Con el estado frente a un déficit récord de USD 73 mil millones, mientras que lleva aproximadamente USD 1.6 billones en deuda a través de los gobiernos locales y estatales, la Oficina del Analista Legislativo no partidista advirtió a los legisladores que algunos aspectos de la propuesta de presupuesto del gobernador de California Gavin Newsom son potencialmente inconstitucionales.
En cuestión es un plan para aplicar un pago existente del año fiscal 2023—2024 al año siguiente para el Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de California, más conocido como CalPERS.
«Creemos que la propuesta de redirigir los pagos de 2023-2024 para pagar las contribuciones de los empleadores en 2024-2025 sería esencialmente un pago de suplantación», dijo a The Epoch Times Ann Hollingshead, principal analista fiscal y política de la oficina del analista.
Una enmienda constitucional establecida con la aprobación de la Proposición 2 en 2014 obliga a realizar pagos mínimos anuales de la deuda hasta 2030, con el fin de reducir los pasivos no financiados del estado. La deuda existente en los sistemas de pensiones del estado están cubiertos en parte por los empleados, pero el estado es responsable de la mayor parte de la cantidad adeudada, según lo dispuesto por la ley estatal.
Al sustituir en lugar de complementar el pago exigido, la propuesta «parece inconstitucional», según la oficina de la analista.
«Hay dos requisitos básicos sobre cómo deben gastarse los pagos suplementarios de la deuda», dijo Hollingshead. «Uno, es que tiene que ser superior a la cantidad requerida por la ley, y el segundo es que tiene que complementar en lugar de suplantar la cantidad que el Estado habría pagado de otro modo para el año fiscal o el año fiscal siguiente».
El Departamento de Finanzas del estado sugirió dirigir CalPERS para aplicar los pagos anteriores a reducir las contribuciones requeridas en el año fiscal 2024-2025 lo que ahorraría USD 1.7 mil millones en el año presupuestario actual, con USD 1.3 mil millones en ahorros del fondo general.
Señalando a los mandatos de la Proposición 2, la oficina del analista expresó su preocupación por el plan.
«Nos preocupan en el uso de 2023-2024 los pagos de la deuda», dijo Nick Schroeder, principal analista fiscal y política de la oficina del analista, durante un presupuesto de la Asamblea Subcomité de Administración del Estado audiencia 2 de abril. «En particular, creemos que la propuesta (…) sería una violación de la Proposición 2».
La oficina de la analista propuso tres soluciones alternativas en un informe del 20 de marzo, entre ellas maximizar el ahorro a corto plazo, repartir el ahorro a lo largo de los ejercicios presupuestarios y priorizar el ahorro a largo plazo.
«Probablemente serían constitucionales y tendrían beneficios financieros similares», dijo Schroeder durante la audiencia.
Teniendo en cuenta el déficit presupuestario, los analistas sugirieron que algunas soluciones a corto plazo podrían ser beneficiosas, pero aconsejaron enfoques a largo plazo que en última instancia ahorrarían dinero al estado al reducir los pagos de intereses adeudados.
«Después de que el Estado salga de este período de problemas presupuestarios más agudos, instaríamos a la Legislatura a volver a su política de larga data de maximizar los beneficios a largo plazo asociados con la Propuesta 2», decía el informe de los analistas.
El departamento de finanzas discrepó sobre la cantidad potencialmente ahorrada por la propuesta de pago de pensiones y la profundidad del déficit presupuestario, ya que la oficina informó de un déficit de USD 38,000 millones, algo más de la mitad del total estimado por la oficina del analista.
«Necesitaríamos más detalles para hacer una evaluación completa, pero tal y como entendemos las alternativas, no creemos que el ahorro fuera de una magnitud similar», dijo durante la audiencia Noelle Fa-Kaji, analista presupuestaria del Departamento de Finanzas del Estado.
Sugirió que la cantidad ahorrada por las alternativas del analista estaría más cerca de USD 885 millones en lugar de USD 1300 millones.
Los legisladores señalaron la discrepancia en las opiniones de las dos oficinas y dijeron que se necesita más información.
«Obviamente, es un gran número que sobre el que estamos hablando de que queremos hacer bien, o tenemos que lidiar con un problema muy importante en el camino», dijo el asambleísta Chris Ward, miembro del subcomité, durante la audiencia, mientras que la solicitud de asesoramiento de un abogado legislativo.
Su colega demócrata coincidió.
«Definitivamente creo que necesitamos más información y análisis sobre esto», dijo durante la reunión la presidenta del subcomité, la asambleísta Sharon Quirk-Silva.
El plan presupuestario se actualizará con una revisión de mayo del gobernador prevista para el 14 de mayo y será examinado por los legisladores en las próximas semanas.
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