La pantalla agrietada de un celular o la batería agotada de un iPhone podrían ser más fáciles de arreglar a partir del próximo año en California, tras la aprobación de una nueva ley de derechos del consumidor firmada por el gobernador Gavin Newsom.
El proyecto de ley del Senado (SB) 244, la «Ley del Derecho a Reparar», pretende reducir la basura electrónica y facilitar a cualquier persona la reparación de aparatos electrónicos en talleres independientes, ampliando el acceso a los materiales y la información necesarios para reparar aparatos electrónicos y electrodomésticos.
Newsom firmó el proyecto de ley, cuya autora es la senadora Susan Talamantes Eggman (D-Stockton) el 10 de octubre, convirtiendo a California en el cuarto estado desde el año pasado, después de Nueva York, Colorado y Minnesota, en promulgar una medida de este tipo.
En la actualidad, sólo los fabricantes de aparatos electrónicos o sus técnicos autorizados pueden arreglar los aparatos estropeados, lo que a veces conlleva costes más elevados y largos plazos de reparación. Según Eggman, en lugar de pagar un suplemento o esperar a la reparación, muchos consumidores compran aparatos nuevos, lo que genera más residuos.
La aprobación del gobernador pone fin a seis años de esfuerzos para que la ley llegue a California, dijo Eggman en una declaración en las redes sociales el 11 de octubre. La nueva ley entrará en vigor en julio del 2024.
«Los productos de consumo y los electrodomésticos no parecen fabricarse con la misma calidad que antes y, aunque no podemos obligar necesariamente a ello, vamos a asegurarnos de que haya acceso a las cosas que necesitas para reparar tus productos si algo va mal», publicó la senadora en X, antes Twitter.
Añadió que al menos cuatro componentes clave para reparar aparatos electrónicos no suelen estar al alcance de los consumidores.
Según la Sra. Eggman, entre ellos están las piezas auténticas proporcionadas por el fabricante y, en cuanto a las reparaciones, las herramientas adecuadas necesarias, un manual escrito que explique cómo hacerlas y el software necesario para reiniciar o recalibrar el producto después.
«La falta de uno solo de estos componentes puede hacer que la reparación sea más difícil, menos segura y menos fiable», afirma en el comunicado.
Según la nueva ley, los fabricantes de aparatos electrónicos o electrodomésticos que cuestan entre 50 y 99 dólares al por mayor deben poner a disposición de los propietarios, talleres de reparación y distribuidores de servicios los documentos, piezas y herramientas, incluidas las actualizaciones, en «condiciones justas y razonables» durante al menos tres años a partir de la última fecha de fabricación de un modelo o tipo de producto, independientemente de cualquier garantía.
Los fabricantes de productos electrónicos o electrodomésticos con un precio al por mayor igual o superior a 100 dólares están obligados a ofrecerlos durante al menos siete años, según un análisis legislativo del proyecto de ley.
La nueva ley también incluye una disposición que permite a una ciudad, un condado o el Estado demandar a los fabricantes que la infrinjan a sabiendas. Los organismos gubernamentales pueden reclamar multas civiles desde 1000 dólares al día por la primera infracción, hasta 2000 dólares al día por la segunda, y 5000 dólares al día por infringir la ley una tercera vez o más.
Una enmienda al proyecto de ley, añadida por la Asamblea, establece un plazo de prescripción de tres años para emprender acciones legales contra cualquier infracción.
Apple, el fabricante del iPhone y oponente de la legislación a nivel nacional desde hace tiempo, apoyó formalmente la legislación de California, diciendo a la Sra. Eggman en una carta que protegerá la seguridad de los usuarios individuales.
«Apoyamos la SB 244 porque incluye requisitos que protegen la seguridad de los usuarios individuales, así como la propiedad intelectual de los fabricantes de productos», escribió la empresa en la carta, según Reuters.
La SB 244 incluye una disposición que impide a los fabricantes divulgar secretos comerciales o propiedad intelectual.
La medida fue aprobada por la Asamblea el 12 de septiembre por 65 votos a favor y 1 en contra, con la abstención de 14 miembros, y por unanimidad en el Senado el 30 de mayo por 38 votos a favor y 0 en contra, con la abstención de dos senadores.
Californians Against Waste, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para reducir la contaminación y los residuos, el California Public Interest Research Group e iFixit, una comunidad mundial de reparación en línea, patrocinaron la legislación.
«La revolución tecnológica empezó aquí, en California, así que es apropiado que trabajemos aquí para solucionar los problemas de las grandes tecnológicas», dijo iFixit en un post en X el 11 de octubre.
Nick Lapis, director de defensa de Californians Against Waste, dijo que reemplazar los aparatos electrónicos impacta a las personas de muchas maneras.
«Sustituir aparatos electrónicos y electrodomésticos caros a un ritmo cada vez más acelerado no sólo es una carga financiera para los consumidores, sino que también impulsa la minería y la extracción insostenibles que tienen un tremendo impacto ambiental en toda la cadena de suministro», dijo el Sr. Lapis en una declaración el mismo día en que el proyecto de ley fue promulgado. «Mi esperanza es que, con la aprobación de la SB 244, California fomente un mercado próspero para las empresas de reparación y las ventas de segunda mano que haga de la reparación la norma, no la excepción».
Una coalición de asociaciones que representan a empresas y fabricantes se opuso a la legislación, entre ellas la Asociación de Fabricantes de Electrodomésticos, la Cámara de Comercio de California, la Asociación de Justicia Civil de California, la Coalición de Internet y otras.
La coalición opositora afirmó que el proyecto de ley ponía en peligro a los clientes y sus datos. Los grupos también dijeron que socavaba el negocio de las empresas que forman parte de una red autorizada de fabricantes de equipos originales que toman medidas para evitar componentes falsificados.
Los opositores también afirmaron que el proyecto de ley ahogaría la innovación al poner «la propiedad intelectual ganada con tanto esfuerzo en manos de cientos, si no miles, de nuevas entidades», según una declaración facilitada a la Asamblea Legislativa. «Tampoco aborda los avances en sostenibilidad de los fabricantes de productos electrónicos».
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