Se presentó un proyecto de ley en la asamblea legislativa del estado de California para exigir a los proveedores de seguros para propietarios de viviendas e inquilinos dentro del estado que recaben información de los solicitantes de seguros sobre si tienen armas de fuego y cómo se guardan en la propiedad.
El asambleísta Mike Gipson y la senadora estatal Catherine Blakespear, —ambos demócratas— copatrocinan el proyecto de ley. La legislación propuesta, que se presentó como AB 3067 el 16 de febrero, obligaría a las aseguradoras del estado a actualizar sus solicitudes de seguro de propietarios e inquilinos con preguntas sobre el número de armas de fuego que el solicitante tiene en el hogar o en cualquier vehículo guardado en la propiedad.
Además de preguntar a los solicitantes de seguros sobre el número de armas de fuego que tienen, el proyecto de ley también exigiría a las aseguradoras preguntarles si estas armas se almacenan en contenedores cerrados con llave cuando no están en uso.
Si se aprueba, el proyecto de ley exigiría a las aseguradoras que actualicen sus solicitudes y empiecen a hacer estas preguntas sobre posesión y almacenamiento de armas de fuego antes del 1 de enero de 2026, y que a partir de entonces comuniquen la información que recopilen anualmente al Departamento de Seguros de California y a la Legislatura estatal, a partir del 1 de enero de 2027.
El proyecto de ley establece que la información que las aseguradoras compartan con el gobierno de California «no contendrá ningún dato identificativo», como nombres, direcciones y números de teléfono.
California ya cuenta con leyes que exigen el registro de las armas de fuego dentro del estado. Los comerciantes de armas de fuego del estado deben presentar una solicitud de compra, conocida como Dealer Record of Sale (DROS), que el comerciante con licencia proporciona al Departamento de Justicia de California. El sistema DROS sirve como comprobación de antecedentes para las transferencias de armas de fuego y como registro de la propiedad de armas de fuego en el estado.
No está claro qué propósito añadido tiene la AB 3067 al recopilar información anonimizada sobre la propiedad y el almacenamiento de armas de fuego a través de los proveedores de seguros de propietarios e inquilinos. Un formulario DROS recoge información más específica sobre un comprador de armas de fuego, incluyendo el nombre del comprador, dirección, información de contacto, número de identificación estatal o militar, y una descripción física tanto del comprador como del vendedor.
NTD se puso en contacto con Gipson y Blakespear para obtener comentarios sobre la legislación, pero no recibió respuesta al cierre de esta edición.
Tanto Gipson como Blakespear han pedido y patrocinado leyes que regulan la fabricación, venta, compra y tenencia de armas de fuego.
El año pasado, Blakespear presentó un proyecto de ley que exigiría a los propietarios de armas de fuego dentro del estado obtener una póliza de seguro de responsabilidad civil para propietarios, inquilinos o armas de fuego específicas que cubra específicamente cualquier pérdida o daño resultante del uso negligente o accidental de sus armas de fuego con resultado de muerte, lesiones o daños a la propiedad. La ciudad de San José promulgó una ordenanza local que establece un requisito de seguro similar para los propietarios de armas en la ciudad.
El proyecto de ley de Blakespear para establecer un requisito de seguro de responsabilidad por armas de fuego a nivel estatal no se promulgó.
La Firearms Policy Coalition (FPC), un grupo de defensa de los derechos de las armas, caracterizó la AB 3067 como parte de un esfuerzo continuo para convencer a las compañías de seguros de que impongan costes adicionales a la posesión de armas de fuego.
La FPC escribió lo siguiente en un posteo en X, antes Twitter, el 17 de febrero:
«1) Los antiarmas quieren exigir un seguro por poseer un arma, pensando que las compañías cobrarán más a los propietarios de armas 2) Las compañías de seguros siguen sin hacer preguntas sobre las armas porque no afecta a cómo determinan los costes de las pólizas 3) Los antiarmas quieren obligar a las compañías de seguros a hacer preguntas sobre la posesión de armas, esperando que utilicen esa información para cobrar más a los propietarios de armas 4) Las compañías de seguros no cobran más a los propietarios de armas basándose en las preguntas que se ven obligadas a hacer porque no son relevantes para cómo determinan los costes de las pólizas 5) Los antiarmas quieren obligar a las compañías de seguros a hacer preguntas sobre la posesión de armas, pensando que las compañías cobrarán más a los propietarios de armas Los antiarmas quieren obligar a las compañías de seguros a cobrar más a los propietarios de armas».
De NTD
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