Un nuevo y controvertido proyecto de ley propuesto en California que utilizaría dinero de los contribuyentes para ayudar a los inmigrantes ilegales condenados por delitos graves y violentos ha sido retirado de una audiencia que había sido programada inicialmente para el 12 de marzo.
La Ley de Representación, Equidad y Protección (REP) para Todos los Inmigrantes —presentada a principios de este mes por el asambleísta demócrata Reggie Jones-Sawyer— se ha enfrentado a crecientes críticas por su petición de eliminar la prohibición actual que impide el uso de fondos de los contribuyentes para servicios legales a cualquier persona, incluidos los inmigrantes ilegales, acusada o condenada por un delito grave o violento.
El texto de la propuesta de ley AB2031 dice: «Este proyecto de ley ampliaría esos servicios de calificación a las personas que tienen la intención de residir en y que tienen un nexo con el estado, y ampliaría el alcance de los servicios para incluir, entre otras cosas, la representación legal y servicios relacionados para la defensa de expulsión».
«La ley existente prohíbe el uso de los fondos de subvención para proporcionar servicios legales a una persona que ha sido condenada por, o que actualmente está apelando una condena por un delito violento o grave. Este proyecto de ley eliminaría esa prohibición del uso de fondos para esas personas».
La aprobación del proyecto de ley sería un paso importante para garantizar la justicia racial para una clase cada vez mayor de personas que ya se enfrentan a la discriminación, según el Sr. Jones-Sawyer.
«Durante todo el tiempo que he estado en la oficina del estado, he trabajado para asegurar que las personas se les da una segunda oportunidad y han defendido los esfuerzos para evitar que las personas sean tratadas como individuos de segunda clase», dijo Jones-Sawyer en un comunicado de prensa.
«La Ley REP para Todos los Inmigrantes garantiza la justicia racial y un acceso verdaderamente equitativo a servicios cruciales de inmigración para todos, no para algunos».
Los fondos para el proyecto de ley provendrían del programa One California, que otorga USD 45 millones en subvenciones cada año para que organizaciones sin fines de lucro presten servicios legales gratuitos a inmigrantes que no pueden pagar un abogado, incluidos aquellos que enfrentan la deportación y también los que solicitan la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, la naturalización y el Estatus de Protección Temporal.
Varios grupos activistas de inmigrantes también expresaron su apoyo a la legislación.
«Defendemos con entusiasmo y orgullo la protección de los derechos humanos, los derechos civiles y la justicia racial para todos los inmigrantes», dijo en un comunicado Camila Álvarez, directora legal del Centro de Recursos Centroamericanos.
«La reciente reintroducción del proyecto de ley REP4All es un avance significativo, y estamos orgullosos de apoyar esta legislación crucial que juega un papel fundamental en la salvaguardia de los inmigrantes de la deportación, garantizando el acceso a la representación legal, y hacer frente a las injusticias raciales en California».
Preocupaciones
Sin embargo, el asambleísta republicano Bill Essayli condenó el proyecto de ley, alegando que incentivaría el comportamiento criminal.
«Políticas como esta [AB2031] son exactamente lo que llevó al asesinato de una estudiante de enfermería en Georgia Laken Riley, la estudiante de la Universidad de Iowa Mollie Tibbetts, la residente de San Francisco Kate Steinle, y America Thayer que fue decapitada por su novio que tenía un extenso historial criminal», dijo Essayli en una declaración del 11 de marzo.
«El estado de California debería ayudar a las fuerzas del orden federales a expulsar a estos delincuentes, no luchar para protegerlos», añadió.
AB2031 había sido programado para ser escuchado en el Comité Judicial de la Asamblea hoy en Sacramento, sin embargo, fue retirado de la audiencia, de acuerdo con el Sr. Essayli.
No está claro cuándo se volverá a programar la audiencia para el proyecto de ley.
Varios intentos de ponerse en contacto con Jones-Sawyer para hacer comentarios no fueron devueltos inmediatamente.
California se enfrenta a una oleada de inmigrantes ilegales sin precedentes, ya que el número de los que entran en el país desde la frontera sur ha aumentado durante tres años consecutivos, de aproximadamente 260,000 en el año fiscal 2021 a 362,000 y 450,000 en los años fiscales 2022 y 2023, respectivamente, según los datos más recientes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).
El número de inmigrantes ilegales que cruzan a California este año fiscal ya ha superado los 203,000, informó la CBP. Según las últimas cifras de la Patrulla Fronteriza, en enero se produjeron 25,000 detenciones de inmigrantes que intentaban entrar ilegalmente en el país en la región de San Diego, lo que supone un aumento del 60 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado.
La abogada de derechos civiles Laura Powell, con sede en California, dijo a The Epoch Times que la legislación solo aumentaría los problemas del estado y es un insulto a los residentes legales que pagan impuestos y cumplen las reglas.
«Es una locura que el estado de California esté proporcionando costosos servicios legales —que no son constitucionalmente requeridos— a personas que ni siquiera son residentes de California en un momento en que estamos experimentando una crisis presupuestaria».
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