California aprobaría proyecto de vivienda en ciudades costeras y zonas de peligro con nuevo proyecto de ley

Por Rudy Blalock
16 de septiembre de 2023 10:57 AM Actualizado: 16 de septiembre de 2023 10:57 AM

La ley de California, desde 2018, permitió un proceso de aprobación simplificado para ciertos proyectos de vivienda asequible y multifamiliar, lo que permite a los desarrolladores eludir las revisiones ambientales oportunas y costosas, la participación pública y recibir una aprobación acelerada por parte de los gobiernos locales.

Firmado por el entonces gobernador Jerry Brown, el proyecto de ley 35 del Senado permite un proceso de aprobación simplificado para dichos proyectos —excluidos los de zonas costeras y zonas de peligro de incendios— en ciudades que no cumplieron los objetivos de vivienda exigidos por el estado.

El proyecto de ley 423 del Senado, cuyo autor es el senador Scott Wiener (demócrata de San Francisco), se encuentra ahora sobre la mesa del gobernador y prorrogará por una década la ley anterior, que expira después del 2025, e incluirá algunas zonas costeras y de peligro de incendios.

«Con las disposiciones reforzadas de racionalización de la SB 35, estamos poniendo a nuestro alcance los ambiciosos objetivos de California en materia de vivienda», declaró Wiener en un comunicado de prensa el 8 de septiembre.

El Sr. Wiener, autor también del anterior proyecto de ley, afirmó en el comunicado de prensa que tales disposiciones de la ley estatal «demostraron ser una de las herramientas más potentes de nuestra caja de herramientas para impulsar el desarrollo de viviendas asequibles», lo que ayudó a desarrollar más de 18,000 unidades de vivienda asequible en los cuatro años transcurridos desde la aprobación de la SB 35.

De acuerdo con los objetivos fijados por el Departamento de Vivienda del Estado, California debe construir 2,5 millones de viviendas nuevas en los próximos ocho años, de las cuales un millón para familias con ingresos bajos o muy bajos.

Con sólo una fracción de viviendas producidas en comparación con los objetivos del estado, el SB 35 vio limitada su eficacia debido a los aumentos de los tipos de interés y de los materiales de construcción en los últimos años, según un análisis del pleno de la Asamblea.

Los requisitos en materia de normas laborales también eran demasiado estrictos, lo que disuadía del desarrollo, según el análisis, que afirmaba que el hecho de que la ley «exigiera esencialmente» una mano de obra exclusivamente sindicada suponía un reto para los contratistas en un estado en el que menos de 10,000 trabajadores de este tipo están «cualificados y formados».

De convertirse en ley, la SB 423 eliminaría este requisito laboral para los proyectos de menos de 85 pies de altura. Para proyectos de mayor envergadura, se permitirían exenciones similares cuando no se disponga de mano de obra cualificada, lo que multiplicaría por diez el número de trabajadores disponibles, según el análisis.

El grupo a favor de la vivienda, California YIMBY, o «Sí en mi patio trasero», que copatrocinó el proyecto de ley, declaró en un comunicado de prensa del 12 de septiembre que ampliará las oportunidades de vivienda en zonas que durante mucho tiempo se opuesieron a nuevos desarrollos residenciales, especialmente las comunidades costeras.

La Conferencia de Carpinteros de California, con sede en Oakland —que aboga por mejores condiciones laborales para sus trabajadores— apoya el proyecto de ley y dijo que «creará enormes oportunidades de trabajo para los actuales miembros del Sindicato y también fomentará oportunidades de organización nunca vistas durante décadas».

Aunque el SB 423 eliminaría la exclusión de las zonas costeras, las áreas identificadas como sensibles desde el punto de vista medioambiental —como las que podrían verse afectadas por la subida del nivel del mar— seguirían estando exentas.

El proyecto de ley también agilizaría la aprobación de proyectos en zonas de riesgo de incendios, identificadas por el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios del estado, siempre que se apliquen las protecciones locales y estatales exigidas para mitigar los incendios, según el reciente análisis del proyecto de ley.

Sin embargo, la Liga de Ciudades de California, una organización sin ánimo de lucro que defiende los intereses de las ciudades de todo el estado, se opuso en una carta enviada en mayo al proyecto de ley junto con otras 108 ciudades, afirmando que tanto éste como la ley vigente crean un enfoque único que perjudica a las jurisdicciones locales.

«El SB 423 es el último proyecto de ley extralimitado. Esta medida redoblaría la reciente tendencia del Estado a anular sus propios planes de vivienda locales obligatorios, obligando a las ciudades a aprobar determinados proyectos de vivienda sin tener en cuenta las necesidades de la comunidad, las oportunidades de revisión ambiental o la opinión pública», afirman en la carta.

Argumentaron que el nuevo proyecto de ley no ayudaría al estado a cumplir sus objetivos de vivienda y pidieron al gobernador y a los legisladores que, en su lugar, reservaran 3000 millones de dólares anuales en el presupuesto del estado para que las ciudades estimulen el desarrollo residencial y disuadan a las personas sin hogar de resolver la crisis de la vivienda.

«California nunca producirá el número de viviendas que necesita con un proceso de aprobación de viviendas cada vez más impulsado por el Estado y basado en el derecho. Lo que realmente se necesita es una inversión estatal sostenible que esté a la altura de esta crisis que lleva décadas gestándose», escribieron.

Las ciudades de Newport Beach, Beverly Hills, Tustin, Palm Desert, San Clemente, Huntington Beach, Thousand Oaks y Apple Valley, entre otras 100, también se opusieron.

Además, otras organizaciones, como la Mission Economic Development Association, una organización sin ánimo de lucro que promueve la equidad económica para las comunidades latinas, argumentaron que el proyecto de ley no hace lo suficiente para garantizar viviendas asequibles y abogaron por enmiendas que ofrezcan requisitos de asequibilidad más altos para satisfacer las necesidades de las familias de bajos ingresos.

También abogaron por otras salvaguardias, como la protección de las zonas en riesgo de desplazar a las familias de bajos ingresos de estos proyectos simplificados.


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