Un controvertido proyecto de ley que habría permitido a algunos reclusos condenados a muerte o a cadena perpetua sin libertad condicional ser considerados para su liberación ya no será tratado por la Legislatura de California este año, después de que su autor retirara la medida el 29 de agosto.
El Proyecto de Ley 94 del Senado, presentado por el senador estatal Dave Cortese, habría permitido que algunos reclusos que cumplieron al menos 25 años de condena por delitos cometidos antes del 5 de junio de 1990 pudieran ver reducidas sus penas a discreción judicial.
Algunos legisladores críticos con el proyecto de ley celebraron su desaparición y agradecieron a quienes expresaron su oposición a la propuesta.
«El radical SB 94 era un ataque directo a los derechos de las familias californianas que han sufrido la inimaginable pérdida de un ser querido a manos de criminales violentos», dijo el líder de la minoría en el Senado, Brian Jones, en un comunicado de prensa del 29 de agosto. «Gracias a los californianos por defender la justicia, los derechos de las víctimas y la seguridad pública. Juntos, nos hemos asegurado de que cuando los asesinos violentos arrebatan brutalmente una vida, pierden su derecho a la libertad para siempre».
Jones afirmó que los condenados a cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación deben cumplir íntegramente sus penas.
«Aunque me alivia que esta peligrosa legislación esté finalmente muerta por este año, estamos preparados para continuar la lucha si vuelve a presentarse», dijo.
Otro senador declaró que la voluntad de los miembros del público que se oponían al proyecto de ley ayudó a detener su progreso.
«El resultado de la SB 94 habría sido desastroso para la seguridad pública y los derechos de las víctimas», dijo en el comunicado de prensa del Caucus Republicano la senadora estatal Kelly Seyarto, vicepresidenta del Comité de Seguridad Pública del Senado. «Sabemos que cuando los votantes se unen y exigen ser escuchados, incluso la supermayoría tiene que tomárselo en serio y escuchar la voluntad del pueblo. Eso es lo que hemos visto que ha ocurrido hoy, una victoria del pueblo sobre las peligrosas políticas propuestas».
El autor del proyecto de ley dijo en los análisis legislativos que la medida habría beneficiado a los reclusos clasificados como de bajo riesgo por la herramienta de evaluación de riesgos del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California.
Afirmó que el proyecto de ley no es una tarjeta de salida de la cárcel y que todos los casos se considerarían cuidadosamente antes de conceder la libertad condicional.
«Este proyecto de ley no libera automáticamente a nadie de la cárcel. No garantiza una nueva condena», dijo Cortese. «Este proyecto de ley simplemente crea un proceso para la evaluación judicial de casos que no se han examinado en décadas».
Los partidarios del proyecto de ley dijeron que la nueva sentencia para algunos reclusos podría resultar beneficiosa.
«Hay personas que languidecen en las prisiones estatales y que, si estuvieran hoy en la corte, recibirían una condena más justa», dijo en un análisis legislativo el Centro Ella Baker para los Derechos Humanos, un grupo de defensa de la reforma de la justicia penal y copatrocinador del proyecto de ley.
«Aunque los individuos condenados a [cadena perpetua sin libertad condicional] no tienen camino hacia la libertad condicional hoy en día, muchos han exhibido décadas de comportamiento ejemplar, han participado en una amplia programación positiva, han llegado a comprender los factores que contribuyeron a su encarcelamiento y se han dedicado a convertirse en miembros positivos de la sociedad».
El grupo dijo que los reclusos de edad avanzada que podrían optar a una nueva sentencia merecen que se estudien sus casos.
«Esto significará que personas que merecen una segunda oportunidad no tendrán que morir entre rejas», dijo la organización.
Algunos familiares de víctimas, funcionarios de las fuerzas de seguridad y defensores de la comunidad se opusieron al proyecto de ley porque dijeron que pondría en peligro la seguridad pública y revictimizaría a los amigos y familiares de los asesinados por los reclusos que podrían quedar en libertad.
«Arrastrar a estos asesinos de nuevo a la corte será prohibitivamente caro, inmovilizará los recursos judiciales e infligirá más dolor a sus víctimas», dijo la Asociación de Fiscales Adjuntos de San Diego en los análisis legislativos. «Al crear presunciones que favorecen la liberación de estos asesinos, el SB 94 creará riesgos injustificables para la seguridad pública».
Los críticos del proyecto de ley señalaron numerosos ejemplos de reclusos que habrían sido elegibles para la libertad anticipada si la propuesta se hubiera convertido en ley, entre ellos Richard Philips, que asesinó a dos veteranos de Vietnam, robó sus carteras y les prendió fuego; Jason LeRoy Smith, que cortó las muñecas de un hombre de 88 años y quemó su casa en el condado de Sonoma; y Tim Dale Morris, que golpeó hasta la muerte a un anciano, sordo y con una sola pierna mientras robaba en su casa.
El SB 94 se presentó originalmente en 2023 antes de encontrar resistencia, y se colocó en el archivo inactivo de la Asamblea a finales del año pasado antes de ser resucitado brevemente el 13 de agosto.
Según un legislador, el proyecto de ley languidecía porque los miembros de ambos partidos se oponían a la medida.
«No tenían los votos», declaró a The Epoch Times el 29 de agosto el asambleísta Bill Essayli.
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