Los electores de California aprobaron por un estrecho margen la Proposición 1, lo que significa que el sistema de salud mental y conductual del estado va a sufrir una drástica reestructuración por primera vez en 20 años.
Según Associated Press, el 50.2 por ciento de los votantes aprobó la medida frente al 49.8 por ciento que votó en contra.
Aún así, la votación no se certificará hasta el 12 de abril.
La Proposición 1 se compone de dos proyectos de ley y ha sido muy promocionada por los demócratas bajo el lema «Tratamiento, no tiendas de campaña».
Fue la única medida estatal en la papeleta de California hace dos semanas, cuando los votantes del Estado Dorado acudieron a las urnas el Supermartes.
La medida modifica la Ley de Servicios de Salud Mental para proporcionar servicios adicionales de salud conductual en toda California, según un comunicado de prensa del gobernador Gavin Newsom, quien aprobó la medida en octubre de 2023 y la ha convertido en una prioridad desde entonces.
También aprueba un bono de casi USD 6400 millones para construir más viviendas y centros de tratamiento para personas con trastornos de salud mental, abuso de sustancias y alcohol, incluyendo más de 11,150 nuevas camas de salud mental y alojamiento para 26,700 pacientes ambulatorios, según la oficina de Newsom.
Además, la Proposición 1 impondrá requisitos estrictos a los condados, que ahora estarán obligados a gastar aproximadamente dos tercios del dinero de un impuesto sobre los servicios de salud mental aprobado por los votantes en 2004 en viviendas y programas para personas sin hogar con enfermedades mentales graves o problemas de abuso de sustancias.
Según la oficina de Newsom, la medida también prevé destinar US 1000 millones a atender a los veteranos que sufren problemas de falta de vivienda, salud mental y abuso de sustancias; abordar la escasez de trabajadores de la salud mental; priorizar el tratamiento, no el castigo, de los enfermos mentales encarcelados; y dar prioridad a sacar a la gente de la calle y ponerla en tratamiento.
Entre los partidarios del proyecto de ley se encuentran los Bomberos Profesionales de California, la Asociación de Agencias de Servicios para Veteranos de California y la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales.
Los opositores temen que la propuesta empeore la crisis
El recuento de votos de la Proposición 1 llevó tanto tiempo que Newsom pospuso su discurso anual sobre el estado del estado, previsto inicialmente para el 18 de marzo. El gobernador aún no ha dicho cuándo, o si, tendrá una fecha de alocución.
En una declaración tras la aprobación de la Proposición 1, el demócrata la calificó como «el mayor cambio en décadas en la forma en que California aborda el problema de las personas sin hogar, y una victoria para hacer las cosas radicalmente diferentes».
«Ahora, los condados y los funcionarios locales deben estar a la altura de la ambición de los votantes de California. Esta reforma histórica solo tendrá éxito si todos entramos en acción inmediatamente: el gobierno estatal y los líderes locales, juntos», dijo Newsom.
Aunque los primeros sondeos apuntaban a que la Proposición 1 se aprobaría con facilidad, pronto se hizo evidente que la medida era un tema profundamente divisivo en un estado que ya ha desembolsado miles de millones para hacer frente a la actual crisis de las drogas y que cuenta con casi un tercio de la población sin hogar de Estados Unidos. Aproximadamente 181,000 californianos necesitan una vivienda.
Aunque Newsom había promocionado las reformas de la medida como una forma de «reorientar USD miles de millones de los fondos existentes para dar prioridad a los californianos con mayores necesidades de salud mental, que viven en campamentos o sufren los peores problemas de consumo de sustancias», los opositores han argumentado que la Proposición 1 restará fondos a los centros culturales comunitarios, la atención voluntaria en situaciones de crisis y otros servicios críticos de salud mental y servicios profesionales, a la vez que enfrentará a estos programas con los servicios para las personas sin hogar.
Los opositores, incluida la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Norte de California, argumentan además que la medida dará lugar a un tratamiento forzoso y a la institucionalización en virtud del Tribunal CARE, que permite a los familiares, proveedores de atención médica y otros trabajadores de divulgación pedir a los tribunales estatales que obliguen a las personas con enfermedades mentales graves o trastornos por abuso a aceptar tratamiento.
«Aunque se promociona como una solución a la falta de vivienda, de acuerdo con la Oficina del Analista Legislativo, la Proposición 1 proporcionaría vivienda solo para alrededor del tres por ciento del número total de californianos que están sin vivienda en un día determinado», escribió la ACLU en un comunicado el 16 de febrero.
«Con un enorme coste para los contribuyentes, la Proposición 1 también impondría un nuevo bono de USD 6800 millones para financiar principalmente el tratamiento forzoso y la institucionalización, y no los servicios de salud mental basados en la comunidad y la vivienda» que los californianos necesitan para «evitar intervenciones más costosas, restrictivas, coercitivas y a menudo traumatizantes», dijo la organización de defensa.
Temor a la «institucionalización involuntaria»
Por otra parte, los defensores de los derechos de los discapacitados, citando también las preocupaciones sobre la institucionalización involuntaria, argumentaron en contra de la medida.
Katherine Wolf, estudiante de doctorado con discapacidades físicas y de salud mental, escribió una entrada de blog para el Disability Visibility Project instando a los votantes a rechazar la Proposición 1 a principios de este mes, afirmando que la medida «explota los prejuicios generalizados contra las personas con discapacidades de salud mental para encerrar a las víctimas de la crisis de vivienda asequible de California bajo la apariencia de atención, al tiempo que recorta la financiación de servicios de salud mental eficaces, voluntarios y basados en la comunidad».
«Sustituir los servicios comunitarios voluntarios por la institucionalización involuntaria hace caso omiso de las prácticas basadas en la evidencia en el tratamiento de la salud mental y los trastornos por uso de sustancias (SUD), aumenta la desconfianza en la medicina y facilita la discriminación contra los más marginados entre nosotros», escribió.
Según datos citados por Deadline, Los Ángeles y la zona de la bahía resultaron ser bastiones de apoyo a la Proposición 1, mientras que el condado de Orange y el Inland Empire —una región metropolitana que abarca los condados de Riverside y San Bernardino— se mostraron mayoritariamente en contra de la medida.
La Proposición 1 supone la primera actualización del sistema de salud mental del estado en 20 años.
La aprobación de la medida se produce cuando California se enfrenta a un creciente déficit presupuestario de USD 73,000 millones después de que los ingresos fiscales no cumplieran las expectativas, según la Oficina del Analista Legislativo del estado, que no es partidista.
El 20 de marzo, Newsom, el presidente pro tempore del Senado estatal, Mike McGuire, y el presidente de la Asamblea, Robert Rivas, acordaron soluciones presupuestarias por valor de entre USD 12,000 y USD 18,000 millones para hacer frente a ese déficit, según anunció la oficina del gobernador.
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