Un proyecto de ley que pretende hacer ilegales las relaciones sexuales con un menor de edad y convertirlo en un delito que requiere el registro de delincuentes sexuales, está a un paso de convertirse en ley después de pasar el Senado el 22 de mayo en una votación de 34-3.
Las distinciones legales entre el sexo consentido y no consentido con un menor en la ley estatal existente son la raíz de la cuestión que el proyecto de ley pretende abordar.
El proyecto de ley 1128 del Senado, cuyo autor es el senador Anthony Portantino, exigiría que las personas mayores que su víctima en 10 años y condenadas por relaciones sexuales ilícitas con un menor sean clasificadas como delincuentes de primer nivel y que su nombre figure en el registro de delincuentes sexuales durante 10 años.
El autor dijo que el objetivo de su propuesta será, además, arreglar una laguna en la ley existente en la que el sexo consentido con un menor, si es condenado por ello, requiere el registro de delincuentes sexuales, mientras que el sexo no consentido no.
«Es inexplicable que el sexo consentido con un menor pueda causar que alguien sea inscrito en el registro mientras que el sexo ilegal no… [y] este proyecto de ley cambiará eso», dijo Portantino a The Epoch Times. «Si tienes 10 años más y mantienes relaciones sexuales ilegales, debes ser inscrito en el registro».
El objetivo es ayudar a proteger a los niños de todo el estado de convertirse en una víctima del tráfico sexual y responsabilizar a los delincuentes, dijo.
Según datos del Departamento de Justicia de California, las víctimas de la trata de seres humanos son sobre todo chicas jóvenes y mujeres, en torno al 99.4 por ciento de los casos.
Los partidarios del proyecto de ley señalaron las estadísticas que muestran que el tráfico sexual representa el 89 por ciento de todos los casos de trata de personas en California, según el Instituto de Política Pública de California, como una señal de que hay que hacer más para abordar el problema.
«Como sociedad, debemos proteger a los jóvenes vulnerables y responsabilizar a quienes les hacen daño», dijo la Asociación de Fiscales de Distrito de California en el análisis legislativo. «La SB 1128 (…) reforzaría nuestras leyes y responsabilizaría a los delincuentes sexuales que atacan a menores».
Los opositores dijeron que la medida es demasiado amplia y causaría que algunos sean colocados injustamente en el registro de delincuentes sexuales.
«Mientras que la ley actual reconoce que los casos de sexo ilegal con un menor varían ampliamente en sus circunstancias y daño potencial, y por lo tanto proporciona flexibilidad en la acusación, el SB 1128 ignora esas circunstancias variables y aplica la medida del registro de delincuentes sexuales a cualquier persona condenada por este delito, independientemente de las circunstancias, y sin importar si el individuo es condenado por un delito grave o un delito menor», dijeron los Abogados de California para la Justicia Penal en los análisis legislativos.
El grupo de justicia penal alega que las personas de entre 18 y 26 años serían las más perjudicadas por el proyecto de ley.
El código penal de California define a todos los delincuentes de 26 años o menos como «jóvenes» porque, según las autoridades, sus cerebros aún se están desarrollando.
«La mayoría de las personas afectadas por el SB 1128 serían jóvenes, ya que son las personas con más probabilidades de entablar relaciones sexuales con menores», afirma el grupo. «Los más propensos a ser procesados (…) son los adultos jóvenes, menores de 26 años, que son delincuentes juveniles, que la ley de California reconoce que están sujetos a muchos de los mismos problemas de desarrollo que los menores de 18 años».
El grupo también sostiene que la lista de registro de delincuentes sexuales —con cerca de 88,000 personas registradas actualmente en todo el estado y que se espera que aumente si se aprueba el proyecto de ley— es ineficaz porque los margina y aísla de empleos y oportunidades de vivienda.
«El registro de delincuentes sexuales, incluso en el caso de delincuentes sexuales graves, tiene un historial problemático y no se ha demostrado que beneficie ni al delincuente ni a la comunidad», afirma el grupo. «Añadir el registro de delincuentes sexuales no aportaría ningún beneficio, causaría un gran daño a los jóvenes y sería enormemente caro».
Los críticos también señalan los comentarios realizados por la Junta de Gestión de Delincuentes Sexuales de California como prueba de que los jóvenes son vulnerables a ejercer un juicio pobre y a tomar decisiones relacionadas con la actividad sexual que podrían hacerles enfrentarse a duros castigos y consecuencias si el proyecto se convirtiera en ley.
También destacaron las tasas de reincidencia de sólo alrededor del 3 por ciento para los delincuentes sexuales jóvenes.
«Los métodos habituales de supervisión y tratamiento utilizados con delincuentes sexuales adultos son, en su mayoría, inadecuados y potencialmente perjudiciales para los jóvenes», afirma en su página web la Junta de Delincuentes Sexuales del estado. «La Junta recomienda encarecidamente que los jóvenes que han delinquido sexualmente tengan servicios especializados para sus necesidades».
California fue el primer estado del país en exigir el registro de delincuentes sexuales —a partir de 1947— para disuadir a los registrados de reincidir, proporcionar a las fuerzas del orden información relevante y herramientas de investigación, y proteger al público.
Los delincuentes inscritos en el registro deben inscribirse anualmente en un plazo de cinco días a partir de la fecha de su cumpleaños, y las fotos, la ubicación y los datos del delito deben estar a disposición del público.
Tras haber sido aprobado por el Senado con apoyo bipartidista —con el voto en contra de tres demócratas, entre ellos los senadores Nancy Skinner, Scott Wiener y Susan Talamante Eggman—, el proyecto de ley será examinado por los respectivos comités de la Asamblea en las próximas semanas.
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