Las negociaciones entre las agencias estatales y federales tratarán de identificar caminos hacia un sistema de salud universal después de que el gobernador de California, Gavin Newsom, firmara el 8 de octubre un proyecto de ley que establece un grupo de trabajo para facilitar tales discusiones y negociar oportunidades de financiación con el gobierno federal.
El proyecto de ley 770 del Senado, cuyo autor es el senador Scott Wiener ( D-San Francisco), obliga a la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California a solicitar exenciones al gobierno federal -es decir, una petición de permiso para redirigir fondos- para que el estado pueda utilizar fondos federales para reestructurar el sistema de cobertura sanitaria del estado.
«California debe seguir avanzando hacia la cobertura sanitaria universal», dijo Wiener en un comunicado de prensa de junio. «El SB 770 avanza hacia ese objetivo exigiendo al estado que reúna rápidamente información sobre nuestras opciones para asegurar flujos de financiación federal de la atención sanitaria. Esta información será fundamental para construir un marco político para cualquier sistema de salud universal, incluido el de pagador único.»
Un sistema de pagador único consistiría en un seguro médico gestionado por el gobierno, sin la opción de que otras empresas ofrecieran servicios. Sus defensores afirman que reduciría los costes y mejoraría el acceso, mientras que los críticos sostienen que lo más probable es que ocurra lo contrario.
El autor afirma que esta legislación es necesaria debido al aumento de los costes sanitarios y al alto coste de la vida que afecta a los residentes.
«Tras la devastación causada por el COVID-19, y a medida que los costes para los trabajadores se han disparado, la necesidad de proporcionar una asistencia médica asequible a todos los californianos nunca ha sido mayor», dijo Wiener en un comunicado de prensa en marzo al presentar la propuesta. «Este proyecto de ley da pasos tangibles en un calendario concreto hacia la consecución de una asistencia sanitaria universal y más asequible en California».
Bajo la dirección de la Agencia Estatal de Salud y Servicios Humanos, se creará un grupo de trabajo de 17 miembros, ocho de los cuales serán nombrados por el gobernador, cuatro por el presidente de la Asamblea y cuatro por el presidente pro tempore del Senado. El grupo deberá incluir a diversas partes interesadas, como representantes de la atención médica, de los sindicatos y de la patronal.
El grupo de trabajo, que se reunirá trimestralmente, deberá asesorar al gobernador sobre las negociaciones con los reguladores federales y presentar informes trimestrales a los legisladores.
«Este enfoque mantiene la flexibilidad para la Administración y la Legislatura para decidir cómo es que se estructurará el sistema, en última instancia, y permite el compromiso con los grupos de las partes interesadas en cada paso del camino», dijo Wiener.
Newsom creó en 2019 la llamada Comisión California Saludable para Todos para desarrollar un sistema de salud de pagador único. El grupo involucra a las partes interesadas y emite informes a la Legislatura, con uno que describe los costos totales de implementar dicho sistema en aproximadamente $ 500 mil millones.
«Debemos avanzar en el proceso con el fin de evitar los cientos de miles de millones de dólares en costos de atención médica proyectados por la Comisión del Gobernador si no actuamos», dijo.
Los partidarios sugirieron que el proyecto de ley es necesario para calibrar el potencial de asociación con el gobierno federal e identificar fuentes de financiación.
Este proyecto de ley no es un intento de decidir cada cuestión o debate, sino de facilitar los esfuerzos de California para resolver algunas de las cuestiones, así como para obtener claridad sobre la «cuestión de umbral» de la aprobación federal del uso de Medicare, Medicaid y otros dólares federales», Health Access California -un grupo sin ánimo de lucro de defensa del consumidor- escribió en los análisis legislativos. «La capacidad o voluntad del gobierno federal para conceder dicha aprobación determinaría entonces lo que California puede y debe perseguir en sus debates en curso sobre la reforma de la salud».
Determinar un nivel «umbral» -la cantidad que el gobierno federal permite al estado reasignar- permitirá a los legisladores comprender mejor el coste para los contribuyentes, según los partidarios.
Con aproximadamente $ 200 mil millones ya procedentes del gobierno federal para cubrir los planes de atención de salud existentes al año, el estado estará tratando de reasignar esos fondos a un sistema de pagador único-proyectado para costar $ 500 mil millones al año, dejando así a los contribuyentes cubrir por lo menos $ 300 mil millones si el gobierno federal está de acuerdo con las negociaciones, según los analistas.
Un grupo, aunque partidario de un sistema de pagador único, se opuso al proyecto de ley por su planteamiento y su dependencia de un grupo de trabajo para aportar soluciones.
«La Legislatura no debe depender de un grupo de trabajo que no rinda cuentas para garantizar que todos los californianos tengan derecho a una atención sanitaria integral, sino que debe desarrollar y aprobar una legislación para aprobar un programa de pagador único antes de que el desarrollo de una solicitud de exención federal pueda comenzar en serio», declaró la Asociación de Enfermeras de California en los análisis.
Otros opositores, entre ellos profesionales de la salud, aseguradoras y la Cámara de Comercio de California, argumentaron que la nueva ley es demasiado costosa -los analistas estiman que los impuestos para el pagador único aumentarán en 300.000 millones de dólares anuales-, que crea incertidumbre y que podría llevar a que algunas personas perdieran el acceso a sus actuales planes de atención sanitaria.
«El objetivo final es obligar a todos los californianos a abandonar su actual cobertura de salud -incluyendo Medicare, la cobertura basada en el empleador y los planes de la ACA- y entrar en un nuevo sistema no probado gestionado por el gobierno, sin posibilidad de optar por salir o elegir una cobertura privada en su lugar», escribieron los grupos en los análisis legislativos. «Cualquier exención obtenida a través de este proyecto de ley no sería permanente y podría ser desautorizada por el Congreso en cualquier momento, eliminando el 40 por ciento de la financiación del nuevo sistema sanitario. Por último, este proyecto de ley proporciona pocos detalles sobre cómo se lograría la transición a este sistema, cómo se reembolsaría a los proveedores y, en última instancia, podría provocar que los proveedores abandonaran el estado.»
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