Gobernador de California promulga ley que prohíbe normas de notificación a los padres

En respuesta, Elon Musk prometió trasladar sus empresas X y SpaceX de California a Texas

Por Brad Jones
17 de julio de 2024 3:19 PM Actualizado: 17 de julio de 2024 3:19 PM

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó el 15 de julio una ley que prohíbe al personal de las escuelas de California informar a los padres sobre los cambios en la identidad de género preferida de sus hijos, sin el consentimiento del estudiante.

La ley, que el gobernador promulgó junto con otras medidas, prohíbe a los distritos escolares exigir a su personal que revele cualquier información relacionada con la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de un alumno a cualquier persona sin el consentimiento del niño. También protege a los profesores y al personal escolar de represalias por no informar a los padres.

El martes, Elon Musk prometió trasladar tanto SpaceX como X fuera de California en respuesta, llamando a esta legislación «la gota que colmó el vaso».

«Debido a esta ley y a muchas otras que la precedieron, que atacan tanto a las familias como a las empresas, SpaceX trasladará su sede de Hawthorne, California, a Starbase, Texas», escribió el Sr. Musk en X.

«Yo dejé claro al gobernador Newsom hace aproximadamente un año que leyes de esta naturaleza obligarían a las familias y empresas a abandonar California para proteger a sus hijos», dijo el empresario.

Más tarde añadió que la sede de X se trasladará de San Francisco a Austin.

Brandon Richards, un portavoz del Sr. Newsom, dijo por correo electrónico que «esta ley ayuda a mantener a los niños seguros, al tiempo que protege el rol fundamental de los padres. Protege la relación entre padres e hijos, impidiendo que los políticos y el personal escolar intervengan indebidamente en asuntos familiares e intenten controlar si las familias tienen conversaciones profundamente personales, cuándo y cómo».

Los defensores del proyecto de ley 1955 de la Asamblea han calificado las políticas de notificación a los padres, como las adoptadas por los distritos escolares Chino Valley Unified y Temecula Valley Unified, de políticas de «divulgación forzada», mientras que los opositores de la ley sostienen que es un «secretismo» que mantiene a los padres en la oscuridad sobre sus hijos.

El asambleísta Chris Ward (D-San Diego) presentó la AB 1955, la Ley de Apoyo a Futuros Académicos y Educadores para la Juventud de Hoy (SAFETY), como un proyecto de ley prioritario para los 13 miembros del Caucus Legislativo LGBTQ de California. La Asamblea votó 60-15 a lo largo de las líneas del partido el mes pasado para aprobar el proyecto de ley.

El Sr. Ward dijo en una declaración que «las discusiones sobre la identidad de género siguen siendo un asunto privado dentro de la familia».

Asambleísta Chris Ward introduce el AB 1955 el 22 de mayo de 2024. (Asambleísta Chris Ward)
Asambleísta Chris Ward introduce el AB 1955 el 22 de mayo de 2024. (Asambleísta Chris Ward)

La senadora estatal, Susan Eggman (D-Stockton), que preside el Caucus Legislativo LGBTQ, dijo en la declaración que la firma del gobernador en el proyecto de ley «reafirma la posición de California como líder y refugio seguro para los jóvenes LGBTQ + en todas partes».

La AB 1955 codifica como ley las orientaciones del Departamento de Educación de California publicadas en forma de Preguntas Frecuentes, que recomiendan que, en situaciones que impliquen un cambio de identidad de género de un niño en la escuela, debe dejarse que sea el niño quien decida si se lo cuenta a sus padres.

El asambleísta Bill Essayli (R-Corona), abogado y exfiscal federal, condenó el proyecto de ley como «inmoral e inconstitucional» en una declaración del 15 de julio, afirmando que pone en peligro a los niños y que será impugnado ante los tribunales.

Como autor de la AB 1314, que habría garantizado que se notificara a los padres si sus hijos cambiaban de identidad de género en la escuela, Essayli señaló que su proyecto de ley fue rechazado en el comité cuando el presidente del Comité de Educación de la Asamblea se negó a fijar una audiencia.

Demandas judiciales

El fiscal general de California, Rob Bonta, demandó al distrito escolar unificado de Chino Valley y obtuvo una medida cautelar parcial en octubre de 2023 que impide al distrito aplicar su política de notificación a los padres.

Mientras tanto, un caso federal, Mirabelli vs. Olson, que involucra a dos maestros que demandaron al Distrito Escolar Unificado de Escondido, está pendiente ante la corte.

El juez federal Roger Benítez concedió una medida cautelar en septiembre de 2023 que impide al distrito castigar a las dos profesoras por negarse a ocultar a sus padres las transiciones de género de los alumnos. Las profesoras, Elizabeth Mirabelli y Lori Ann West, fueron readmitidas después de que el distrito las suspendiera.

Las profesoras Lori Ann West (izq.) y Elizabeth Mirabelli. (Cortesía de Paul Jonna)
Las profesoras Lori Ann West (izq.) y Elizabeth Mirabelli. (Cortesía de Paul Jonna)

El juez dictaminó que las políticas de exclusión de los padres violan sus derechos constitucionales. Describió tales políticas como una «trifecta de perjuicios» que perjudica al alumno, quien necesita orientación parental y posiblemente intervención de salud mental, perjudica a los padres al privarles de tomar decisiones por su hijo, y perjudica a los profesores al obligarles a ocultar información que consideran fundamental para el bienestar de sus alumnos.

Erin Friday, una abogada cuya hija adolescente se identificó una vez como varón, pero que desde entonces ha vuelto a abrazar su cuerpo femenino, declaró a The Epoch Times a través de un mensaje de texto que la AB 1955 socava «el sacrosanto» vínculo entre padres e hijos.

La Sra. Friday dijo que la ley afectará a los padres, que quieren «saber que su propia carne y sangre está sufriendo de disforia de género, una condición de salud mental incluida en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales».

El mismo día en que se promulgó la ley, el Liberty Justice Center, que representa al Distrito Escolar Unificado de Chino Valley y a varios padres californianos con hijos en escuelas públicas, presentó una demanda.

«Las autoridades escolares no tienen derecho a guardar secretos a los padres», afirmó el grupo en un comunicado.

La oficina del fiscal general Bonta no respondió a una solicitud de comentarios antes de la fecha límite de publicación.


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