Un proyecto de ley que requiere una exención de responsabilidad en Internet y aplicaciones, como Facebook, Instagram, TikTok, y X-antes conocido como Twitter-por portavoces pagados, influenciadores de medios sociales, u organizaciones que involucran a candidatos en el proceso electoral aprobó la Legislatura y fue firmado como ley por el gobernador Gavin Newsom el 1 de septiembre.
«Quiero dar las gracias al gobernador Newsom, a la [Comisión de Prácticas Políticas Justas] y a mis colegas legisladores por reconocer la necesidad de adoptar la transparencia en las campañas con contenidos de Internet», dijo el senador Tom Umberg (D-Santa Ana), autor del proyecto de ley, en una declaración enviada por correo electrónico a The Epoch Times el 9 de septiembre. «Los californianos merecen transparencia en nuestro proceso electoral en todas sus formas: impresa, televisiva y digital».
El proyecto de ley 678 del Senado amplía la Ley de Reforma Política de 1974 -una medida aprobada por los votantes que exige la divulgación de las contribuciones y los gastos de campaña- y pretende ampliar la transparencia en el proceso electoral añadiendo nuevas formas de comunicación, como sitios web, plataformas de medios sociales y aplicaciones.
Toda persona pagada por un comité que publique mensajes de apoyo u oposición a un candidato deberá incluir una cláusula de exención de responsabilidad que indique su afiliación.
Las cláusulas de exención de responsabilidad permitirán a los votantes que se interesen por el contenido comprender mejor el contexto y la motivación de los apoyos políticos o las declaraciones de oposición, según los comentarios del Sr. Umberg en un análisis legislativo realizado por la Comisión de Normas del Senado en junio.
Según Umberg, la falta de información puede inducir a error a los votantes si no se reconoce que los mensajes son de pago.
La nueva ley sugiere un texto similar a «El autor fue pagado por [nombre del comité y número de identificación del comité] en relación con esta publicación».
Esta normativa se aplica a las imágenes, con el tamaño y la claridad del mensaje «fácilmente legibles para el lector medio», y al contenido de audio, que debe incluir descargos de responsabilidad «claramente audibles».
La legislación anterior solo exigía la divulgación a posteriori en los documentos de contribución a la campaña, lo que impedía a los votantes identificar las afiliaciones antes de las elecciones. El proyecto de ley aborda estos problemas exigiendo la divulgación simultánea, según las declaraciones de la comisión de prácticas políticas incluidas en el mismo análisis.
Los comités están obligados a notificar a las personas remuneradas la ley que obliga a la divulgación. La ley excluye las medidas punitivas y señala que las infracciones no están sujetas a sanciones administrativas, civiles o penales.
La ley también ofrece medidas cautelares -en las que una corte ordena el cumplimiento- para obligar a quienes no respondan después de haber sido notificados de una violación.
Existen excepciones al mandato para los contenidos publicados en cuentas controladas por el comité y en sus páginas de destino o sitios web, ya que la legislación vigente ya exige que los comités identifiquen su estatus y número de identificación estatal en los mismos.
Los grupos que apoyan la medida incluyen la Campaña de Dinero Limpio de California, la Causa Común de California, la Comisión de Prácticas Políticas Justas -que la supervisaría- y otros.
«La Liga apoya el derecho de los votantes a saber cómo se financian las campañas», escribió la Liga de Mujeres Votantes de California en apoyo del proyecto de ley. «Los votantes deben saber si los defensores están siendo pagados para entregar un mensaje para que el votante esté en una mejor posición para evaluar la credibilidad de la información transmitida».
En los análisis legislativos no figuraba ningún grupo en contra, y la medida se abrió paso en la Legislatura y en los comités con apoyo bipartidista y sin recibir ningún voto en contra.
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