Legisladores californianos están estudiando un proyecto de ley que daría preferencia a los afroamericanos que soliciten licencias ocupacionales para oficios y profesiones como la enseñanza, la enfermería, el asesoramiento, la electricidad y otras, especialmente a los descendientes de esclavos.
El asambleísta Mike Gipson, autor del proyecto de ley AB 2862, anunció que el proceso de concesión de licencias en el estado plantea barreras para los afroamericanos que buscan empleo, sobre todo en términos de disparidades salariales y acceso a puestos de liderazgo o dirección.
«Ha habido deficiencias históricas de larga data y barreras internas … [para] los afroamericanos que buscan trabajo profesional, y al dar prioridad a sus solicitudes, estamos cerrando la brecha de las desigualdades profesionales de la falta de representación y de compensación», anunció el Sr. Gipson en un análisis del proyecto de ley.
Bajo la ley actual, solo los veteranos son elegibles para tal priorización.
El Sr. Gipson argumentó en el análisis que si puede concederse tal prioridad a los veteranos, deberían aplicarse normas similares a los solicitantes afroamericanos.
«Si agilizar la concesión de licencias a los veteranos no es discriminatorio, tal vez tampoco lo sea dar prioridad a los solicitantes afroamericanos», afirma. «Tampoco una preferencia para los solicitantes afroamericanos violaría la cláusula de igualdad de protección de la Constitución de California más que la preferencia existente para los veteranos».
Los partidarios del proyecto de ley, entre ellos la Liga Urbana de Sacramento y la Cámara de Comercio Afroamericana de California, anunciaron que la legislación aborda injusticias históricas y «promueve la equidad y ofrece oportunidades de progreso económico dentro de nuestra comunidad».
Sin embargo, sus detractores anuncian que es «inconstitucional» y carece de respaldo legal.
La Pacific Legal Foundation, un bufete de abogados de interés público, argumentó en un comunicado que tanto la Constitución de EE.UU. como la de California garantizan a los ciudadanos la igualdad de protección ante la ley, prohibiendo al gobierno tratar a los ciudadanos de forma diferente en función de su raza, ascendencia u otras categorías protegidas.
El bufete de abogados sugirió que si el proyecto se convirtiera en ley, probablemente no resistiría los desafíos legales, haciendo referencia a la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Students for Fair Admissions contra Harvard del verano pasado. La corte consideró inconstitucional la consideración de la raza del solicitante como factor en las decisiones de admisión.
Argumentaron que, aunque la Constitución permite al gobierno utilizar la raza para remediar casos de discriminación en el pasado, el proyecto de ley no cita ninguna ley específica de California que excluya a los afroamericanos o que se haya redactado con la intención de excluir a los trabajadores que necesitan reparación.
Además, anunciaron que la introducción de la raza como factor en el proceso de concesión de licencias exacerbaría las barreras para muchos californianos que pretenden incorporarse a la población activa, en particular los trabajadores con bajos ingresos, que ya se enfrentan a numerosas dificultades.
El bufete de abogados también señaló que la representación de los grupos minoritarios dentro de las industrias a menudo varía, lo que sugiere que dar prioridad a un grupo sobre otros no abordaría la raíz del problema.
Argumentaron que, si el Estado lo hiciera, debería reducir las barreras a la obtención de licencias para todos los californianos.
El proyecto de ley, que ahora se debatirá en el Comité de Asignaciones de la Asamblea, fue aprobado por el Comité de Negocios y Profesiones de la Asamblea por 13 votos a favor y 2 en contra la semana pasada.
Si finalmente se aprueba, entraría en vigor el 1 de enero de 2029.
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