La Policía española ha desmantelado una organización criminal asentada en Perú y España que logró estafar 3 millones de euros (unos 3.15 millones de dólares) a través de fraudes telefónicos con el método ‘vishing’, en una operación que se ha saldado con 83 detenidos en ambos países y la identificación de 10,000 víctimas.
Treinta y cinco personas han sido arrestadas en Madrid y otras ciudades españolas, encargadas de realizar retiradas de efectivo y blanquear el dinero estafado, y otras 48 en Perú, cuya labor en el grupo criminal era ejecutar las propias estafas, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en una nota.
En el dispositivo, realizado de forma conjunta con la Policía Nacional de Perú y la Agregaduría de Interior en ese país, se han llevado a cabo 29 registros en ambos países en los que se ha intervenido dinero, teléfonos móviles, dispositivos informáticos y abundante documentación relativa a las estafas.
También se han desmantelado tres centros de llamadas en los que sorprendieron en el acto a 50 trabajadores del entramado criminal, en la primera operación contra el ‘vishing’ a gran escala en España.
Modus operandi
Después de robar los datos personales de las víctimas, en su mayoría personas mayores, los miembros de la organización, que trabajaban desde centros telefónicos, realizaban miles de llamadas diarias en las que se hacían pasar por empleados de entidades bancarias.
Los datos bancarios se obtenían a través de información conseguida en bases de datos. De esta forma, el grupo criminal enmascaraba los números de teléfono -una técnica denominada ‘spoofing’- y conseguía que en la pantalla de las víctimas apareciera el nombre y el número oficial de atención al cliente de la entidad bancaria a la que pertenecían.
El motivo de las llamadas, realizadas desde tres centros ubicados en Perú, era alertar a las víctimas de un supuesto cargo fraudulento por el que había sido bloqueada la cuenta por seguridad. Para revertir la situación, los falsos empleados bancarios les guiaban en los pasos necesarios a realizar a través de las aplicaciones.
Así, lograban que los usuarios de las entidades bancarias les facilitaran un código de seguridad con el que se solucionaría el problema, que en realidad era rebotado a otros miembros de la organización ubicados en España que deambulaban a pie de calle por zonas con varias sucursales bancarias.
Con los datos bancarios y el código proporcionado por la víctima, la célula española realizaban extracciones de dinero, de entre 100 y 200 euros.
Entre el 20 y el 30 % de la suma se lo quedaban quienes ejecutaban las disposiciones bancarias en España, mientras que el resto se transfería a Perú por medio de empresas dedicadas al envío de efectivo.
Los detenidos en España se repartían por diferentes ciudades para dificultar cualquier investigación policial y utilizaban claves secretas con los centros de llamadas para informarles de las entidades a la vista mediante códigos de colores asociados a cada una de las sucursales.
A los arrestados se les imputan delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
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