El fiscal general de California, Rob Bonta, anunció el 30 de septiembre una demanda en la que alega que el hospital Providence St. Joseph de Eureka —una ciudad situada en el extremo norte de la costa del estado, en el condado de Humboldt— se negó a practicar un aborto de urgencia.
«Con la demanda de hoy, quiero dejar esto claro para todos los californianos: La atención del aborto es asistencia en salud. Usted tiene derecho a acceder a servicios de aborto oportunos y seguros», dijo Bonta en un comunicado de prensa el 30 de septiembre.
Según los documentos judiciales, la paciente Anna Nusslock rompió fuente en febrero cuando estaba embarazada de gemelos de 15 semanas, por lo que su embarazo era inviable y corría riesgo de infección y hemorragia. El fiscal general alegó que el hospital negó el acceso al aborto porque Nusslock se enfrentaba a una «amenaza inmediata para su vida y su salud».
Al parecer, el médico dijo a Nusslock que mientras uno de sus gemelos tuviera un latido detectable, el hospital no le practicaría un aborto.
«Esto es ilegal, está mal y tiene que terminar inmediatamente porque está en juego la vida de las personas y su salud», dijo Bonta durante una conferencia de prensa el 30 de septiembre. «Esta política, no nos equivoquemos, es draconiana, y no tiene cabida en instituciones encargadas de prestar una atención en salud accesible y equitativa».
Al parecer, le dieron un recipiente y una toalla «por si pasaba algo» y le dijeron que condujera hasta el hospital más cercano, en Mad River, a unos 20 minutos de distancia y el único centro en 100 millas a la redonda.
Nusslock declaró sentirse traumatizada por la situación.
«Necesitaba abortar para que mi marido no perdiera a sus dos hijas y a su mujer en una noche», declaró durante la rueda de prensa de Bonta.
El fiscal general alega en la demanda que Providence rechaza a una o dos mujeres al año que necesitan abortar debido a urgencias médicas.
El hospital emitió un comunicado enviado el 1 de octubre a los empleados del norte de California en el que reconocía la gravedad de la situación.
«Estamos desconsolados por la experiencia que vivió esta paciente mientras estuvo a nuestro cuidado y nos pusimos en contacto con ella para expresarle nuestras más sinceras disculpas», declaró Garry Olney, director ejecutivo del área de servicio de Providence en el norte de California. «Esta fue una situación trágica que no cumplió con nuestros altos estándares de atención segura, de calidad y a nivel compasivo».
Olney dijo que la compañía trabajará en la formación y la educación para prevenir un suceso similar.
«Tan devastados como estamos, no podemos empezar a imaginar lo que la paciente y su familia vivieron», dijo Olney. «Aprenderemos de esto y renovaremos nuestro compromiso de garantizar que la atención y la experiencia que ofrecemos se ajusten a nuestros elevados estándares, en todo momento y en todos los entornos de atención».
Bonta argumentó en los documentos judiciales que la ley de California exige que los hospitales autorizados con servicios de urgencias presten la atención necesaria, incluido el aborto, cuando la persona se encuentre en peligro de muerte.
La paciente mencionada en la demanda dijo que habla con la esperanza de que se proteja a otros californianos.
«No quiero que otras personas de mi comunidad sufran el mismo peligro que yo», declaró Nusslock durante la conferencia de prensa del fiscal general.
Tras la sentencia de la Corte Suprema de EE.UU. en el caso Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization en 2022, que puso patas arriba el derecho federal al aborto establecido por el caso Roe contra Wade y devolvió la cuestión a los distintos estados, las autoridades californianas, entre ellas el gobernador Gavin Newsom y Bonta, posicionaron al estado como un santuario para quienes buscan abortar, ya que algunos otros estados promulgan leyes más estrictas sobre el aborto.
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