El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el 10 de octubre un proyecto de ley destinado a aumentar el internamiento involuntario de quienes necesitan tratamiento de salud mental, pero no quieren o no pueden buscarlo por sí mismos.
«California está llevando a cabo una importante revisión de nuestro sistema de salud mental. La crisis de la salud mental nos afecta a todos, y las personas que necesitan más ayuda han sido pasadas por alto con demasiada frecuencia», dijo el Sr. Newsom en un comunicado de prensa anunciando la firma. «Estamos trabajando para garantizar que nadie caiga en el olvido y que las personas reciban la ayuda que necesitan y el respeto que merecen».
El proyecto de ley 43 del Senado, cuya autora es la senadora Susan Talamantes Eggman (D-Stockton), amplía la definición actual de las personas consideradas «gravemente discapacitadas» para incluir a las que padecen un trastorno por abuso de sustancias o problemas de salud mental y experimentan o corren un riesgo considerable de sufrir daños.
Las definiciones anteriores —que no especificaban el abuso de sustancias como condición para la tutela— se convirtieron en ley de California en 1972.
«Como muchas cosas que llevan mucho tiempo, hace tiempo que ha llegado el momento de hacer algunos ajustes a la ley para abordar las realidades que vemos hoy en nuestras calles», declaró la Sra. Eggman en el comunicado de prensa. «El SB 43 mantiene las sólidas protecciones del debido proceso previstas… a la vez que amplía los criterios para tomar la determinación de ‘gravemente discapacitado’, de modo que los enfermos más graves puedan obtener la ayuda que necesitan y la dignidad que merecen».
A partir de ahora, los familiares podrán solicitar la supervisión de sus seres queridos en peligro. Si se considera apropiado, las audiencias de tutela se llevarán a cabo en las cortes locales, con representación a disposición de los interesados.
Cuando se concede, la tutela permite a los familiares y a los funcionarios internar involuntariamente para tratamiento médico a una persona que es incapaz de cuidar de sí misma.
La nueva ley hace elegibles para la tutela a aquellos incapaces de proporcionar alimentos, ropa y refugio necesarios para su seguridad personal debido a la adicción a las drogas o a problemas de salud mental.
«Nuestro modelo actual está dejando a demasiadas personas que sufren trastornos psicóticos significativos en situaciones increíblemente inseguras, que conducen a lesiones graves, encarcelamiento, falta de vivienda o muerte», dijo la Sra. Eggman en el análisis del Comité Judicial del Senado. «Aunque bienintencionados, los criterios anticuados (…) ya no funcionan para las necesidades actuales y han contribuido al encarcelamiento masivo de los enfermos mentales. Este proyecto de ley ayudará a proporcionar dignidad y tratamiento a quienes es más difícil llegar».
Para que las autoridades soliciten la tutela, debe demostrarse la existencia de «daños graves», definidos como «deterioro, debilitamiento o enfermedad significativos debidos a la incapacidad de la persona para satisfacer la necesidad de alimentación, asistir a los cuidados médicos personales necesarios, utilizar un alojamiento adecuado, estar apropiada o adecuadamente vestida o atender a su autoprotección o seguridad».
El riesgo de daño puede probarse si un individuo ha sufrido previamente efectos adversos y su estado está empeorando, o si es incapaz de comprender su enfermedad.
Según la nueva ley, el Departamento de Servicios Sanitarios del estado deberá recopilar y publicar informes anuales a partir de 2025 en los que se detalle la prevalencia de la curatela, el número de individuos internados y cuántas veces se internó a la misma persona.
Con una larga lista de partidarios y detractores en los análisis legislativos, los asesores señalaron que es necesario un cambio.
Los defensores argumentaron que la nueva ley ofrecerá más oportunidades a quienes buscan asistencia para sus seres queridos.
«El proyecto de ley 43 del Senado es esencial tanto para quienes viven con enfermedades mentales graves como para sus familias, ya que facilita la provisión de tratamiento de salud mental a las personas incapaces de cuidar de sí mismas», afirmó Jessica Cruz, directora ejecutiva de la organización sin ánimo de lucro Alianza Nacional de Enfermedades Mentales, en el comunicado de prensa del gobernador.
Los profesionales médicos coincidieron en que el proyecto de ley será beneficioso al ofrecer tratamiento a quienes corren el riesgo de sufrir daños.
«Los tratamientos para las enfermedades mentales pueden ser maravillosamente eficaces, pero nuestras leyes a menudo nos impiden proporcionárselos a personas que corren un riesgo mortal en nuestras calles. La SB 43 nos ayudará a proporcionar una atención que puede salvar vidas», afirmó el Dr. Ron Thurston, presidente de la Alianza de Médicos Psiquiatras de California, un grupo de defensa con sede en Sacramento.
Los críticos argumentaron que las libertades personales están en juego debido a las nuevas directrices de internamiento involuntario.
«Según los criterios propuestos en este proyecto de ley, no sería necesario demostrar que una persona carece de capacidad para tomar decisiones por sí misma, o que corre un riesgo inminente de hacerse daño a sí misma o a los demás», afirmó en los análisis legislativos la Asociación de Directores de Salud Mental de los Condados de California —un grupo de defensa sin ánimo de lucro que representa a los directores de los 58 condados del estado. «Esto constituiría una enorme y grosera extralimitación del poder del estado».
El grupo también expresó su preocupación por la financiación, sugiriendo que las jurisdicciones locales podrían verse obligadas a pagar algunos costes.
«Si los tribunales ordenaran un tratamiento involuntario [para el trastorno por abuso de sustancias], no estarían sujetos a lo que cubriría Medi-Cal u otros pagadores de seguros, lo que dejaría a los condados con un importante mandato sin financiación», escribió la asociación de salud conductual. «Esta falta estructural de reembolso, a través de nuestros principales pagadores de seguros públicos y privados, ha conducido directamente a la escasez de capacidad de tratamiento residencial y hospitalario [del trastorno por abuso de sustancias]».
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