Frente a la firme oposición de los familiares de las víctimas, los grupos encargados de hacer cumplir la ley y los legisladores republicanos, el 27 de junio se aprobó en votación partidista en el Comité de Seguridad Pública de la Asamblea un proyecto de ley que permitiría volver a sentenciar a reclusos condenados a muerte por asesinato.
Presentada con la intención de permitir la puesta en libertad de reclusos ancianos que algunos consideran que ya no suponen un riesgo para la sociedad, los partidarios de la ley afirman que encarcelar a las personas durante décadas carece de humanidad, y la ley pretende aliviar tales preocupaciones.
Sin embargo, algunos representantes de las fuerzas policiales se opusieron rotundamente a la ley, alegando importantes costes para el estado, posibles daños a los familiares y riesgos para las comunidades si se aprobaba la ley.
«Arrastrar a estos asesinos de nuevo a los tribunales será excesivamente caro, inmovilizará los recursos judiciales e infligirá más dolor a sus víctimas», argumentó la Asociación de Fiscales Adjuntos de San Diego en su oposición al proyecto de ley. «Al crear presunciones que favorecen la puesta en libertad de estos asesinos, la SB 94 creará riesgos injustificables para la seguridad pública».
El proyecto de ley, presentado por el senador Dave Cortese (D-San Jose), ofrece una vía de excarcelación a los condenados por asesinato con circunstancias especiales antes de 1990 —también conocido como asesinato capital— clasificación de los delitos considerados atroces por el código penal del estado y castigados con la pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Múltiples amigos y familiares de víctimas de asesinato se alinearon en oposición al proyecto de ley, y también se pronunciaron en contra de la medida fiscales de distrito, departamentos de policía de todo el estado y organizaciones de sheriffs.
Lauren Pettigrew —familiar de una víctima de asesinato— declaró en contra de la propuesta: «El autor tiene la idea equivocada de que los presos envejecen y dejan de cometer delitos violentos. Eso es una fantasía. La maldad no tiene límite de edad».
El hermano de Pettigrew, David, fue asesinado por tres marines durante un robo con allanamiento de morada en 2007, todos los cuales fueron condenados finalmente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Aunque el actual proyecto de ley no se aplicaría a sus asesinos, Pettigrew dijo que cree que el proyecto «es un peldaño para anular esas condenas».
El proyecto de ley que se está estudiando no se aplica a los casos posteriores a 1990 debido a la Proposición 115, aprobada por los votantes de California ese año, que prohíbe a los jueces reducir las condenas por circunstancias especiales.
Las excepciones del proyecto de ley son los condenados por matar a un agente de la paz, por asesinato en primer grado de tres o más personas y por asesinato relacionado con determinados delitos sexuales. Los reclusos también pueden ser excluidos si se demuestra que constituyen un «riesgo irrazonable de peligro».
Los opositores dijeron que las exclusiones son demasiado limitadas, y el vicepresidente del comité, el asambleísta Juan Alanis (R-Modesto) —un agente de las fuerzas de seguridad recientemente jubilado— argumentó que todas las vidas perdidas son iguales.
«¿Qué pasa con las familias de las víctimas? ¿No son tan buenos como el agente de policía asesinado?», preguntó Alanis al autor del proyecto de ley.
También se expresó preocupación por la carga que supone para las familias de las víctimas, ya que muchas nunca se registran para ser notificadas sobre las audiencias de la junta de libertad condicional.
Según un portavoz de la asociación de fiscales de distrito, que testificó en contra del proyecto de ley en la audiencia, dichas notificaciones no serían automáticas, debido a la enorme cantidad de casos posibles.
Tal como está redactado actualmente, si las familias no solicitan que se les notifique, nunca sabrán que al individuo responsable de dañar a su ser querido podría concedérsele una audiencia de libertad condicional, y sin declaraciones de impacto sobre la víctima ni testimonios de oposición, las personas cercanas al asunto afirman que los reclusos tienen más posibilidades de quedar en libertad.
«Veo esto como una revictimización de las familias con nuestro sistema», dijo Alanis. «Creo que sería justo que en el proyecto de ley hubiera algo escrito de que hay que hacer algún tipo de intento de buscar y notificar a estas víctimas».
Los partidarios del proyecto de ley insistieron en que, de aprobarse, la ley exigiría muchos pasos, incluida la petición a un juez de la audiencia para la libertad condicional y la rehabilitación del recluso, y que los posibles presos en libertad condicional estarían sujetos a los mismos programas de créditos previos y a la misma revisión administrativa a la que se enfrentan todos los reclusos antes de poder optar a la libertad condicional.
Los opositores argumentaron que debería darse prioridad a las víctimas sobre los delincuentes.
«Oímos hablar mucho del cambio, y se refiere sólo a los delincuentes porque descarta la consideración de las víctimas», dijo al comité el asambleísta Tom Lackey (R-Palmdale). «Lo que no ha cambiado, y no tiene capacidad de cambiar, es la finalidad de muchos de estos delitos, incluida la muerte. Me parece un desequilibrio en nuestra consideración, y creo que es injusto».
Como legislador con una amplia experiencia en el cumplimiento de la ley, incluida una carrera de 28 años en la Patrulla de Carreteras de California, Lackey reiteró su desaprobación e instó a sus colegas a pensar en las víctimas a la hora de votar.
«Esto es extremo, estamos hablando de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esa era la sentencia», dijo. «¿Qué ha cambiado en el mundo de las víctimas? Diría que muy poco, sobre todo si ya no están vivas».
En respuesta a las preocupaciones, el autor Cortese aseguró a los críticos que, en lugar de excarcelar inmediatamente a los reclusos, el proceso sería largo e infructuoso para muchos de los que lo solicitaran, y dijo que la excarcelación de un recluso sería una «circunstancia poco frecuente».
«Nadie está juzgando que alguien deba ser puesto en libertad. Nadie está juzgando que estas circunstancias atroces y horribles no deban tenerse en cuenta», dijo.
Aunque la medida fue aprobada por el Comité de Seguridad Pública de la Asamblea, lo fue después de pasar por el pleno del Senado 22-12 con la oposición de ambos lados del pasillo. El proyecto de ley será examinado ahora por el Comité de Asignaciones de la Asamblea y, en última instancia, si se aprueba allí, será escuchado en el pleno de la Asamblea.
Con una larga fila de personas levantándose para expresar sus preocupaciones en la audiencia, un legislador señaló que, dadas las consecuencias —con asesinos potencialmente liberados de nuevo en la sociedad— una vez que más personas conozcan la legislación, es probable que la multitud aumente de tamaño.
«Si más gente lo supiera, inundaría los pasillos en señal de oposición», dijo Alanis, vicepresidente de la comisión, a sus colegas.
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