California acordó destinar al menos 2000 millones de dólares para ayudar a los estudiantes desfavorecidos que se quedaron rezagados en su aprendizaje durante los cierres por COVID-19, según un reciente acuerdo legal.
En 2020, unas familias de Los Ángeles y Oakland demandaron al Departamento de Educación de California (CDE) mientras los alumnos de las escuelas públicas seguían aprendiendo a distancia. La demanda fue presentada por el bufete de abogados sin fines de lucro Public Counsel. En ella se alega que los cierres «prolongados» de las escuelas de California «exponen desigualdades profundamente arraigadas» en el sistema educativo del estado. Especialmente a los niños de familias con menos ingresos de comunidades negras y latinas.
Mark Rosenbaum, consejero especial senior de Public Counsel para litigios estratégicos, dijo que el acuerdo era uno de los mayores en materia de educación en la historia de EE. UU. y una victoria para la comunidad.
«La visión urgente de este acuerdo histórico no es solo recuperar las pérdidas académicas sufridas por los estudiantes más desfavorecidos de California, sino borrar por completo las diferencias de oportunidades exacerbadas por la pandemia», afirmó el Sr. Rosenbaum.
«Esta es una victoria de la asociación de estudiantes, cuidadores y organizaciones comunitarias con el liderazgo de California que reconoce que la oportunidad educativa es el mayor recurso natural del estado», añadió el consejero.
Como parte del acuerdo, el CDE aceptó proponer una ley que permita destinar fondos a organizaciones comunitarias con un historial demostrado en mejora del éxito de los estudiantes. Los programas deben atender a estudiantes identificados mediante un proceso basado en datos, que incorpore el rendimiento académico en matemáticas y lengua inglesa.
A partir de ahora, los distritos escolares recibirán fondos proporcionalmente a sus respectivas matrículas de poblaciones de altas necesidades, como los estudiantes de bajos ingresos. Los legisladores estatales también darán instrucciones a las escuelas y distritos para que destinen parte de los 2000 millones de dólares a intervenciones que hayan tenido éxito, como la tutoría en la escuela.
Sin embargo, no es un acuerdo cerrado. La ley propuesta aún debe ser aprobada por la legislatura estatal. Si no se aprueba, o si California no gasta los 2000 millones de dólares necesarios, los demandantes, representados por Public Counsel y Morrison Foerster, tienen derecho a volver a la corte.
Batalla legal en curso
El caso, Cayla J. vs. El Estado de California, presentado originalmente en 2020, argumentó que los funcionarios estatales cometieron un error en la transición al aprendizaje remoto luego de los prolongados cierres, no logrando mitigar la pérdida de aprendizaje de la mayoría de los estudiantes. Quince estudiantes de Oakland y Los Ángeles y un par de organizaciones comunitarias originalmente presentaron el caso contra el superintendente estatal, la junta estatal y el CDE.
Los demandantes afirmaron que solo recibieron unos pocos días de enseñanza en vivo después de que sus escuelas cerraron en la primavera de 2020. Para el otoño, los días escolares consistían en menos de dos horas de instrucción, divididas en la mañana y la tarde, indica la demanda. El acceso limitado a Internet de alta velocidad y a equipos como computadoras portátiles significó que, para muchos, hubo muy poca escolarización durante esos meses.
Nuevos datos del Education Recovery Scorecard, una asociación de investigación entre científicos sociales de Harvard y Stanford, revelaron que los efectos causados por estar sin un aprendizaje escolar estructurado durante un prolongado período de tiempo fueron devastadores para los estudiantes. Incluso años después de que se levantaron los bloqueos y se recuperó de alguna manera la normalidad, muchos estudiantes de California todavía están muy por detrás del nivel necesario para pasar las evaluaciones de matemáticas y lectura.
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