La Guardia Civil española desarticuló una red acusada de estafar con ataques informáticos unos cinco millones de euros (unos 5.4 millones de dólares) a cerca de centenar de empresas en numerosos países, en una operación con 25 detenidos en España en la que colaboraron cuerpos policiales de más de veinte estados.
Según informó este jueves la Guardia Civil, los ataques se realizaban principalmente desde Lagos (Nigeria), aunque también desde Estados Unidos, Países Bajos, Irlanda y Reino Unido, por distintos métodos con los que los estafadores se colaban en correos electrónicos de empresas con sus clientes para engañar a ambas partes y desviar pagos hacia sus cuentas.
La Guardia Civil pudo acreditar un fraude de más de dos millones de euros a 23 empresas de 16 países, aunque calcula que el total estafado asciende a cinco millones de euros y las compañías afectadas son unas cien, según un comunicado de este cuerpo policial.
Las estafas estaban dirigidas a empresas «altamente solventes» y se localizaron perjudicados en Alemania, Australia, Brasil, Chipre, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Italia, Japón, Polonia, Portugal, Rumanía, Suiza, Turquía y Vietnam.
Los detenidos están acusados de estafa tecnológica, blanqueo de capitales, descubrimiento y revelación de secretos, falsificación de documentos, usurpación de identidad, alzamiento de bienes, delitos contra la Hacienda pública, de insolvencia punible y constitución de organización criminal.
En la operación dirigida por un juzgado de Alicante (este) la Guardia Civil incautó en domicilios y locales comerciales de distintas localidades españolas numerosos dispositivos informáticos y de telecomunicaciones, 54 tarjetas de crédito, documentación y 42,700 euros, entre dinero en efectivo y el bloqueado en cuentas de la banda.
Además de bloquear 137 cuentas bancarias de unas 400 que fueron investigadas.
Las cuentas bancarias estaban a nombre de particulares y de empresas creadas expresamente o que estaban en una mala situación económica y eran captadas para este fin, de acuerdo al comunicado.
La organización contrataba «mulas», personas que abrían cuentas o cedían las suyas para recibir y transferir dinero procedente del fraude, y usaba una red virtual privada con conexión cifrada para dificultar su localización, según la Guardia Civil.
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