California cuenta ahora con una ley, la primera del país, que exige a las empresas de redes sociales que publiquen en sus plataformas sus políticas sobre «discurso de odio», «desinformación», «acoso» y «extremismo» y que informen los datos relativos al cumplimiento de estas políticas.
Las empresas de redes sociales, a través de su Coalición de Internet y otras asociaciones comerciales, se opusieron enérgicamente a la nueva ley. Se está considerando la posibilidad de recurrir a la corte, dijeron los grupos comerciales.
En el mes de septiembre, el gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó la ley AB 587, denominada Ley de Transparencia y Responsabilidad de las Redes Sociales de 2021, patrocinada por el asambleísta Jesse Gabriel (D-Woodland Hills). «California no se quedará al margen mientras las redes sociales se convierten en armas para difundir el odio y la desinformación que amenazan a nuestras comunidades y a los valores fundacionales como país», dijo Newsom.
«Los californianos merecen saber como estas plataformas están impactando en nuestro discurso público, y esta acción, aporta la tan necesaria transparencia y responsabilidad a las políticas que dan forma al contenido de las redes sociales que consumimos cada día», añadió el gobernador en una declaración.
La nueva ley exige a las empresas de redes sociales que ganan más de 100 millones de dólares al año, a que revelen sus «condiciones de servicio», definidas como un conjunto de políticas que especifican «el comportamiento y las actividades de los usuarios que están permitidas» en sus plataformas, según el texto del proyecto de ley.
Estas empresas deben especificar cómo ellas definen e identifican la incitación al odio y la desinformación, las posibles acciones contra los usuarios que infrinjan estas normativas y la información de contacto para los usuarios que tengan preguntas sobre las políticas.
Ellas también deben desglosar los contenidos marcados y proporcionar información pública sobre los tipos de infracciones y el número de estas. Se debe presentar un informe semestral sobre las condiciones de servicio al fiscal general de California a más tardar el 1 de enero de 2024. Las empresas que no cumplan la normativa están sujetas a una sanción de hasta 15,000 dólares al día por cada infracción.
Los representantes de Facebook, Twitter y Google no respondieron de inmediato a unas preguntas sobre la nueva ley al ser contactados por Epoch Times.
Sin embargo, Meta —la empresa matriz de Facebook e Instagram— ha estado publicando informes trimestrales sobre cómo se aplican sus «normas comunitarias» en las dos plataformas y cuántas infracciones se encuentran en cada área de su política, incluyendo «organizaciones peligrosas: terrorismo y odio organizado», «bienes regulados: drogas y armas de fuego», «peligro para los niños», «desnudez y actividad sexual de adultos» y «cuentas falsas». El último informe se publicó en agosto.
Chamber of Progress, una coalición de la industria que incluye a Google y Meta, dijo el mes pasado que estaba «realmente» considerando impugnar la ley en la corte, indicando que tales mandatos plantean cuestiones de la Primera Enmienda.
«Es como exigir a una librería que informe al gobierno de los libros que lleva, o exigir al medio New York Times que explique las historias que publica», dijo Adam Kovacevich, CEO de la coalición.
Eric Goldman, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Clara, en Silicon Valley, escribió recientemente en un blog que la AB 587 «tiene consecuencias censurables».
«Entre otros problemas», dijo Goldman, «al priorizar ciertas categorías de contenido, el proyecto de ley dice a las plataformas de redes sociales que deben tomar decisiones especiales de publicación en esas categorías para complacer a los reguladores y ejecutores que los vigilan».
«Las distorsiones resultantes de la toma de decisiones editoriales de las plataformas constituyen una censura. Cualquier medida de cumplimiento también será inadmisiblemente intrusiva en las prácticas editoriales de las plataformas de las redes sociales, poniendo a los reguladores en medio del proceso editorial y permitiéndoles cuestionar las decisiones editoriales de las plataformas», dijo Goldman.
La nueva ley fue respaldada por los principales grupos de derechos civiles, incluida la Liga Anti-difamación, que llevó a cabo una campaña en apoyo a la aprobación de la legislación llamada «Stop Hiding Hate».
Jonathan Greenblatt, CEO de la Liga Anti-difamación, dijo que la promulgación de la ley era «una victoria para los defensores de la seguridad en Internet no solo de California, sino de todo el país».
«Desde el principio, [el grupo] ha insistido en que el problema del odio en línea es demasiado grave, y las consecuencias son demasiado graves para quedarse de brazos cruzados», dijo Greenblatt.
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