Un número creciente de personas acusadas de delitos relacionados con la irrupción al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 están solicitando retrasos en sus juicios para poder revisar las nuevas imágenes divulgadas.
Shane Jenkins, se convirtió en uno de los últimos acusados al presentar una moción a través de un abogado para retrasar el juicio debido a la divulgación de unas 41,000 horas de grabaciones de imágenes de seguridad del 6 de enero.
«El Sr. Jenkins solicita que su juicio, cuyo inicio está previsto para el 21 de marzo de 2023, sea aplazado para que el abogado defensor pueda revisar la información adicional», escribió Dennis Boyle, el abogado, en la moción.
Los republicanos, que tomaron el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en enero, revelaron las imágenes a Fox News y dijeron que estaban concediendo acceso a cualquier acusado que quisiera ver los vídeos.
El parte de interés para el acusado incluye unas 25,000 horas de metraje que Jenkins no ha podido revisar, según la nueva presentación.
«La solicitud de tiempo adicional es necesaria para revisar adecuada y diligentemente toda la información relativa al Sr. Jenkins y para determinar si algún vídeo contiene información relevante y material que pueda afectar a la defensa del Sr. Jenkins. Las pruebas de vídeo que muestran al Sr. Jenkins constituirían pruebas exculpatorias y materiales, que requerirían la revelación por parte del gobierno», dijo Boyle. «Debido a la gran cantidad de vídeo que se está divulgado, y a que el Sr. Jenkins está actualmente encarcelado, solicitamos tiempo adicional para revisar la información y prepararnos para el juicio».
Los fiscales del Gobierno se opusieron a la petición.
El juez de distrito, Amit Mehta, designado por Obama para supervisar el caso, aún no se ha pronunciado sobre la petición.
Jenkins fue acusado de violencia física en los terrenos o el edificio del Capitolio y alteración del orden público, entre otros cargos.
William Pope, otro de los acusados, dijo al tribunal en una presentación judicial separada que no ha tenido acceso a «más del 99 por ciento de las evidencias» a pesar de que han transcurrido más de dos años desde que fue detenido.
Los fiscales se opusieron a poner a disposición gran parte de las grabaciones porque el Poder Legislativo era el propietario original de las evidencias, dijo Pope. «Sin embargo, ahora que el Poder Legislativo ha dado su bendición para que los acusados tengan acceso a los archivos legislativos, el ya débil argumento del gobierno para negar el debido proceso se ha derrumbado. Este tribunal debería concederme inmediatamente el pleno acceso a las evidencias», declaró el acusado.
Si el gobierno sigue negando a Pope el acceso a la información necesaria para su defensa, el caso debe ser desestimado, argumentó Pope. Al momento se le acusa de desorden civil y otros cargos.
El juez de distrito, Rudolph Contreras, también designado por Obama, supervisa el caso de Pope. Durante una audiencia celebrada tras la presentación de la petición, Contreras retrasó el juicio para dar tiempo al gobierno a responder a otra petición, que solicitaba al juez que desclasifique las grabaciones de tres agentes encubiertos que participaron el 6 de enero.
Ryan Nichols, un tercer acusado, pidió recientemente al tribunal que retrase su juicio hasta que sus abogados y los ayudantes de los colaboradores revisen las imágenes recién reveladas.
«La posición del acusado es simple y sin complicaciones: no hay ninguna razón justificable por la que esta nueva evidencia disponible no se haya puesto a disposición antes de hoy, por lo que cualquier posible perjuicio para la acusación de un aplazamiento se ve empequeñecido por el derecho constitucional del acusado a defenderse», dijo Nichols a través de sus abogados. Al momento se le acusa de violencia física, obstrucción y otros cargos.
El juez de distrito, Royce Lamberth, nombrado por Reagan para supervisar el caso, aún no se ha pronunciado al respecto.
Solicitud denegada
Otra acusada, Sara Carpenter, vio denegada su petición de aplazar su juicio a la luz de los últimos acontecimientos.
El juez de distrito, James Boasberg, designado por Obama para supervisar el caso, rechazó la petición en una audiencia celebrada el 3 de marzo.
Los abogados de Carpenter habían argumentado que la vigilancia revelada por el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (R-Calif.), «es muy superior a la revelada anteriormente por el gobierno y a la que se sabía que existía» y que, aunque el Gobierno había revelado algunas imágenes, «sigue habiendo vacíos temporales en las imágenes proporcionadas hasta ahora entre los momentos en que se muestra a la Sra. Carpenter entrando y saliendo del Capitolio».
El gobierno afirmó que las prórrogas del juicio no deberían concederse «sobre la base de la alegación no fundamentada de que la información pertinente puede existir en algún lugar, pero no es conocida actualmente ni por la acusación ni por la defensa.»
Boasberg dijo que Carpenter no demostró que las imágenes no divulgadas anteriormente fueran exculpatorias, informó Politico. Según el juez, permitir un retraso para los acusados podría «descarrilar docenas de juicios que están fijados en los próximos meses».
Carpenter fue acusada de tres cargos, entre ellos entrar o permanecer a sabiendas en un edificio o recinto restringido sin autorización legal.
«No tengo mis evidencias»
Rachel Powell, otra acusada del 6 de enero, que se enfrenta a más de media docena de cargos, dijo que no ha recibido las evidencias más cruciales para su caso.
McCarthy había dicho a los periodistas que los acusados ya tuvieron acceso a las grabaciones.
«Soy una acusada del J6 y no he recibido mis evidencias a pesar de que han pasado más de dos años», dijo Powell a The Epoch Times por correo electrónico. «Así que cuando McCarthy dice que los acusados del 6 de enero han tenido acceso a las evidencias, se equivoca y posiblemente miente».
Ella estaba elaborando una moción para retrasar su juicio.
William Shipley, abogado que representa a varios acusados, dijo en Twitter que los abogados tienen acceso a miles de horas de grabaciones, pero que la base de datos del Departamento de Justicia (DOJ) no incluye las grabaciones que el Congreso no entregó a la agencia.
«Si el Congreso […] hubiera retenido el vídeo, entonces el DOJ no lo tendría para incluirlo en la base de datos», dijo. «No es posible decir definitivamente ahora mismo que los abogados de la defensa tenían —de hecho— todos los vídeos que Tucker/Fox está mostrando. McCarthy dice que le dio todo a Fox. Eso podría incluir vídeos no entregados al DOJ».
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