una comisión para estudiar las indemnizaciones para los descendientes de esclavos.
Según el economista de la Universidad de Columbia, Suresh Naidu, las reparaciones para los extranjeros ilegales podrían costar hasta 101,000 dólares en 2014 por cada extranjero ilegal. Se llegó a las estimaciones contando la diferencia «entre lo que se paga a los trabajadores centroamericanos y mexicanos indocumentados y lo que se les pagaría si gozaran de plena igualdad de derechos», según The Nation, que pidió a Naidu que hiciera la estimación.
Se cree que hay hasta 29 millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos.
Buttigieg también afirmó en el debate que las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)—que incluye a oficiales que buscan y arrestan a inmigrantes ilegales, particularmente aquellos con antecedentes penales—»no hacen que nuestro país sea más seguro».
«Tuve que mirar a los ojos de un niño de 8 años cuyo padre fue deportado, a pesar de que no tenía nada más que una multa de tráfico contra su nombre, y tratar de pensar en algo para decirle a ese niño porque no podía decirle lo que más quería oír, que es que iba a tener a su padre de vuelta. ¿Cómo es posible que el daño a ese joven haga que Estados Unidos sea más seguro?», dijo el alcalde.
Según el ICE, el 86 por ciento de los arrestos administrativos en el año fiscal 2019 fueron extranjeros con condenas penales o cargos criminales pendientes.
«Hay más extranjeros criminales en las calles y se sabe que estos extranjeros criminales son reincidentes. Eso significa que habrá más victimización allá afuera», dijo a los reporteros el director interino del ICE, Matthew Albence, en una llamada reciente.
«Desafortunadamente, algunos de nuestros compañeros en la aplicación de la ley han elegido no cooperar con nosotros, cuando tenemos una capacidad única para prevenir realmente los crímenes porque sabemos que estos individuos, si los sacamos de la calle, si los sacamos de las comunidades, si los sacamos del país, esos son crímenes que no se van a cometer y que de otra manera se habrían cometido».
Charlotte Cuthbertson contribuyó a este informe.
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